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La renuncia de Carlos Camargo como defensor del Pueblo adelantó las previsiones sobre quién lo sucederá en el cargo. La decisión oficial será tomada el próximo agosto, cuando la Cámara de Representantes elija una persona de la terna entregada por el presidente Gustavo Petro. Por el momento, Julio Luis Balanta Mina, el actual vicedefensor y el delegado para Asuntos Étnicos, estará en el puesto.
En el sonajero para el reemplazo de Camargo estaría María Fernanda Rangel, quien ocupa el cargo de defensora delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género. Se graduó como abogada y tiene dos especializaciones, una en Gestión Pública e Instituciones Administrativas y otra en Contratación Estatal, así como una maestría en Gobierno y Administración Pública. Rangel ya había ocupado puestos en la Contraloría General como directora de Información, Análisis y Reacción Inmediata durante el periodo del excontralor Felipe Córdoba; en los Ministerios de Interior y Justicia como secretaria general; y en la Fiscalía General como asesora.
Los dos otros nombres serían posiblemente el abogado Mauricio Pava, abogado del mandatario y quien ha dicho que no le interesa llegar a encabezar la Defensoría; y Daniel Prado Albarracín, exabogado de Petro y exmilitante del M-19. Este último fue también parte del equipo de defensa de las víctimas del grupo “Los 12 apóstoles”.
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De acuerdo con la Ley 24 de 1992, el defensor del Pueblo es elegido para un período de cuatro años y la terna tiene que ser presentada por el jefe de Estado “en los primeros quince días siguientes a la instalación de las sesiones en el cuatrienio legislativo”, que es el 20 de julio. La persona elegida asumirá el cargo el 1 de septiembre.
En el 2020, el entonces presidente Iván Duque presentó, además de Camargo, a Elizabeth Martínez Barrera— quien ahora es secretaria general de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes— y a Myriam Carolina Martínez—exdirectora general de la Agencia Nacional de Tierras.
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Para poder llegar a este puesto, según la ley, se deben cumplir con las “mismas calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado”. Entre los requisitos también se encuentra que la persona no puede haber sido condenada a una pena privativa de la libertad, “excepto por delitos políticos o culposos”, ni ser pariente “dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil o tenga vínculos por matrimonio o unión permanente con los Representantes a la Cámara que intervienen en su elección, con el Procurador General de la Nación y con el Presidente de la República o quien haga sus veces que intervenga en su postulación”.
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El actual defensor abandona su puesto para trabajar en su alma máter, la Universidad Sergio Arboleda, donde las directivas le habían ofrecido “apoyar el proceso de fortalecimiento institucional de cara a los nuevos retos que enfrenta la educación superior, en el marco de nuevas realidades socioeconómicas”. Allí se hará cargo del observatorio de derechos humanos y el doctorado en derechos humanos.
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