El pasado martes 17 de septiembre se iba a llevar a cabo en la plenaria de la Cámara de Representantes un debate de control político sobre la “libertad de prensa, censura y seguimiento a periodistas en el país”. La citación, que fue hecha por la Alianza Verde, convocó a los ministros del Interior, de las TIC, Trabajo, Defensa y Justicia, además de la Alta Consejería para las Comunicaciones de la Presidencia de la República. Aunque el debate no se pudo realizar, este jueves se conoció la respuesta de esta última a las preguntas que previamente le enviaron los congresistas.
El cuestionario inquiere a la cabeza de las comunicaciones de la Presidencia sobre la estrategia que implementa, los criterios para invertir en publicidad, las posibles incidencias en el sistema de medios públicos del país, los contratos con la empresa de publicidad Du Brands y hasta el papel que habría jugado Luis Guillermo Echeverry en supuesta censura de periodistas.
Una de las primeras preguntas hechas por los verdes está encaminada a saber las razones por las que los “recursos de publicidad oficial” no fueron destinados al ejercicio del periodismo sino a la mejoría de imagen del primer mandatario, Iván Duque. En este punto, desde el Ejecutivo se responde que en las facultades del Gobierno no está realizar “actividades encaminadas al periodismo”, pero que tampoco se habrían realizado contratos de publicidad.
Según la Alta Consejería, la estrategia de comunicaciones está encaminada a “promover un diálogo garantista” para favorecer una participación mayoritaria para “la construcción de paz con legalidad”. Y no se hace publicidad, sino que se divulgan los programas y políticas del Gobierno.
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También se niega que se trate de mejorar la “imagen del presidente”, aunque se hace la salvedad de que parte de las actividades de difusión incluye posicionar a la Presidencia y a Duque “como institución”. Según Hassan Nassar, que responde al cuestionario, el posicionamiento del presidente no se hace como individuo, sino como “jefe de Estado, jefe de Gobierno, suprema autoridad administrativa, pues de ello depende el fortalecimiento de la democracia”.
Este punto está relacionado con la denuncia de la FLIP sobre la posible destinación de recursos del Fondo de Programas Especiales para la Paz para el mejoramiento de imagen del presidente. Sobre esta denuncia en cuestión, se responde que “no se han suscrito contratos que tengan como objeto publicidad y manejo de imagen”.
Sin embargo, se señala que “la construcción de paz” empieza por un gobierno que escucha y está cerca de sus ciudadanos. Y que, como parte de esta estrategia, se usan las redes sociales como “una herramienta de doble vía” para transmitir los avances del Gobierno “en miras de una paz con legalidad”.
Supuestamente, según la respuesta de la Consejería, el posicionamiento en redes del presidente Duque está dirigido a dar a conocer las directrices que buscan “el sostenimiento de la paz y el bienestar de los colombianos”. También se señala que no se ha contratado servicios de difusión sino estrategias de medios masivos, “en los cuales existe un componente de difusión institucional”.
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Desde el Ejecutivo se niega también que se incida en la línea editorial del sistema de medios públicos. Según la respuesta dada, la Consejería no puede interferir en “las decisiones y gestión de Radio Nacional de Colombia, que hace parte de la Sociedad Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC”. Y se recalca que el sistema de medios públicos es una entidad descentralizada con autonomía económica y administrativa. Asimismo, se aclara que los planes de emisión vienen de la Comisión de Regulaciones de Comunicaciones y “allí el Gobierno no tiene injerencia”.
En este punto del sistema de medios públicos, vale recordar dos denuncias que hablan de una posible censura. La primera hace referencia a una entrevista, en diciembre de 2018, en los primeros 100 días de mandato de Duque, cuando supuestamente se impidió que los periodistas Carlos Chica y Andrea Olano, de la Radio Nacional de Colombia, participaran del diálogo con el primer mandatario.
La segunda situación fue el caso de posible censura que llevó a que Juan Pablo Bieri renunciara a la gerencia de RTVC. En esta ocasión se filtraron audios que probarían que este ordenó sacar del aire el programa “Los Puros Criollos”, debido a que su presentador, Santiago Rivas, participó en un espacio de opinión de este periódico alertando sobre posibles irregularidades en un proyecto de ley impulsado por el Gobierno en el Congreso.
Precisamente, los congresistas citantes inquirieron sobre ambas denuncias. En el primer caso, Nassar responde que el Ejecutivo no tiene incidencia en el sistema de medios públicos y que por eso mismo no puede llevar a cabo una investigación sobre este tema para determinar las razones por las que Chica y Olano fueron excluidos de la entrevista con Duque.
Por otro lado, sobre el caso Bieri, desde Presidencia se justifica que, tras de su salida de RTVC, haya sido vinculado como asesor de comunicaciones de la Casa de Nariño, debido a que no tienen ningún antecedente disciplinario, fiscal o penal que lo impidan.
“El derecho fundamental a la presunción de inocencia, consagrado en el artículo 29 constitucional, significa que toda persona es inocente, partiendo del supuesto de que sólo se le puede declarar responsable al término de un proceso que debe estar fundado en plenas garantías procesales, proceso que puede ser disciplinario, fiscal, penal o administrativo”: de esta manera el alto comisionado para las Comunicaciones justificó que Bieri tenga contratos con Presidencia, a pesar de los señalamientos por posible censura.
Otro punto en el que se cuestiona por posible censura fue el de los supuestos pedidos de “Luigi” Echeverry para que se sacaran algunos columnistas de Caracol Radio y por su carta a El País de España criticando la entrevista al senador de la oposición, Iván Cepeda. La respuesta del Gobierno se limita a señalar que el empresario, director de la campaña Duque Presidente, y amigo del primer mandatario, no tiene ningún vínculo con la Presidencia o el Ejecutivo en general.
También se cuestiona al Gobierno por el supuesto retiro de pauta del espacio periodístico Noticias Uno -reconocido por sus duras investigaciones- para que saliera de la parrilla del canal con el mismo nombre. En este punto, se califica como “no cierta” dicha “hipótesis”, y hasta se resalta que en octubre de 2020 se pagó al Canal Uno para divulgar un documental de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Sin embargo, es preciso señalar que el noticiero salió de dicho canal a finales de 2019.
El cuestionario también inquiere sobre el gasto en pauta realizado por la Presidencia y el contrato de Du Brands, en el que se perfiló a usuarios de Twitter, ambos hechos revelados por la investigación de la FLIP “Pauta Visible”. Entre los datos entregados por el Gobierno, se evidencia un gasto de más de $4.500 millones de pesos entre 2019 y 2020 con la agencia de medios Quiroga, que haría parte del contrato con Du Brands.
En cuanto al contrato directamente con Du Brands, se habría gastado más de $470 millones en pauta digital, que incluye publicaciones en Facebook, Twitter, Google, y hasta Waze, el servicio de GPS. En este último, se buscaría “tener presencia de marca en su mapa de navegación por medio de un pin con información relevante y facilitar el recorrido de las personas que buscan la Presidencia de la República como destino en esta aplicación”.
Sobre Du Brands, los responsables de las comunicaciones del Gobierno aseguran que nunca hubo un perfilamiento, y que las categorías de “negativo, positivo o neutro” no tienen ninguna intención política o ideológica. Supuestamente, la empresa de publicidad solo hizo un listado de los actores más relevantes de Twitter, en cuanto a seguidores e interacciones, para luego clasificarlos en la “percepción o sentimiento sobre determinada decisión o medida anunciada por el Gobierno”.
