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"Lista de ‘terroristas’, alto riesgo de estigmatizaciones": experto sobre nuevo estatuto

El profesor universitario Néstor Rosanía, abogado con posgrado en Seguridad y Defensa nacionales, advierte sobre los graves riesgos, para la democracia y los derechos civiles, que se presentarían si se aprueba el proyecto del Gobierno que propone establecer un Estatuto Antiterrorista en Colombia. En ese marco, se crearía una lista pública de organizaciones y personas que serían señaladas de ser, precisamente, “terroristas”. Quienes sean incluidos en ese registro, sufrirán los mismos perjuicios de movilidad y exclusión de la vida económica, de la llamada lista Clinton, de Estados Unidos. 

“Si esto se concreta (el Estatuto Antiterrorista), estaríamos ante una nueva y gigantesca articulación de persecución ideológica y política internacional”, advierte Néstor Rosanía.
“Si esto se concreta (el Estatuto Antiterrorista), estaríamos ante una nueva y gigantesca articulación de persecución ideológica y política internacional”, advierte Néstor Rosanía.
Foto: El Espectador - Begi Valentina Rojas

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Aunque todavía se trata de un documento en borrador, el Gobierno dejó conocer el que llamó “Estatuto Antiterrorista”, y los propósitos que pretende lograr con él. Allí hay varios aspectos que merecen debate. En principio, ¿qué piensa de su contenido y qué tipo de orientación revela esa propuesta, en su opinión?

Comenzaría por decir que hablar de “terrorismo” o “antiterrorismo”, nos lleva a un debate que no ha podido ser zanjado ni siquiera en Naciones Unidas, en donde no se ha llegado a construir un concepto único sobre su significado. En nuestra época, tal denominación encontró su aplicación en Estados Unidos durante la administración Bush, cuando Al Qaeda derribó las Torres Gemelas, en 2001. Más de 20 años después, y, en el marco internacional dominado por las derechas radicales, ese término se usa más como arma política que como herramienta de seguridad. Y, aquí sucede lo mismo en la administración De la Espriella que está impulsando tales categorías – “terrorismo” y “antiterrorismo” -, con sentido político e ideológico aunque, formalmente, estén insertadas en normas de seguridad y defensa que, ante todo, se caracterizan por ser restrictivas y coercitivas. Esa postura también se ancla en la doctrina del “enemigo interno”, una narrativa político-militar para señalar grupos y personas del propio país como si constituyeran una amenaza interior a la seguridad nacional y al orden establecido. Y, con esa idea de base, enfrentan la supuesta amenaza con menoscabo de garantías legales y constitucionales.

En el texto del Estatuto Antiterrorista propuesto, se da a conocer su principal objetivo: la creación de un “Registro (lista) Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas”, similar a la lista OFAC o Clinton, de Estados Unidos, al que podrían ser ingresadas, aparte de agrupaciones armadas ilegales, personas jurídicas o naturales, por decisión única del propio Gobierno, sin ningún control ni revisión de órganos externos. ¿Qué opina de esa medida que, de aprobarse, sería un arma de poder inmensa?

Reitero que crear “listas de terroristas” es una acción que serviría como mecanismo de seguridad, pero que, también, podría ser utilizada como instrumento político de represión y disuasión. En el borrador del proyecto del llamado Estatuto Antiterrorista, es claro que el Gobierno tendría la capacidad de perseguir, tanto a las estructuras ilegales armadas y a las bandas del narcotráfico que, obviamente, se insertan en el campo de los actos terroristas, como a quienes considere que son sus enemigos políticos. Estaríamos volviendo, de ser aprobado tal proyecto, a la época de la “seguridad democrática” de Uribe, cuando se acusaba públicamente de ser “auxiliares del terrorismo”, a defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales, políticos críticos y periodistas, lo que condujo a graves violaciones de sus derechos. Por los pronunciamientos de De La Espriella en campaña y en el ejercicio de su cargo de presidente, y, además, por los mensajes intimidantes publicados en sus redes de apoyo, consta cómo se ha ido “graduando” a varios sectores de opinión y a miembros de la oposición de “activistas” con agenda política. Considerando estos antecedentes, el riesgo de que haya estigmatizaciones, con la inclusión de nombres en la lista de “organizaciones y actores terroristas” elaborada por el propio Gobierno, es altísimo.

