La defensa de Santos a la implementación de los acuerdos

Durante un discurso este viernes desde la Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos defendió la que fue su principal bandera de Gobierno los últimos años: el proceso de paz. Habló de inversión en territorios, adjudicación de baldíos a familias, derechos de las víctimas, desminado, sustitución y erradicación de cultivos de uso ilícito y el trámite en el Congreso de los proyectos relacionados con la implementación.

Santos aseguró que “este año, con el acuerdo firmado, ratificado por el Congreso, y avalado por la Corte Constitucional, hemos iniciado un proceso aún más complejo, más difícil y más largo: La construcción de paz”. También dijo que a pesar de que ha habido “retrasos, demoras y errores (…) los avances son innegables. Menos de un año después de firmado, hemos dado los pasos iniciales indispensables para construir los cimientos de una paz estable y duradera”.

(Lea aquí: Los apretados tiempos de la Jurisdicción Especial de Paz).

El primer tema que mencionó fue el de la inversión en territorios, con proyectos como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Al respecto, aseguró que se han priorizado obras e inversiones en 170 municipios, se han realizado más de 300 reuniones para definir los planes en cada territorio y empezó la ejecución de 112 obras en 51 municipios, por un valor de $22 mil millones. Además, se están ejecutando planes para mejorar 2250 kilómetros en vías terciarias, que suponen una inversión $43 mil millones.

El segundo punto del que habló fue la adjudicación de tierras a campesinos. Según Santos, “en dos años 20481 baldíos han sido adjudicados a familias campesinas pobres, muchas de ellas víctimas del conflicto armado interno. La meta a 2017 son 32 mil, y al 2018 es de 55200 baldíos adjudicados”.

(Le puede interesar: Reforma política, a nado de perro).

Lo siguiente que mencionó fue la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Sobre las víctimas afirmó que ya se ha “reparado administrativamente a cerca de 700 mil víctimas del conflicto”. En cuanto al Programa de Restitución de Tierras, Santos afirmó que se han restituido 219800 hectáreas de tierra a más de 31 mil personas e invertido $67 mil millones en proyectos productivos. 800 mil hectáreas adicionales están en manos de los jueces, listas para fallos. Por último, aseguró que el proyecto de ley estatutaria de la JEP, servirá para garantizar los derechos de las víctimas.

El cuarto punto mencionado por Santos fue el del programa de desminado humanitario, que, de acuerdo al presidente, resulta exitoso en las cifras. La meta de ser un país sin minas en 2021, avanza así: de los 643 municipios que registraban minas en su territorio, ya 175 han sido declarados libres de estos artefactos. Y aseguró que “antes del fin de mi gobierno, habremos limpiado el 50% de todo el territorio”.

El penúltimo de los puntos a los que se refirió fue, quizá, el que más debate ha generado últimamente: el de la sustitución y erradicación de cultivos de uso ilícito. Aunque no se refirió a sucesos como la masacre de campesinos en Tumaco (Nariño) y las protestas de otros campesinos cocaleros que han mostrado su desacuerdo con el programa de erradicación, Santos dijo que esta era “una oportunidad extraordinaria para superar por fin de manera sostenible y definitiva el problema de los cultivos ilícitos”.

(Lea aquí: Según campesinos, Gobierno incumplió en acuerdo de sustitución de cultivos ilícitos).

Al respecto, explicó que, en cuanto a la sustitución voluntaria, ya se han firmado acuerdos con 35 mil familias y, a casi 20 mil, se les ha hecho el primer pago. En total, serían 12 mil las hectáreas sustituidas (de las 50 mil contempladas). Sobre la parte de la erradicación forzada afirmó que ya iban 41 mil hectáreas, lo que supone más del 80 % de la meta de también 50 mil hectáreas.

Por último, habló de las reformas constitucionales y legales “necesarias para la paz”. Dijo que, de estas, van 5 reformas constitucionales, 38 decretos ley y 4 leyes en el congreso y 45 decretos ordinarios. Aun así, y refiriéndose a las dificultades enfrentadas en el tema de la reforma política y en el proyecto de ley estatutaria de la JEP, hizo un llamado al “Congreso y a todos los partidos a que, independientemente de su posición frente al acuerdo, participen de la discusión y contribuyan a sacar adelante esta agenda de reformas”.

