La captura del senador Javier Cáceres, por presuntos nexos con grupos de autodefensas, reavivó en los pasillos del Congreso los temores ante la posibilidad de nuevas detenciones de legisladores que hoy son investigados por la Corte Suprema de Justicia dentro de la llamada parapolítica; agitó la polémica por lo que algunos consideran “violación” al recinto “sagrado” del Congreso, ya que Cáceres fue abordado por los agentes del CTI en su propia oficina; y prendió el debate en torno a la aplicación de la silla vacía, incluyendo la responsabilidad de quien avaló la candidatura del congresista en las pasadas elecciones, nada más ni nada menos que el hoy ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras.
Sobre este último asunto, este miércoles el secretario general del Senado, Emilio Otero, le pidió al presidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla Paucar, aclarar si existe una “vinculación formal del senador Cáceres a una investigación por delitos relacionados con pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales” y, de ser así, le pregunta cuándo se entiende que existe dicha “vinculación” en un proceso penal.
En la carta, Otero señala que dicho requerimiento “resulta indispensable” para definir si aplica o no la silla vacía en este caso. “Como entenderá, la respuesta a nuestros interrogantes resulta de esencial trascendencia y urgencia para el normal desarrollo de nuestra actividad legislativa, máxime si con ella podemos establecer si hay lugar a la aplicación de la denominada silla vacía, pues entendemos que en este campo del derecho ustedes constituyen la máxima autoridad”, enfatiza.
Sigue a El Espectador en WhatsAppLo cierto es que tras la detención de Javier Cáceres, nuevamente los rumores de más capturas llenaron de temor los recintos del Capitolio Nacional. Un informe elaborado por la fundación Indepaz —que cruza datos de la Corte Suprema, la Fiscalía, la Registraduría y seguimiento de prensa nacional y regional a marzo de 2010— revela que en la actualidad son 12 los congresistas investigados por presuntos nexos con grupos paramilitares: cinco senadores del Partido de la U, tres senadores y un representante a la Cámara de Cambio Radical (el mismo de Cáceres), mientras que el PIN, los conservadores y el movimiento Unidad Liberal del Huila tienen un legislador investigado cada uno.
La pregunta ahora es si en todos estos casos aplicaría la silla vacía. De ser así, ello significaría un duro golpe para la U, que de un sólo trazo perdería cinco de sus curules en el Senado. Si a ellas se les suman las tres de Cambio Radical y la del Partido Conservador, serían nueve puestos menos para la coalición de la denominada unidad nacional, del presidente Juan Manuel Santos. Todo depende de la respuesta que dé la Corte Suprema a la carta del secretario del Senado.
Mientras tanto, las interpretaciones jurídicas pululan. Por ejemplo, el senador del Partido Verde John Sudarsky cree que si bien políticamente “se debería aplicar” la silla vacía, ello lo deciden los juristas. Y el senador liberal Juan Fernando Cristo reveló que desde el momento de la discusión en el Congreso de la reforma política de 2009, ellos advirtieron del “mico” que se le había introducido al proyecto con la inclusión del parágrafo que estipula que la medida sólo aplicará para las investigaciones posteriores a la fecha de promulgación de la norma. “Eso demuestra que la voluntad era burlarse del espíritu de la medida”, indicó.
En lo que tiene que ver con la situación del hoy ministro Germán Vargas Lleras, a quien algunos han querido atribuirle responsabilidad como quiera que era el presidente de Cambio Radical y autorizó la inscripción de Cáceres en la lista del partido para las elecciones de marzo pasado, el senador Miguel Motoa —ponente de la reforma— aseguró que el hecho no puede mirarse desde ese punto de vista, teniendo en cuenta que Cáceres ya venía ejerciendo labores como congresista y no se le podía negar el aval.
Por último, otro hecho evidente que trajo lo sucedido con el senador bolivarense es la molestia por haber sido capturado en su oficina. El ex senador Ómar Yepes, miembro del Directorio Conservador, manifestó que las oficinas del Capitolio “deberían ser inviolables” y demandó de senadores y representantes “hacerse valer estableciendo reglas” si las autoridades “no tienen esa consideración”.