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Según Mauricio Toro, representante a la Cámara por la Alianza Verde, por primera vez se le dedican unas líneas a la población LGBTI en un Plan Nacional de Desarrollo (PND), aprobado en el Congreso el viernes pasado en su primer debate. “Históricamente hablar de esto ha sido muy difícil y, además, los grupos políticos se han opuesto a hacerlo”, dice. Y aunque le parece un acto valiente (pero tímido) del Gobierno incluirlo en lo que será la carta de navegación del país al 2022, las bases finales de ese capítulo son pobres, advierte, comparadas con la propuesta inicial.
Toro se refiere a las modificaciones hechas al apartado “Equidad en la diversidad”, enfocado en develar cifras, dificultades y estudios técnicos sobre los gais, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales, en temas como discriminación, acceso a servicios de salud y violencia en ambientes escolares. Los cambios los hizo el Gobierno a petición del partido Colombia Justa Libres, encabezado por el senador John Milton Rodríguez. “Todo iba bien hasta que Colombia Justa Libres encuentra este capítulo. Primero, solicitaron la eliminación del inciso al Ministerio del Interior y al Departamento Nacional de Planeación. Cuando se dan cuenta que no lo eliminan, piden incluir en él a otras colectividades como raizales, indígenas, personas en situación de discapacidad y religiosos, pero ya cada una de esas poblaciones con problemas de discriminación o de inequidad tienen su capítulo, incluso de treinta o cuarenta páginas. Nosotros solo tenemos diez”.
Y a diferencia de otros apartados, este no cuenta con metas, presupuesto ni sugerencias para gestionarlo. “El Gobierno tiene dificultades para obtener mayorías en la aprobación del PND, entonces cualquier voto salva. Justa Libres se valió de eso, presionó y modificó el texto. Y el Gobierno, en un acto desesperado, aceptó hacerlo”, aseguró el representante.
Según indicó, las modificaciones invisibilizan a la comunidad LGBTI, porque excluyen del documento estudios que respaldan y dan una mirada de su realidad. Por ejemplo, del documento se eliminó un párrafo en el que la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce una de las barreras ocasionales del acceso a la salud: “En algunos casos, el personal médico agrede o insulta a los pacientes LGBTI o comparan su sexualidad con conductas como la pedofilia y trastornos psicológicos. En otros casos, el personal médico sencillamente se niega a prestar sus servicios”.
En las bases nuevas del articulado se descartaron unas cifras que entregó el Ministerio de Salud, que evidencian las percepciones negativas de los colombianos hacia esta población: “El 29 % de los hombres y el 26 % de las mujeres consideran que ser homosexual es pecado. El 68 % de las mujeres y el 72 % de los hombres manifiestan que es mejor que dos personas del mismo sexo no se besen en la calle”. Tampoco se incluyó en el documento “Aniquilar la diferencia”, un estudio del Centro Nacional de Memoria Histórica que identifica a los gais, lesbianas y transgeneristas en el marco del conflicto armado, ni la referencia al caso de Sergio Urrego, el joven que se suicidó luego de ser víctima de homofobia.
Ante la denuncia de Toro, John Milton Rodríguez, senador y pastor de la iglesia cristiana Misión de Paz a las Naciones de Cali, expresó que los cambios a ese capítulo responden a que los conceptos de discriminación, equidad y diversidad son transversales a otras poblaciones. “Le pedimos al Gobierno que no dejara por fuera a ninguna población que estuviera expuesta a discriminación y se identificara con conceptos de diversidad. Y solicitamos que en ese documento no se asociara a la niñez con ningún colectivo en particular, porque consideramos que esa población está en la facultad de los padres, y consideramos que no es correcto que el Estado se entrometa en los asuntos de la familia y los menores de edad”.
El senador de Colombia Justa Libres argumentó que, pese a que existen otros capítulos en el Plan de Desarrollo dedicados a otras minorías, “en ellos se abarcan temas territoriales y dependientes del Estado en cuanto a presupuestos asignados, y unos compromisos que el Estado ha tenido con ellos históricamente. El tema de diversidad no se trata en esos otros apartados”. Además, dijo que al involucrar a los niños con la comunidad LGBTI están entrando en “terrenos de corte cultural e ideológico. ¿Con qué soporte el Estado va a decir en el PND que hay niños LGBTI? Esa determinación no es su responsabilidad”.
El debate es intenso, primero, porque el Estado también mantiene una deuda con la comunidad LGBTI, en términos de políticas públicas, y segundo, porque en el tema de identidad sexual (y más en menores de edad) se confrontan posturas sobre la naturaleza de la sexualidad y lo aprendido en sociedad.
En ese sentido, es clave contar con estudios e información técnica y contrastada sobre una población para garantizar la protección de los derechos de la comunidad LGBTI. Ana María Sánchez, investigadora en Sentido, una organización que produce conocimiento sobre identidad sexual y de género, manifiesta que las bases nuevas del articulado dedicado a esta población no corresponden con el objetivo que en principio tenía, que era darle un espacio representativo en el PND.
“Los cambios los hicieron a puerta cerrada. “Equidad en la diversidad” era un capítulo que hacía especial referencia a las personas LGBTI, pero los cambios quitan cualquier referencia y cifras sustentadas sobre diversidad sexual, y así no hay soporte alguno de las barreras que enfrenta esta comunidad. Las bases iniciales tenían un diagnóstico muy preciso, pero queda una cosa que ni siquiera es técnica, porque no está enfocada a una sola población. Si quitan las cifras y las que quedan las mezclan con las de otras poblaciones no queda ningún sustento, ni estudios, ni justificación”, explicó Sánchez.
Por otro lado, Juan Carlos Lozada, representante a la Cámara del Partido Liberal, aseguró que las modificaciones son terriblemente graves. “Más allá de la invisibilización, es un acto de abierta discriminación en contra de la comunidad LGBTI por parte de Colombia Justa Libres. Hacer como si esa población no existiera en el PND es hacer como si no existieran en la realidad de nuestro país. En un PND en el que se plantean políticas públicas para combatir la discriminación, hay que tocar las causas de ella y todas provienen de causas particulares. Es decir, para solucionar esa problemática en la comunidad afrocolombiana no se pueden tomar las mismas causas de las mujeres o la comunidad LGBTI”.
Y refiriéndose a Colombia Justa Libres, Lozada expresó que es una vergüenza que un partido político que no separa su actuar de su actividad religiosa haya planteado dichas modificaciones, cosa lamentable en un Estado laico. Y si bien es un partido con poca representación en el Congreso, en el ajedrez político actual, todos los votos cuentan. “Partidos progresistas como el Liberal nos opondremos a los cambios del capítulo. Cosas como estas hacen votar en contra del Plan. Yo no creo que esa discusión vaya a pasar por el Congreso y me parece absurdo que tengamos que tener esta discusión”.
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