La monstruosidad de la que habla Néstor Humberto Martínez

Néstor Humberto Martínez / Archivo El Espectador

En medio de los enfrentamientos que han surgido frente al contenido de la reforma de equilibrio de poderes, esta semana el superministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, fue protagonista al chocar con la representante Angélica Lozano por una proposición que llevó el alto funcionario a la Cámara, a última hora, con la cual se pretendía dejar en manos de los presidentes de las altas cortes la administración de la rama judicial, Martínez negó esa acusación y aseguró que trató de atajar una monstruosidad que estaba incluida en el articulado de la reforma. Un debate filigrana jurídica donde es claro que hay verdades a medias.

En realidad se trata de dos temas. El primero tiene que ver con la administración de la rama judicial sobre el cual el ministro Martínez llevó la proposición que fue denunciada por la representante Lozano (ver anexo 1). El segundo, que salió a flote cuando en las principales emisoras del país fue cuestionado, tiene que ver con la posibilidad de que abogados litigantes y representantes de la academia puedan participar en las reuniones del Consejo de Gobierno Judicial, entidad que se creará para reemplazar la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (Ver anexo 2 y anexo 3).

En lo referente a la administración judicial, que no es nada más ni nada menos que el manejo del billonario presupuesto para rama, El Espectador consultó varios constitucionalistas que afirmaron que la monstruosidad estaba incluida en la proposición que llevó el ministro Martínez a la Cámara porque dejaba el Consejo de Gobierno Judicial en manos de los tres presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

La fórmula que se estaba debatiendo planteaba que este Consejo de Gobierno estaba compuesto por nueve miembros: los tres presidentes de las altas cortes, un representante de los jueces, otro de los magistrados, el gerente de la rama y tres técnicos expertos en administración judicial. La importancia radica en el nombramiento de los tres técnicos expertos que se planteó que fueran elegidos por un periodo de cuatro años por elección de los magistrados y los representantes de jueces y magistrados. Al tener periodo fijo estos funcionarios tenían independencia, pues no podían ser sacados de sus cargos en caso de un conflicto interno. Además su elección plural evitaba que fueran cuota directa de los presidentes de las cortes.

La propuesta de Martínez era radicalmente diferente y sí dejaba en manos de los presidentes de las altas cortes la administración de la rama. ¿Cómo sucedía eso? La composición de Consejo de Gobierno sería así: los tres presidentes de las cortes, un representante de los jueces, otro de los magistrados. Hasta ahí todo normal, pero los tres expertos serían elegidos por los presidente de las cortes y serían de libre nombramiento y remoción. Parece complejo, pero lo que esto significa es que estos tres miembros serían elegidos a dedo por los presidentes de las cortes, pero además, al ser funcionarios de libre nombramiento y remoción, si no estaban de acuerdo con lo que planteaban sus electores los podían echar de su cargo, reduciendo su independencia a cero. “Esta sí es una monstruosidad”, dijeron los expertos.

Las críticas se dan porque con la reforma se pretende, sin afectar la independencia de la Rama Judicial, que la administración no quede en manos de los magistrados porque esta no es la naturaleza de sus funciones. Es decir que no sea potestad exclusiva de ellos el manejo de la plata. Pero además, estaba comprobada la ineficiencia en el manejo del presupuesto sobre el cual no rendían cuentas y tampoco había posibilidad de investigarlos si había alguna irregularidad. En síntesis, lo que se quiere, y era borrado de un plumazo con la proposición de Martínez, era implementar una administración ejecutiva de la rama ajena a eventuales intereses de los magistrados.

El segundo punto, la monstruosidad a la cual se refirió el ministro Martínez en los medios de comunicación al señalar que “desde el año 91 el gobierno de los jueces está a cargo de la judicatura misma, en ese sentido tengo que reconocer que la propuesta de Angélica Lozano le daba un golpe de estado a la judicatura porque permitía que ciudadanos, con carácter de litigantes, vestidos de Everfit, pudieran llegar a la cúpula de la justicia, es una felonía, eso no tiene presentación y quedó evidenciado” es ajeno a la composición del Consejo de Gobierno Judicial sobre la cual trata la proposición que él llevo.. Pero demás no es nueva.

Revisando el trámite de la reforma, El Espectador estableció que esta existía desde quinto debate que fue en Senado (ver anexo 2), por lo tanto la responsabilidad no es de la representante Angélica Lozano. Además, este texto se mantenía en la ponencia para séptimo debate y no fue incluido a última hora (ver anexo 3) ¿Pero en qué consiste esa participación ajena a la rama judicial? Tan como dice la ponencia busca de los representantes de la academia puedan participar en las reuniones del Consejo de Gobierno Judicial. Más adelante, en los debates quedó claro que estos representantes podrían asistir con voz pero no con voto, lo que no afecta en nada la independencia de la rama, como lo plantea Martínez al calificarlo como una “monstruosidad”.

Finalmente desde la Casa de Nariño, por directriz del presidente Juan Manuel Santos se encontró una fórmula intermedia tanto para la composición del Consejo de Gobierno Judicial como para la participación de personas ajenas a la rama judicial. Los ministros salieron ante las cámaras demostrando que se habían superado las diferencias y la representante Lozano y el ministro Martínez hicieron silenciaron su enfrentamiento.

No obstante el ambiente se mantiene enrarecido, pues la proposición que radicó el ministro Martínez se dio luego de un encuentro con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Leónidas Bustos, férreo opositor de la reforma de equilibrio de poderes.

Coincidencialmente, de acuerdo con la norma, el Fiscal General de la Nación es escogido por los presidentes de las altas cortes, quienes eran los principales favorecidos con la propuesta del ‘superministro’, pues es el que más suena para ser postulado por el presidente Santos para reemplazar al fiscal Eduardo Montealegre. Martínez ha negado tajantemente cualquier interés en la propuesta diferente a sacar la mejor reforma para el país, pero en diálogo con La W Radio manifestó que si se lo ofrecen lo pensaría. El ambiente está enrarecido.