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Uno de los principios que rigieron los diálogos de paz de La Habana fue el de “cambiar las balas por los votos”. Una fórmula que recoge la experiencia internacional en resolución de conflictos y su tradición jurídica. La participación política contra la entrega de armas. Aun así, este compromiso está a punto de naufragar en las turbias aguas de la política colombiana. Este martes tendrá que continuar, en la Cámara de Representantes, la discusión de la reforma política. Sólo quedan por debatir tres artículos, de los cuales depende el futuro del Acuerdo de Paz con las Farc.
Por supuesto, el ambiente no es el mejor. El presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, le ha declarado la guerra al proyecto. A tal punto que la semana pasada estuvo cerca de hundirlo, cuando hizo el amague de levantar la sesión para que se desintegrara el quórum y pocos minutos después, a las 12:05, convocó cuando varios congresistas se habían ido. Pero, además, las mayorías del Gobierno son precarias. A la imposibilidad del Ejecutivo para sacar adelante las iniciativas se suman la contrarreloj del calendario electoral y los escasos 30 días que le quedan de vigencia al fast track.
En este sentido, las cuentas están muy apretadas. El 11 de noviembre se abre la inscripción de listas para el Congreso 2018-2022 y ya existen muchas dudas sobre si se alcanza a terminar el trámite del proyecto en el Congreso y sus modificaciones regirán para esta campaña electoral. Algunos abogados aseguran que antes de ese día tendrían que estar claras las reglas del juego; otros ya están pensando en cómo alargar el plazo hasta el 11 de diciembre, cuando se termina el tiempo para las inscripciones. Pero lo que está claro es que, si el Gobierno tuviera un golpe de suerte y se aprobara este mismo martes, al proyecto le quedarían faltando dos debates en Senado y la sesión de conciliación, es decir, en el mejor de los casos —siendo casi un milagro político— su trámite se terminaría en la tercera semana de noviembre.
Para el debate del martes están pendientes de aprobarse los tres artículos más importantes para la implementación del Acuerdo de Paz. Compromisos que estaban consignados en el capítulo de participación política y que se sintetizan en cuatro trasformaciones al sistema electoral: las reglas que rigen los partidos políticos, la accesibilidad a la personería jurídica para movimientos minoritarios, la posibilidad de que grupos ciudadanos y partidos pequeños inscriban listas conjuntas al Congreso, y la financiación pública de las campañas. Sin estas reformas, la llegada de la Farc a la lucha legal por el poder se vería seriamente amenazada y la posibilidad de sellar una coalición de partidos y movimientos para defender el Acuerdo de Paz también.
Con un agravante para la realidad de la insurgencia, ahora desarmada: el trámite de la personería jurídica del partido político en que se convirtieron también está enredado en el Consejo Nacional Electoral. Un sector de magistrados se ha alineado sobre la tesis de que, como la ONU aún no ha extraído la totalidad de las caletas, no habido dejación total de armas por parte de la guerrilla y entonces no podrán participar en las elecciones. Y aunque el argumento es pobre, porque está claro que la responsabilidad de recuperarlas corre por cuenta del Estado y la Misión Especial, la discusión demora la entrega de la personería jurídica y, por tanto, la presentación de sus listas al Congreso.
De alguna manera, para las Farc es claro que el establecimiento en su conjunto le está cerrando las puertas al Acuerdo de Paz, frenando su participación en la vida política. No sólo con la reforma electoral, sino también en otra norma que está “chiringuiando” en el Legislativo y que de no aprobarse daría una estocada mortal a lo pactado en La Habana: la estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz. Y si en la Cámara llueve, en el Senado no escampa. La semana pasada, el Gobierno no tuvo las mayorías necesarias para adelantar el debate.
Las cuentas, mal hechas, dan que tienen 53 votos, y se exige una mayoría calificada que obliga a tener dos tercios de los votos, es decir, algo así como 60, teniendo en cuenta que el Centro Democrático tiene 20 y Cambio Radical nueve. Si a esto se suma que el Partido Conservador tiene 19 senadores y la semana pasada anunció que no acompañará la posibilidad de que los miembros de las Farc participen en las elecciones sin antes haber sido procesados por la JEP, es claro que el Acuerdo de Paz está al borde de quedar hecho trizas.
Así las cosas, esta es una semana definitiva para el futuro de lo acordado entre el Gobierno y las Farc. Los tiempos políticos y electorales definieron que llegó la hora cero para el Acuerdo de La Habana, pero que si no hay participación política de la insurgencia, ni empieza a funcionar el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición no quedará nada de lo prometido a la guerrilla a cambio de que dejara las armas. Esto además de un larguísimo listado de incumplimientos sobre asuntos como el Plan Marco, la Ley de Tierras, las circunscripciones especiales de paz y el proyecto de tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores de coca que viene prendiendo las alarmas en el interior de las filas de la insurgencia. Crecen las deserciones, se fortalecen las disidencias y se enredan las negociaciones con el Eln, el clan del Golfo y el resto de actores armados. Y el primer campanazo de lo que puede pasar fue la desaparición, por unas horas, del Paisa, uno de los comandantes más respetados en el interior de las Farc.