Durante un discurso este viernes desde la Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos defendió la que fue su principal bandera de Gobierno los últimos años: el proceso de paz. Habló de inversión en territorios, adjudicación de baldíos a familias, derechos de las víctimas, desminado, sustitución y erradicación de cultivos de uso ilícito y el trámite en el Congreso de los proyectos relacionados con la implementación.

Santos aseguró que “este año, con el acuerdo firmado, ratificado por el Congreso, y avalado por la Corte Constitucional, hemos iniciado un proceso aún más complejo, más difícil y más largo: La construcción de paz”. También dijo que a pesar de que ha habido “retrasos, demoras y errores (…) los avances son innegables. Menos de un año después de firmado, hemos dado los pasos iniciales indispensables para construir los cimientos de una paz estable y duradera”.

(Lea aquí: Los apretados tiempos de la Jurisdicción Especial de Paz).

El primer tema que mencionó fue el de la inversión en territorios, con proyectos como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Al respecto, aseguró que se han priorizado obras e inversiones en 170 municipios, se han realizado más de 300 reuniones para definir los planes en cada territorio y empezó la ejecución de 112 obras en 51 municipios, por un valor de $22 mil millones. Además, se están ejecutando planes para mejorar 2250 kilómetros en vías terciarias, que suponen una inversión $43 mil millones.

El segundo punto del que habló fue la adjudicación de tierras a campesinos. Según Santos, “en dos años 20481 baldíos han sido adjudicados a familias campesinas pobres, muchas de ellas víctimas del conflicto armado interno. La meta a 2017 son 32 mil, y al 2018 es de 55200 baldíos adjudicados”.

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Lo siguiente que mencionó fue la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Sobre las víctimas afirmó que ya se ha “reparado administrativamente a cerca de 700 mil víctimas del conflicto”. En cuanto al Programa de Restitución de Tierras, Santos afirmó que se han restituido 219800 hectáreas de tierra a más de 31 mil personas e invertido $67 mil millones en proyectos productivos. 800 mil hectáreas adicionales están en manos de los jueces, listas para fallos. Por último, aseguró que el proyecto de ley estatutaria de la JEP, servirá para garantizar los derechos de las víctimas.

El cuarto punto mencionado por Santos fue el del programa de desminado humanitario, que, de acuerdo al presidente, resulta exitoso en las cifras. La meta de ser un país sin minas en 2021, avanza así: de los 643 municipios que registraban minas en su territorio, ya 175 han sido declarados libres de estos artefactos. Y aseguró que “antes del fin de mi gobierno, habremos limpiado el 50% de todo el territorio”.

El penúltimo de los puntos a los que se refirió fue, quizá, el que más debate ha generado últimamente: el de la sustitución y erradicación de cultivos de uso ilícito. Aunque no se refirió a sucesos como la masacre de campesinos en Tumaco (Nariño) y las protestas de otros campesinos cocaleros que han mostrado su desacuerdo con el programa de erradicación, Santos dijo que esta era “una oportunidad extraordinaria para superar por fin de manera sostenible y definitiva el problema de los cultivos ilícitos”.

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Al respecto, explicó que, en cuanto a la sustitución voluntaria, ya se han firmado acuerdos con 35 mil familias y, a casi 20 mil, se les ha hecho el primer pago. En total, serían 12 mil las hectáreas sustituidas (de las 50 mil contempladas). Sobre la parte de la erradicación forzada afirmó que ya iban 41 mil hectáreas, lo que supone más del 80 % de la meta de también 50 mil hectáreas.

Por último, habló de las reformas constitucionales y legales “necesarias para la paz”. Dijo que, de estas, van 5 reformas constitucionales, 38 decretos ley y 4 leyes en el congreso y 45 decretos ordinarios. Aun así, y refiriéndose a las dificultades enfrentadas en el tema de la reforma política y en el proyecto de ley estatutaria de la JEP, hizo un llamado al “Congreso y a todos los partidos a que, independientemente de su posición frente al acuerdo, participen de la discusión y contribuyan a sacar adelante esta agenda de reformas”.