Un bloque de congresistas de la oposición le solicitó al presidente Iván Duque dar con los responsables de las amenazas que recibió Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, para que este pueda regresar al país.
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Se trata de 22 parlamentarios de diferentes partidos, como Victoria Sandino (Comunes), Aída Avella (UP), Angélica Lozano (Alianza Verde), Iván Cepeda (Polo), y Abel David Jaramillo (Mais), entre muchos otros. En una carta, los y las legisladoras le expresaron al presidente su preocupación por las amenazas en contra de Caicedo y, más aún, por su salida del país para resguardar su vida del Clan del Golfo, grupo ilegal que estaría detrás de un presunto plan para asesinarlo.
Sobre esto, los legisladores se apoyan en la denuncia, ampliamente divulgada, hecha por la Comisión Colombiana de Juristas, y por Carlos Caicedo, sobre dicho plan, proveniente del Clan del Golfo. “Es de una gravedad sin precedentes en los últimos años. Señor Presidente es de la mayor gravedad y nos llena de preocupación el solo hecho de pensar que dicho plan llegue a consumarse”, expresaron los firmantes de la misiva.
En ella reiteraron que Duque, como máximo garante constitucional de la vida de los colombianos, debe adoptar las medidas necesarias para “develar el complot urdido contra el gobernador Caicedo, identificar a los determinadores (políticos y clanes territoriales), capturar, judicializar y condenar a los ejecutores y garantizar las máximas condiciones favorables para el retorno al país y el regreso del Gobernador a su cargo y al desempeño de las funciones que le son inherentes a la dignidad conferida por la ciudadanía”, se lee en el documento.
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Señalaron, además, que como senadores y representantes pusieron estos hechos en conocimiento de la Policía, el Ejército y de la Fiscalía General de la Nación, el pasado 17 de agosto. “El Gobernador, al no tener garantías para la protección de su vida e integridad personal, abandonó el país el 19 de agosto, para salvar su vida. La vida e integridad del Gobernador Carlos Caicedo y su familia es responsabilidad única y exclusiva de su gobierno y autoridades de policía. Esperamos el anuncio oficial informando de las decisiones adoptadas, los resultados obtenidos en las investigaciones realizadas y las garantías dispuestas para el retorno a su cargo y al país del Gobernador y su familia”, concluyeron.
Dese Washington, la Comisión Colombiana de Juristas, que lo representa, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares, pues en el departamento circula la versión de que existe este supuesto plan.