En ese borrador también se propone la creación del cargo de Alto Comisionado contra el Terrorismo. Y se dice que se le pedirá al Congreso que le dé facultades extraordinarias (para actuar de manera inmediata y sin límites) al presidente de la República, durante seis meses, con el objeto de que reglamente las funciones de esa nueva oficina. ¿Es conveniente o no otorgarle esa amplia capacidad de acción y, de nuevo, sin controles, al mandatario?

Insisto en que sería un riesgo muy alto para la democracia y para los grupos de ciudadanos ya señalados: opositores, periodistas y defensores de los derechos humanos.

¿Por qué, si se supone que esas facultades especiales solo se utilizarían para darle forma y funciones al Alto Comisionado contra el Terrorismo?

Nada garantiza, hoy, que tales facultades no se usen según lo considere el Gobierno. Además, entre las funciones que se le asignen a ese nuevo funcionario, a quien, seguramente, la administración pretende darle libertad plena de señalar a otros como sospechosos de ser “terroristas”, estaría la potestad de tildar de “auxiliadores del terrorismo” a quien le parezca, por ejemplo, a los líderes sociales de los territorios que no cuentan con la protección de los organismos estatales autónomos (Defensoría, Procuraduría, Fiscalía) que sí están presentes en los centros urbanos. Probablemente, podríamos ver la reanudación de actividades que creíamos desterradas, como los perfilamientos a determinadas personas, la elaboración de “carpetas” al estilo del DAS con información privada sobre sus “objetivos políticos”, seguimientos ilícitos y “chuzadas”, todo lo anterior sin que medien autorizaciones judiciales o marcos que avalen la constitucionalidad y legalidad de esas acciones.

El presidente Abelardo de la Espriella lideró otro consejo de ministros en la Casa de Nariño.
"La administración De la Espriella está impulsando tales categorías – “terrorismo” y “antiterrorismo” -, con sentido político e ideológico", opina Néstor Rosanía.
Foto: Presidencia

En el documento se propone la creación de una “instancia técnica” que operaría como auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional. Quienes integren esa unidad, quedarían facultados para seleccionar a los “candidatos” a ingresar a la lista de terroristas. Los integrantes de esa nueva oficina serán subalternos del ministro de Justicia y del presidente. Por tanto, no podrían tener independencia de criterio ni libertad de acción. ¿No cree que esa idea y las demás que hemos comentado podrían ser violatorias de la Constitución?

Concuerdo con usted: varias de las propuestas contenidas en ese proyecto de ley son claramente inconstitucionales. Además, algunos miembros del Gobierno, entre ellos, los ministros del Interior, Justicia y Relaciones Exteriores que son mencionados en la propuesta oficial como participantes o supervisores de la “instancia técnica” que alimentará el registro nacional de “terroristas”, han dado muestras de que someten sus posiciones y criterios a los de su jefe, el presidente, quien, a su vez, es, él mismo, y está rodeado de círculos de fanáticos con sesgos religiosos e ideológicos. De tal modo que la comisión técnica propuesta para fabricar las listas, no garantizaría autonomía en sus decisiones. Y, por eso, el país podría ver que ingresan a ese muro de la infamia, gentes que están en la mira por sus opiniones y pensamientos políticos, en perjuicio de sus derechos constitucionales a contar con los principios de contradicción en un proceso judicial, del debido proceso y de la presunción de inocencia.

¿Es posible, en su opinión, equiparar la inclusión de identidades jurídicas o personales en las listas de terroristas con una especie de condena judicial ilegal?

Creo que sí por los efectos altamente perjudiciales que se derivarían del hecho de figurar en semejante registro. En el borrador del documento que se ha publicado en algunos medios, se establece, inclusive, que solo el ingreso a ese listado, produce la eliminación inmediata de cuentas bancarias personales, la imposibilidad de hacer transacciones en el sistema financiero, el impedimento para hacer negocios con otras personas o entidades o para participar en sociedades, tener contratos, etc. Por si ya no fuera suficientemente gravoso, los enlistados no tendrían la posibilidad de controvertir las evidencias aducidas en su contra – si es que las hubiere -, ante fiscales y jueces. Ese procedimiento se realizaría, únicamente, en el marco administrativo del Ejecutivo que, hoy, no tiene ni jurisdicción ni competencia para decretar quién es delincuente o no. Este tipo de sanciones rompe la arquitectura constitucional del Estado y pone en riesgo a los individuos y entidades que sufrirán la “muerte” económica y civil bajo la excusa de la defensa y seguridad nacionales.

