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El presidente Gustavo Petro y Francia Márquez apenas llevan dos semanas en el poder y ya han tenido que capotear una que otra controversia. En el caso de la vicepresidenta, este miércoles tuvo que hacer frente por primera vez a cuestionamientos desde que asumió su cargo. Las críticas vinieron del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).
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Los cuestionamientos de la organización indígena vinieron por unas declaraciones que hizo Márquez durante su posesión simbólica, evento que se hizo en Suárez, Cauca. En su discurso, la vicepresidenta se comprometió a reglamentar la ley 70 de 1993, que reconoce el derecho de las comunidades negras que están en las zonas ribereñas de la cuenca del Pacífico.
La controversia se dio debido a que esta cuestionó la cantidad de recursos que se destinan para las consultas previas. “No nos vamos a gastar $10.000, $12.000, $15.000 millones en una consulta cuando las comunidades tiene las necesidades”, dijo Francia Márquez. Dicho apartado fue interpretado como un intento de Márquez por demeritar la consulta previa.
Por eso, desde el CRIC enviaron un comunicado cuestionando lo dicho por la vicepresidenta. “Estas afirmaciones constituyen una contradicción con sus posturas políticas y generan escenarios de estigmatización a las comunidades étnicas que en el marco de la defensa de un derecho fundamental, exigen la consulta previa al responsabilizarlas de la carencia de acueductos que permitan que las comunidades del Cauca y el pacífico colombiano disfruten de agua potable”, expresó la unión de más de 100 comunidades indígenas del Cauca.
A renglón seguido, el CRIC le recordó al gobierno que la consulta es un derecho de obligatorio cumplimiento que no puede verse como “un obstáculo”. “Debe ser considerada una fortaleza para la protección de la diversidad cultural, espiritual, territorial y ambiental del país, y se deben buscar los instrumentos por medio de los cuales se avance en el reconocimiento del consentimiento previo, libre e informado”, expresó la organización indígena.
En este mismo sentido, indicaron que esperaban que durante el gobierno Petro, que calificaron como de “transición democrática para la construcción de un nuevo país”, no haya un retroceso en sus derechos. En este mismo punto señalaron que no piensan hacer concesiones: “haremos exigible la realización de los procesos de consulta previa”.
En este mismo sentido, se destacó que se piense destinar más recursos para infraestructura del Cauca, pero se advirtió que “en ningún caso la inversión social se debe subsidiar con los recursos necesarios de la consulta previa”. Para el CRIC, los recursos deben venir de una lucha contra la corrupción.
Desde antes de que se emitiera el comunicado, ya venía creciendo la controversia. Por eso, en un intento de contener daños, la vicepresidenta trinó una aclaración a su comentario: “Reconocemos la importancia de la consulta previa. Nuestro gobierno velará por garantizar este derecho fundamental, a fin de proteger la integridad cultural de los pueblos étnicos”: Esto lo hizo días antes de que se emitiera el comunicado, pero aún así la liga indígena expresó su malestar a lo dicho por la segunda en el Ejecutivo.
