La posición del Centro Democrático, que se negaba tajantemente a los acuerdos de paz con las Farc de La Habana y a cualquier tipo de “justicia especial” para los actores del conflicto, pasó de lo radical a lo propositivo. En los próximos días, el uribismo presentará en el Congreso un proyecto de acto legislativo sobre un modelo de justicia transicional para el juzgamiento de civiles y militares que hayan cometido delitos relacionados con el orden público, delitos políticos y conexos.
La reforma constitucional, que cuenta con el aval del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, fue elaborada por el senador Alfredo Rangel, quien considera que no se puede aceptar que desde La Habana, y mucho menos por imposición de las Farc, “se plantee un modelo de justicia que va más allá del marco de la negociación con un grupo terrorista”.
La idea apunta a crear un tribunal nacional de paz que “sesionaría durante 12 años y tendría como función principal, a solicitud de quienes estén siendo procesados o condenados, asumir los procesos judiciales y revisar, en única instancia, las sentencias proferidas por los tribunales ordinarios contra los miembros de la Fuerza Pública, por eventuales delitos cometidos en servicio activo y con ocasión del mismo, a partir del 1° de enero de 1980”.
Según Rangel, este tribunal, a diferencia del planteado en La Habana, no tendrá impunidad. “El que se negoció con las Farc es un monumento a la impunidad. Basta con que cualquier persona que haya estado involucrada en el conflicto armado confiese cualquier delito para que no pague ni un solo día de cárcel. Por el contrario, nosotros planteamos penas mínimas de cinco años y libertad para quienes estén condenados y hayan cumplido la tercera parte de la pena. No es un invento nuestro, hasta Human Rights Watch ha manifestado que el modelo de La Habana no se compadece con la gravedad de los hechos cometidos por las Farc”.
Entre las cifras que manejan en el Centro Democrático, podrían llegar a ser beneficiados cerca de 12 mil miembros de las Fuerzas Militares y de Policía que están vinculados a delitos cometidos en el marco del conflicto, entre ellos, por ejemplo, el general (r) Jaime Humberto Uscátegui, condenado a 37 años de prisión por la masacre de Mapiripán, quien defiende su inocencia y no está dispuesto a someterse al modelo de justicia acordado con las Farc.
La reforma también abriría la posibilidad para que varios de los exfuncionarios del gobierno Uribe, que han sido condenados o están siendo investigados, busquen saldar sus cuentas con la justicia. El artículo 1° propone que los beneficiados serán quienes estén investigados o condenados por hechos relacionados con “delitos políticos y conexos”.
Sin ir muy lejos, está el caso del exministro de Salud Diego Palacio, quien fue condenado en el escándalo de la yidispolítica por haber ofrecido dádivas para que fuera aprobada la reelección del expresidente Uribe. Esta semana se conoció de una carta suya, enviada a la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), mostrando su interés de beneficiarse con la justicia especial para la paz acordada en los diálogos de La Habana. Desde el Gobierno se aclaró que ello no era viable porque el modelo aplica sólo para hechos relacionados con el conflicto, por lo que la contrarreforma del Centro Democrático le vendría como anillo al dedo, pues ésta sí habla de “delitos políticos”.
Ahora, lo cierto es que el uribismo no cuenta con el músculo político suficiente para sacar adelante la iniciativa, menos aún si se tiene en cuenta el recién acogido Pacto por la Paz, del que forman parte los partidos de la U, Liberal, Conservador, Cambio Radical, el MIRA, el Polo, Opción Ciudadana, la Alianza Verde, entre otros. “Esperamos y tenemos confianza en que el Congreso actúe de forma independiente y autónoma, y no se rinda bajo los dictámenes del Ejecutivo”, concluye Rangel.