Llama la atención que el proyecto que se presentará en los próximos días ante el Congreso para su debate, también propone que el registro nacional de terroristas se complemente con otras “listas vinculantes de derecho internacional” y con la llamada “designación extranjera cualificada”. Se entiende que el gobierno De la Espriella y otros, como el de Estados Unidos y los de países del llamado Escudo de las Américas, pretenden amalgamar catálogos de personas indeseables a donde vayan. ¿Usted lo analiza así o estoy equivocada?

No, no se equivoca. Uno de los temas más complejos y notorios de ese proyecto, es que pretende configurar un proceso interméstico (mezcla de relaciones domésticas e internacionales). Significa que asuntos del ámbito nacional y local se articularán con intereses de la política exterior de ciertos países, y del proyecto internacional de partidos de derecha y radicales de derecha, cobijados bajo la misma narrativa de la lucha contra el terrorismo. Desde esa perspectiva, no tendría nada de raro que terminen articulándose, en varias zonas continentales, unas listas negras de organizaciones y ciudadanos que serían declarados enemigos públicos de un Gobierno específico. Para el caso puntual, quienes entren en la lista de terroristas de Colombia, pueden convertirse en personas indeseables en Estados Unidos, en países de Europa o en el Medio Oriente, puntualmente, en Israel. Si eso se concreta, estaríamos ante una nueva y gigantesca articulación de persecución ideológica y política internacional.

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Es decir que, ¿serían parias en el mundo o excluidos de derechos en cualquier país al que lleguen?

Sí. Además de los graves efectos personales que acarrearía esa situación, estaríamos ante una clara violación de los principios de la soberanía de los Estados, además de los marcos jurídicos aplicables a lo sujetos del Derecho Internacional. Se configuraría una especie de supralegislación sin principios jurídicos rectores, sino política y alineada con bloques ideologizados como el que está construyendo Trump en América Latina.

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En medios políticos nacionales se ha interpretado que la mención, en el documento, de las “listas vinculantes extranjeras” tiene la intencionalidad de deteriorar la situación personal del expresidente Petro por cuanto su nombre figura en la lista Clinton, que identifica y sanciona a quienes, supuestamente, están relacionados con narcotráfico, lavado de activos o terrorismo. De la misma manera, se ha dicho que pretende perjudicar el Pacto Histórico debido a que es el partido que lidera Petro ¿Está de acuerdo con esa versión? ¿Ve posible ese propósito que, de cumplirse, dejaría al país sin oposición política?

No se puede saber si esa intención existe o no. Pero, en el caso puntual de las múltiples expresiones públicas del presidente en contra de Gustavo Petro, prácticamente no queda duda de que uno de los objetivos del actual Gobierno, es la judicialización del expresidente. Y añado que no es una deducción arbitraria: De la Espriella ha construido la narrativa de que Petro apoyó a grupos terroristas como el ELN el clan del Golfo, las disidencias de alias Calarcá o de alias Iván mordisco. Y, en discursos recientes, el presidente también ha aludido al término “terrorismo” de los grupos armados ilegales, vinculándolo con “sus patrocinadores”. Es decir, entre líneas, asocia la existencia de las estructuras criminales con actos políticos de la oposición sobre la cual, además, ha dicho, insistentemente, que será “derrotada en las urnas”.

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No había reparado esa asociación que usted resalta. Para serle franca, me sorprende un poco…

No afirmo nada específico. Simplemente anoto que, teniendo en cuenta el agresivo discurso presidencial, no sería extraño que Petro entrara en el llamado registro de terroristas de Colombia, de modo que podría ser perseguido o sancionado aquí o en el marco internacional. De ese modo, el Gobierno nacional estaría articulando sus intereses con los políticos e ideológicos de Trump y Netanyahu. En esa persecución se estarían entremezclando – aunque parezca increíble – posiciones frente al conflicto colombiano o al Acuerdo de Paz, con asuntos tan disímiles y distantes como el conflicto palestino-israelí. Y el afectado no solo sería el expresidente Petro: también su bancada y los miembros del Pacto Histórico, a algunos de los cuales se les ha notificad, que el gobierno Trump les retirará la visa. Cabe preguntarse, si amenazan con la visa, qué otras sanciones les aplicarían si consiguieran ponerlos en listas de terroristas.

