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La política de Paz Total del Estado, liderada por el presidente Gustavo Petro y por el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, se encuentra en uno de sus momentos más complicados. El proceso ha sido impactado recientemente por varios hechos: el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz a manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la suspensión unilateral de la mesa de diálogos por parte de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC), la petición del repliegue de tropas en zonas como El Plateado, en el municipio de Argelia (Cauca) y en Barrancas (La Guajira), y el domingo, el ELN decretó un paro armado de 72 horas en el Alto Baudó, en Chocó.
Sobre eso, el senador Ariel Ávila, quien fue el coordinador ponente de la aprobada Ley Paz Total (2272 de 2022), que le permitió al gobierno Petro adelantar diálogos con actores armados ilegales, le aseguró a El Espectador que la Paz Total está en crisis y que hay que recuperar la legitimidad del proceso. También aseguró que a Rueda “ha cometido errores”; incluso, algunos congresistas pidieron la renuncia del alto funcionario en medio de un debate de control político que rindió este martes en la Cámara.
Tras los hechos recientes, ¿cuál es su evaluación de la política de Paz Total del gobierno Petro?
La Paz Total, como una política pública, es bastante coherente, pues se basa en unos procesos claros de sometimiento a la justicia. La falla realmente está en la política de seguridad, pues la Paz Total debe tener una cara de zanahoria y una cara de garrote. Esa última es la que ha estado fallando. Frente a la suspensión de la mesa por parte del EMC, hay que decir que el cese al fuego solo es posible en el marco de la mesa de conversación, si no hay mesa, no hay cese.
(Lea: “Renunció Luis Gómez, gerente especial para La Guajira nombrado por Petro”)
Usted ha dicho que la Paz Total está en crisis, ¿por qué?
Los procesos están en una crisis profunda, pues no hay un método claro. En la época de la negociación entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas FARC, estaba claro el método, pero no el fin; sin embargo, en el gobierno Petro está claro el fin, pero no el método. Haber anunciado los ceses bilaterales sin tener protocolos demuestra esa falta de método. Eso se suma a unas bajezas por parte de los grupos armados, como el secuestro del señor Luis Manuel Díaz. Peor no pudo haber sido.
¿Qué opina del trabajo del alto comisionado de Paz, Danilo Rueda?
Con el alto comisionado de Paz han pasado dos cosas, le ha tocado muy difícil y ha cometido errores. Rueda ha estado coordinando las mesas de negociación y, al tiempo, organizando a los equipos encargados del apoyo técnico a las mesas, y ambas cosas no se pueden hacer al tiempo. Eso también deja en evidencia la falta de método. Y, con eso, me refiero a un documento interno del Alto Comisionado, que incluya una evaluación de las posibles crisis y sobre cómo salir de ellas. Si eso no está claro, va a ser imposible que esto se mejore.
¿Qué líneas rojas debería tener el Gobierno frente a la negociación?
Hay cosas que no se pueden ceder y el Estado colombiano lo ha ido aprendiendo en las demás negociaciones de paz. Por ejemplo, no puede haber zonas desmilitarizadas; las disidencias no pueden pretender que el Estado saque a sus tropas del corregimiento de El Plateado, en Cauca. Ahora, si buscan que en el marco de la mesa de conversación haya desmilitarización, entonces es mejor no seguir con el proceso.
En medio de todo eso, ¿está en juego la voluntad de paz de las partes?
La voluntad de paz siempre es una discusión en todos los procesos de paz. En el momento de la mesa con las FARC, el uribismo decía que esa guerrilla (ya extinta) no tenían voluntad de paz, pero al final se logró firmar, pues el proceso se va construyendo. Pero, el problema que ahora tenemos es que las disidencias y el ELN han abusado de la voluntad de paz del Estado, de la mano tendida, y eso no se puede permitir. Si me pregunta hasta qué punto se tiene que ceder para demostrar voluntad de paz, pues, yo no tengo una respuesta. Ese termómetro lo tendría que estar midiendo el alto comisionado de Paz, precisamente para saber hasta dónde va la acción militar. Lo cierto es que no puede haber zonas desmilitarizadas.
¿Cree que uno de los errores fue haber decretado los ceses al fuego de forma prematura, en diciembre de 2022?
El cese al fuego es un tema discutible. Sobre la teoría, se recomienda que los ceses al fuego lleguen en un estado avanzado del proceso, antes no. En este caso, el Gobierno tomó la decisión de hacerlo iniciando el proceso, bajo un criterio que es entendible: que pudiese mejorar la situación humanitaria en zonas como el Chocó, en el Pacífico nariñense y en el Catatumbo. Entonces, el argumento del Gobierno es fuerte, pero, las disidencias está incumpliendo. Esta crisis la tienen que resolver los países garantes, el alto comisionado y los equipos negociadores, y esperamos que sea resuelta en dos o tres semanas, porque lo cierto es que esta indeterminación es muy grave.
De ahora en adelante, ¿qué condiciones y decisiones deberían efectuarse para que avancen las negociaciones con los grupos al margen de la ley?
Hay que hacer varias cosas. Primero, hay que resolver la crisis y luego recuperar la legitimidad del proceso, que quedó muy quebrado. El ELN no puede pretender que después de liberar al señor Luis Manuel Díaz, todo siga como si nada hubiese pasado; ellos tienen que volver a demostrar su voluntad de paz. Por otro lado, hay que resolver el problema de seguridad, independientemente de que las acciones armadas provengan del ELN o de las disidencias, pues hay otro montón de grupos con poder territorial. Esos tres problemas hay que solucionarlos y no va a ser de un día para otro.
¿Cree que en este contexto los grupos armados están dispuestos a ofrecer una nueva muestra de paz?
Yo creo que no, porque no van a querer ceder en nada y van a buscar que una vez pase esto, todo siga igual. Realmente va a depender del Estado que esto no siga así, una vez sea el señor Díaz. Yo he respaldado la paz y confío en que todo conflicto termina en una mesa de negociación, no obstante, si los grupos no quieren negociar, también está la política de seguridad.
Eso quiere decir que, de continuar con las hostilidades, ¿el gobierno debería suspender los diálogos y acogerse a una fuerte política de seguridad, como lo sugiere la oposición?
La política de seguridad fuerte no riñe con la mesa de negociación, ya que son caras de la misma moneda. Pero, sin la liberación de Luis Manuel Díaz y sin gestos adicionales, es imposible continuar con la mesa de negociación. De facto, si no hay mesa, pues no hay conversaciones.
Frente a lo que viene, se habló de un proyecto para modificar la Ley de Justicia y Paz, que sería la vía para el sometimiento a la justicia de grupos sin estatus político, ¿qué ha pasado con eso?
Con la crisis de ahorita, cualquier ley que se presente sobre ese tema se va a hundir. Esta semana estaban planeadas las primeras reuniones, pero con este ambiente no va a pasar nada que tenga que ver con Paz Total en el Congreso. Hubo un gran golpe a la legitimidad de todo el proceso de paz, entonces no hay como estudiar esa ley.
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Por Laura Duarte Sandoval
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