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En octubre pasado, ante los rumores de que no se renovaría el mandato de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, el entonces consejero presidencial para esa materia y hoy fiscal general, Francisco Barbosa, habló en nombre del Gobierno y –al disipar los cuestionamientos– ratificó el respaldo a ese organismo, al que no vaciló en calificar de un aliado. Sin embargo, pasados cuatro meses, hoy es otra la postura del Ejecutivo, que en una dura reacción alegó no solo por sesgos en su actuar, sino incluso intromisión a la soberanía nacional. ¿Qué hay de fondo?
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El detonante de esta rencilla –que por supuesto no es nueva, pero que ejemplifica con creces una tensión de vieja data en este Gobierno– fue el informe sobre derechos humanos correspondiente a 2019 que presentó la Oficina el pasado miércoles. Allí, en una cruda radiografía, se advirtió de decenas de masacres, más de 100 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, abuso de la Fuerza Pública en protestas, crímenes cometidos por militares y policías, altos niveles de violencia sexual y de género, falta de presencia del Estado en las zonas rurales, así como un incremento en los homicidios de indígenas.
El documento desató la ira del propio presidente Iván Duque, secundado por Cancillería, Ministerio de Defensa y Consejería para la Estabilización. Si bien el mandatario dijo que “hay que analizarlo con mucha serenidad”, no se guardó nada al señalar que “no puede haber sesgos”, al tiempo que expresó preocupación por “imprecisiones y que no se diga la verdad”.
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El descontento de Duque fue más allá. Manifestó que, aunque respetan el carácter multilateral de la Oficina, sus conclusiones y recomendaciones “son una intromisión en la soberanía”, en referencia a la propuesta de que se transfiera la supervisión de la Policía al Ministerio del Interior por cuenta de sus aparentes excesos, en particular durante la protesta social.
El informe de la discordia
En el documento, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos llamó la atención por 36 masacres perpetradas el año pasado, en medio de las que fueron asesinadas 133 personas, la cifra más alta desde 2014, así como por el crimen de 108 defensores de derechos humanos, que se incrementaron 50 % frente a 2018. “Defender los derechos humanos sigue considerándose una labor de alto riesgo en Colombia”, dijo Alberto Brunori, representante de ese organismo en el país, quien pidió garantizar la vida de los defensores.
Frente a la implementación del Acuerdo de Paz, si bien se reconocen los esfuerzos para avanzar en el proceso de reintegración de excombatientes, la ONU pidió más presupuesto para dar cumplimiento al punto sobre la reforma rural integral con el fin de desarrollar todos los planes y mecanismos, “y no limitar su enfoque a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)”.
Además de expresar preocupación por violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas estatales y por excesos en medio del paro, la Oficina también dedicó un apartado al Eln, advirtiendo que “continuó incurriendo en infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)”. Por otro lado, dijo que el Epl y las disidencias de las Farc “no calificarían actualmente como grupos armados en virtud del DIH”.
Uno de los primeros que salió a refutar lo dicho por Brunori fue el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, quien calificó el documento como una “chambonada” y aseguró que sus conclusiones contradicen lo reportado por otras agencias de la propia ONU sobre los avances de la política de “Paz con legalidad” de Duque. “El informe omite las más de 34 medidas de seguridad adicionales que tenemos para los excombatientes y omite de una manera sorprendente los resultados que han tenido la Fiscalía y la justicia para condenar a cabecillas y autores materiales de homicidios contra estos”.
El funcionario hizo énfasis en los PDET, indicando que cuando asumió el gobierno Duque apenas había dos de los 16 previstos; sin embargo, “al señor Brunori se le ocurre decir que todo estaba hecho antes de que yo llegara y que nosotros no hemos hecho nada”. Posteriormente hizo un recuento de las 641 obras entregadas y los acuerdos administrativos en lo local para continuar con la implementación.
Quien también reviró el informe fue la canciller Claudia Blum, quien dio cuenta de las respuestas que el Gobierno entregó del informe en desarrollo de la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, celebrado ayer en Ginebra (Suiza). Pese a que la funcionaria reafirmó la importancia de la cooperación con la Oficina, instó a que se cumpla el mandato definido en octubre y pidió “diagnósticos objetivos, imparciales e integrales”.
“El informe no es un diagnóstico integral y actualizado, que identifique tanto los retos como los logros existentes (…) esto genera en la comunidad internacional apreciaciones sesgadas sobre el compromiso del país en esta materia. Otros organismos de la ONU sí reconocen la estabilización de los territorios más afectados por violencia y pobreza”, declaró Blum, quien lamentó que en el informe, según ella, no se hiciera mención al impacto de la migración venezolana, ni hubiese censuras contra el Eln y grupos armados residuales, “que otras instancias internacionales sí condenan directamente”.
Para la canciller, el documento contiene opiniones subjetivas sobre políticas públicas que exceden su campo de acción, sumado a calificaciones sobre la Fuerza Pública y otras valoraciones jurídicas “en las que se lanzan apreciaciones que no se fundamentan en investigaciones judiciales o disciplinarias que se adelantan en el país”.
Una tensa relación
El primer traspié entre Gobierno y Brunori fueron las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “La construcción de una paz estable y duradera depende de la urgente sanción y promulgación, sin dilaciones, del proyecto de la Ley Estatutaria de la JEP”, dijo en su momento el representante de Naciones Unidas durante la entrega del informe anual de derechos humanos de 2018.
Frente a esto, el entonces canciller, Carlos Holmes Trujillo, y el embajador ante Naciones Unidas, Guillermo Fernández de Soto, consideraron esta declaración como una “falta de respeto” y un intento por “inmiscuirse en asuntos políticos de Colombia”. Asmismo, destacaron que contrariaba con lo manifestado por el secretario general, António Guterres.
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El segundo round ocurrió cuando ni siquiera Duque había cumplido un año en el Gobierno y El Espectador reveló un borrador en el que se exploraba la posibilidad de modificar el acuerdo con el que la Oficina llegó al país, hace más de 25 años. Eran 20 reformas que planteaba el Gobierno, en las que se hablaba incluso de eliminar el concepto de “conflicto armado interno” en los informes por el de “compleja situación de Colombia”.
A su vez, el Ejecutivo pretendía que, más allá de ser un órgano de observación de la situación de derechos humanos, la oficina de Brunori debía resaltar los logros y buenas prácticas. Pues, según su punto de vista, desde ese despacho hay un prejuzgamiento con implicaciones negativas.
Por último, se tenía también la intención de incidir en el nombramiento del representante, dejando por escrito la obligatoriedad de conocer al aspirante para brindarle su beneplácito en el puesto. Al final, el Ministerio de Relaciones Exteriores desestimó la existencia de dicho borrador y aseguró que la relación con las dependencias de Naciones Unidas es bajo el marco de la cooperación y el respeto. Luego de siete meses de negociación, el acuerdo se prorrogó por tres años más con unas mínimas alteraciones que no impiden el trabajo que ha venido adelantando la oficina. Prueba de ello es el reciente informe que ha generado tanto malestar en la Casa de Nariño. Es más, sus comentarios frente al documento develan, muy en el fondo, la intención del Ejecutivo de contar con una oficina, además que observadora y crítica, más halagadora.