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El estatuto que propondrá el Gobierno al Congreso, imita las medidas adoptadas por el gobierno Trump en varios sentidos. Y, también, en el hecho de que una persona que presuntamente haya cometidos delitos conexos con terrorismo en el exterior, pueda ser castigada en Colombia. Hasta ahora, la extraterritorialidad de la justicia se aplica, en casos muy definidos, y en tribunales internacionales para crímenes de guerra y de lesa humanidad. ¿Para qué se incluiría esa pretensión?

El principio de extraterritorialidad, en derecho, es un recurso complejo de utilizar y debe tener una carga probatoria exigente en el sistema internacional de justicia. De nuevo hay que insistir en que quien comparece ante esas instancias, tiene la garantía de controvertir las pruebas y contar con el debido proceso. En el caso de las listas antiterroristas, estamos, por el contrario, en un escenario parcializado y netamente político. La pretensión que usted señala, apunta a la misma intención que hemos comentado: la de que los gobiernos puedan someter a sus opositores o a quienes, en general, tengan ideologías contrarias a las suyas, mediante denuncias y acusaciones falsas pero aparentemente jurídicas.

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Entonces, también se comprende que, a pesar de que parezca ilegal e incluso irresponsable, el estatuto propuesto intente igualar el grave tipo penal de secuestro, con un cerco momentáneo que hagan los grupos de manifestantes (sobre todo, de comunidades indígenas), sobre miembros de la fuerza pública, o con el “despojo de su armamento”. Esa extensión del delito de secuestro, ¿es legal o criminaliza determinadas situaciones nacidas de las tensiones momentáneas que surgen durante las protestas de civiles?

Esa propuesta se dirige, específicamente, al conflicto social que enfrentan las comunidades indígenas en diferentes zonas del país las cuales, ante presuntos casos de abuso de la fuerza estatal, han cercado a los militares hasta cuando hacen presencia, en el sitio del cerco, entidades como la Defensoría del Pueblo o la Cruz Roja Internacional. Ni de lejos se trata, como pretende hacerlo creer el texto del borrador del estatuto, de un delito de secuestro sino lo contrario: es una instancia de espera que los manifestantes usan como contención a los enfrentamientos y como pausa mientras llegan organizaciones humanitarias que privilegian el diálogo. Pero si termina penalizándose y criminalizándose ese acto civil de los manifestantes, podrían llegar a incrementarse las infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

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“El populismo punitivo tiene la ‘ventaja’ de que mueve emociones”

En el proyecto de Estatuto Antirrorista se regresa a la modalidad del aumento de penas para delitos relacionados; la ineficacia de esa medida ha sido documentada por expertos juristas ¿El incremento de años de cárcel es útil para desestimular la comisión de ciertas conductas? O, ¿se trata de producir temor como modo de contener a los afectados y sus movimientos?

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Más que tener una función disuasiva, en el caso de ese estatuto antiterrorista, el aumento de penas se puede definir como populismo punitivo. Recuerde que el presidente De la Espriella, en campaña, ya estaba construyendo un discurso de mano dura, de aumento de penas, de megacárceles con medidas extremas de aislamiento, etc. Ese discurso produce gran simpatía sin que le exija mayor sustento técnico o sin que importe que las investigaciones académicas sobre criminología penal, lo contradigan con evidencia científica. El populismo punitivo tiene esa ‘ventaja’: no debe soportarse en estudios o informes serios, sino que, simplemente, mueve emociones. De la Espriella sabe lo que una gran audiencia quiere escuchar. Desde este punto de vista, el llamado estatuto antiterrorista puede tener acogida entre sus electores.

