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En el Salón Elíptico, los pupitres de la Cámara de Representantes sonaron sobre las 11:30 de la noche como muestra de la aprobación de la ley de sometimiento. Este proyecto que representa una victoria para el gobierno de Abelardo de la Espriella, se vio trazado por un trámite engorroso para evitar errores que tumbaron su presupuesto, tensiones entre la oposición por completar el quórum e incluso la salida del ministro que radicó el proyecto. Este fue el camino que atravesó la nueva ley de orden público en los pasillos del Capitolio para lograr su aprobación en la noche del 3 de noviembre, sin ministro del interior en firme.
Desde las 9:00 a. m., las plenarias de Senado y Cámara fueron llamadas a seguir la discusión sobre el articulado del texto que iniciaron el pasado viernes y el lunes festivo, respectivamente. La primera en avanzar en el texto fue la cámara alta, que aprobó sobre las cinco de la tarde los 30 artículos del proyecto; fueron aprobados con una votación de 57 votos a favor y 27 en contra.
En el corazón de la discusión estuvo la eliminación del artículo 25, que otorgaba facultades especiales de contratación y permitía el uso de gastos reservados a través del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), adscrito al Ministerio del Interior. Este fragmento del articulado causaba ruidos entre los parlamentarios debido a lo que podría abrir la puerta a “contratación paralela” a través del fondo; además, era una de las banderas del exministro Rodrigo Lara, por eso no tuvo mucho apoyo, según le dijeron dos parlamentarios a este diario.
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Y cuando fue aprobada en la primera plenaria, desplegaron la estrategia del modelo de “espejo”, en el que ambas cámaras llevaron la discusión de forma relativamente simultánea, buscando que se aprobara el mismo texto tras las proposiciones. La razón para elegir este método es la urgencia que tiene la administración con este proyecto, pues la fecha límite para la sanción de esta ley es este 4 de noviembre.
Con este método se evitaba la concertación del texto, que se iría más allá de la fecha límite; sin embargo, esta estrategia ya había fallado en un proyecto clave del gobierno: el Presupuesto General 2027. El Espectador pudo corroborar que, para evitar un error como el que le costó el cargo al exministro Lara, el método fue monitoreado por más de una decena de asesores del Ministerio de Justicia, cuyo ministro cumplió funciones como encargado de la cartera política del gobierno hasta la posesión de Alejandro Ordóñez.
La aprobación también mostró que el Gobierno, en ausencia de un mininterior en firme, cuenta con otros articuladores dentro del Capitolio. Fabio Valencia Cossio, exministro de Interior y Justicia, estuvo presente en el Capitolio en compañía del senador oficialista Enrique Gómez. El exministro no tiene contrato con el gobierno De la Espriella, pero este diario confirmó que Valencia Cossio, incluso durante los primeros meses con Lara, ha jugado como un vaso comunicante entre el Ejecutivo y el Congreso.
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Todos estos factores muestran que uno de los puntos en que más se enfocaron desde el Gobierno fue mantener a los congresistas necesarios y avanzar en la discusión, que también trajo un pleito aparte. En Senado se mantuvieron cinco congresistas más de los necesarios para completar el quórum en la aprobación final, y en Cámara fueron tres más de los necesarios. Un hecho que se mantuvo presente en gran parte de la discusión, que no le permitió a la oposición poder oponerse a ciertos artículos y creó tensiones entre la bancada del Pacto Histórico.
El Espectador pudo conocer que hubo molestia debido a que varios congresistas de ambas cámaras no salieron del recinto para presionar acuerdos con el Gobierno. De hecho, en el grupo de Whatsapp de los representantes a la cámara del Pacto hubo un “jalón de orejas” por parte de los congresistas más antiguos hacia un par de nuevos colegas que mantuvieron el quórum.
La molestia por la falta de coordinación en el quórum desde la oposición se sintió especialmente en el reversazo que tuvo la modificación al artículo 2 en la Cámara. Este había sido modificado al inicio de la discusión por una proposición del representante Hernán Muriel, con el propósito de en sus palabras “proteger la protesta social frente a posibles señalamientos relacionados con la categoría de terrorismo”.
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A pocos minutos de que se aprobara todo el texto, decidieron reabrir la discusión y modificar ese artículo para acoger exactamente el texto aprobado por el Senado, para evitar una conciliación y que el presidente De la Espriella pudiese firmarlo este 4 de noviembre. Y mientras el Gobierno celebraba, la oposición se partía en dos. Debido a que si el Pacto Histórico y la Alianza Verde salían en el momento de la discusión de ese artículo, sin ellos no podía avanzar la discusión, pero según pudo conocer El Espectador, el ministro Cancino se acercó a representantes de la Alianza Verde para que se mantuvieran en el recinto.
La discusión de anoche no solo sentó las bases de la política de seguridad del nuevo Gobierno, mostró no solo su influencia en el Legislativo a pesar del “desorden” que han cuestionado ciertos sectores sobre los trámites, sino también una oposición que se divide de a poco en ejercicios de control político que no les alcanzan para presionar del todo al Ejecutivo.
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