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Martín Leonel Pérez Castro, alias “Richard”, fue el comandante del frente 30 de las Farc, el mismo al que se le atribuye la responsabilidad del secuestro de los exdiputados del Valle del Cauca. Capturado en julio de 2014 e incluso solicitado en extradición por Estados Unidos, en mayo pasado fue beneficiado con la amnistía “de iure” por el Juzgado 24 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, lo que anula y suspende su extradición de acuerdo a lo establecido en la Ley 1820 en el marco del cumplimiento del Acuerdo de Paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla. Medida que no se ha hecho efectiva aún y por la que el exjefe subversivo presentó una acción de tutela en contra del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, la cual vincula además al director del Inpec y al director de la cárcel La Picota.
La tutela, interpuesta ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, solicita que se le ordene al Inpec el inmediato traslado de Pérez Castro a una zona veredal y, además, que el fiscal expida la resolución de suspensión definitiva de la orden de captura con fines de extradición que pesa sobre el excomandante guerrillero.
Según Segundo Gabriel Parra, su abogado defensor, “han transcurrido más de 40 días y a la fecha no se ha acatado lo decidido por el Juzgado 24 de Ejecución de Penas, en concreto, no se ha hecho efectiva la boleta de traslado de Martín Leonel Pérez Castro a la zona veredal transitoria de normalización, con lo cual se incumple adicionalmente el compromiso del Gobierno Nacional de respetar lo acordado en la mesa de La Habana con el grupo insurgente de las Farc y vulnera los derechos fundamentales de debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, y amenaza el derecho a la vida e integridad personal de mi defendido”.
Parra enfatizó que “se resiste a creer que hoy desde la instancia penitenciaria y carcelaria se pretenda sabotear el proceso de paz, inventando procedimientos y en general aduciendo excusas a fin de impedir que las órdenes de los jueces de la República se cumplan en punto de lo decidido a favor de un exmiembro delas Farc”.
En el escrito de la tutela, el jurista afirma que “el director de La Picota, con la anuencia del silencio cómplice de su jefe a nivel nacional, lo mismo que el titular de la Fiscalía General de la Nación, por alguna extraña razón, en todo caso sin sustento, pero peor aún, sin competencia y extralimitándose en el ejercicio de sus funciones, dilatan en el tiempo el cumplimiento del traslado que ordenó la boleta expedida desde el pasado 29 de junio, circunstancia que además de ser relevante desde el punto de vista disciplinario y penal, suma un freno más a la naciente experiencia de paz, arriesgando en la práctica la debida implementación del Acuerdo final suscrito entre el gobierno colombiano y las Farc”.
Sobre la solicitud de extradición que pesa sobre Pérez Castro, el abogado Parra pide al Tribunal Superior que, “si la Fiscalía General, representada por Néstor Humberto Martínez, o uno cualquiera de sus delegados tenía reparos en este asunto, ha debido como el natural y lógico haber interpuesto los recursos de ley al interior de la actuación que cursó a propósito de la solicitud de amnistía ‘de iure’ y pedimento de traslado a la zona veredal, y no pretender de manera extemporánea impedir el acatamiento de la orden de un juez de la República, sobre todo, desatendiendo que como lo ha manifestado ya en varias oportunidades la Corte Suprema de Justicia con el aval del presidente Juan Manuel Santos, como en el caso que nos ocupa el trámite de extradición se encuentra suspendido y lo que procede es impulsar sin peros la correcta implementación del Acuerdo de Paz firmado con las Farc”.
Otros de los argumentos de la tutela hacen referencia al reciente pronunciamiento de las Naciones Unidas en relación a la demora en el cumplimiento de los traslados a las zonas veredades de los excombatientes de las Farc presos en las cárceles del país. Según el organismo internacional el no cumplimiento de los traslados “socava el proceso de reincorporación y la consolidación de la paz”, haciendo un “llamado urgente a la solución de la situación de los integrantes de las Farc que todavía se encuentran privados de la libertad, a pesar de la Ley 1820 aprobada el 31 de diciembre del año pasado y de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional para agilizar este proceso”.