Este viernes el Ministerio del Interior afirmó que hay calma en Pogue, corregimiento de Bojayá (Chocó) y que la Fuerza Pública tiene bajo control el territorio. La declaración la hizo Daniel Palacios, ministro encargado, mientras atienden una misión de verificación que llegó a Bojayá para rectificar las denuncias de la comunidad sobre enfrentamientos entre el Eln y el Clan del Golfo.
(Para contexto: No hemos podido comunicarnos con nadie en Pogue: líder de Bojayá)
“El parte en materia de orden público es de absoluta tranquilidad. Tenemos control del área, presencia de la Policía Nacional en las cabeceras municipales y ese dispositivo que ya existía se ha incrementado con más de 100 hombres que llegarán a reforzar la zona”, afirmó Palacios desde Quibdó, antes de llegar al lugar de los hechos.
Sobre las alarmas y las denuncias, el ministro encargado también dijo que si bien hubo hace unos días enfrentamientos de grupos armados, no hay una fuerza conformada por decenas de hombres que estén generando terror. Esta es la versión oficial hasta ahora:
“La información que tenemos es que en días pasados hubo presencia de un grupo pequeño (10 a 15 personas), de una organización criminal. Estuvieron en los cascos urbanos, lo que generó miedo y zozobra por parte de la comunidad. Pero no existe una fuerza de 300 hombres que estén haciendo presencia en este momento en la zona. El parte es de absoluta tranquilidad”, explicó.
Sin embargo, la realidad de ese territorio en términos de seguridad y orden público es aún difusa. Si bien esta es la postura gubernamental, la población ha dicho, en reiteradas ocasiones, otra cosa muy distinta. Las denuncias vienen, por lo menos, desde noviembre de 2019, cuando los habitantes de Bojayá recibieron los más de 100 cuerpos de sus familiares que murieron en la masacre de 2002. Desde ese entonces, líderes de las comunidades negras e indígenas afirmaron que viven confinamiento por miedo a los enfrentamientos entre el Eln y el Clan del Golfo.
(Para contexto, lea acá sobre denuncias del inminente riesgo de una nueva masacre en Bojayá)
Pero no solo en ese momento. La semana anterior al 24 de diciembre de 2019, Karina Sarmiento, directora adjunta de Amnistía Internacional para las Américas, confirmó nuevamente esas mismas denuncias. El movimiento humanitario reiteró el riesgo que sufren las comunidades del Atrato por cuenta de la violencia y la ausencia del Estado.
(Lea esta entrevista con Karina Sarmiento sobre las necesidades del Chocó frente al tema)
Y, días después, El Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), repitió ese llamado. Pese al temor, los líderes volvieron a denunciar y, contrario a lo que expuso Palacios, expresaron que desde hace muchos años no saben qué es la tranquilidad en su zona. En ese sentido, dijeron en una entrevista con El Espectador que el mayor de todos sus problemas en este momento es el confinamiento que viven en el Atrato.
(Conozca la entrevista con Cocomacia en la que explican la situación que viven)
Al tiempo que el Gobierno Nacional, mediante el Ministerio del Interior, afirma que hay calma, la Procuraduría pidió "medidas urgentes" y prioritarias que aporten a eliminar el confinamiento. "Requirió al Mininterior y a la Gobernación de Chocó informar sobre las acciones realizadas hasta el momento para mitigar, prevenir y eliminar la situación de riesgo de la población", expresó el ente.
En la comunicación, la Procuraduría pidió a Mininterior y a la Gobernación de Chocó, dentro de los próximos cinco días, rendir un informe de las acciones realizadas hasta el momento para mitigar, prevenir y eliminar la situación de riesgo de la población.