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Comentarios
  • Pipo Solarte(exbqo)•12 de octubre de 2026 – 10:55
    El terrorismo al libre albedrio de ADLE será usado como arma legal para escudar la persecución contra todos sus enemigos incluida la prensa que empieza a investigar las irregularidades cometidas en su gobierno y el rabo de paja que trajo como abogado defensor de estafadores, testaferros y asesor y admirador de paramilitares, además de virrey incondicional de Trump.
  • CARLOS(lcggj)•12 de octubre de 2026 – 10:11
    El concepto de "TERRORISMO", ha sido difícil de precisar, tan complicado lo ha sido que, ni la ONU, ha podido hacerlo. Así que, especificarlo y dotarlo de normas en sociedades democráticas nacionales, debe ser producto del CONSENSO NACIONAL, y nunca de la decisión de un gobernante de turno o de un gobierno en particular, porque un DICTAMEN UNILATERAL, puede prestarse para la violación de derechos individuales y colectivos, de personas e instituciones inocentes.
  • antonio(7747)•11 de octubre de 2026 – 14:12
    Cuól es el miedo a salir a marchar, a protestar en forma pacífica, como lo hicimos millones de colombianos a nivel nacional e internacional en el 2008 en contra de las farcs. Se protestó en forma pacífica y todos regresamos a casa sin inconvenientes. Por eso Cepeda en aquella ocasión no apoyó la marcha. Cuando son Petro, Bolivar o Cepeda que convocan a las marchas sabemos en que terminan. esa es la verdad. Puede haber leyes severas pero sino las viola no hay nada que temer.
  • Álamo(88990)•11 de octubre de 2026 – 14:04
    Aberrado cerebro el que maquina tal ‘estatuto’: hartos ejemplos de barbarie tenemos gracias a este vicio propio de vengadores, más que de una acción política bien entendida contra la delincuencia.
  • Rolando Antiú(17605)•11 de octubre de 2026 – 13:01
    Otra vez los "Falsos Positivos". El ejército asesinó a Keinar Banguera un joven inocente y desarmado. Eso es Apetardo de la Espriella y su peligroso gobierno.
  • Brayan Tibocha(jbw8b)•11 de octubre de 2026 – 12:36
    Sylvia; la que debe serenarse es usted. Además no hay tal "señor que dice ser presidente": ABELARDO DE LA ESPRIELLA ES El PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, así le duela a la mamertada y zurdas como usted Sylvia. Sin embargo, agradezco la decencia de su respuesta. La mayoría de la mamertada contesta con insultos y falacias ad hominem. Sólo utilizo sus mismas herramientas conceptuales. Respecto a la Tascón: siempre me produce vómito.
  • omar(21443)•11 de octubre de 2026 – 11:45
    Abelardo, es un dictador quiere gobernar Colombia como Kim jong II gobierna Corea del Norte, esta imitando lo que dice combatir.
  • Brayan Tibocha(jbw8b)•11 de octubre de 2026 – 11:26
    Y por supuesto, este artículo tenía que originarse en la defensora del tusi cocaíno borrachín y de los narcoterroristas: la infame postrada ante la delincuencia Cecilia Orozco Tascón, quien se miente a sí misma poniendo una foto de cuando tenía 30 años. Ahora, en su sesenta y tantos, esa foto no refleja la sima de podredumbre moral y física que ha alcanzado.
  • CarlosA(9314)•11 de octubre de 2026 – 11:23
    como que vamos cu.. pal estanco
  • Brayan Tibocha(jbw8b)•11 de octubre de 2026 – 11:16
    Sale la criminal mamertada a defender a los genocidas asesinos de colombianos inocentes.
  • Ray(lfa1s)•11 de octubre de 2026 – 11:01
    Valiosísimo aporte al conocimiento sobre este proyecto político que es semejanza del americano presidido por Trump, y en colombia impulsado por el ciudadano americano. ¡Malhaya sea el estado de la soberanía!…
  • Daniel Andrés(51654)•11 de octubre de 2026 – 10:58
    Muy oportuna y clara la entrevista. Gracias.
  • Carmina Burana(35654)•11 de octubre de 2026 – 10:49
    Shhhito
  • juan guillermo(22753)•11 de octubre de 2026 – 10:46
    Jgcanob El asalto a la humanidad colombiana lo que prepara el que juró lealtad a USA
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