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En la jornada de este lunes, las medidas antitabaco tuvieron un duro revés al caerse en primer debate el proyecto de ley que buscaba aumentar el impuesto a los derivados del tabaco (entre ellos el cigarrillo), para así desincentivar su consumo. La Comisión Tercera de la Cámara avaló la ponencia negativa al proyecto que buscaba implantar un tributo de $6.000 por cajetilla de cigarrillos.
Fue un duro golpe a los intentos por desincentivar el consumo de tabaco, pero este martes hay una nueva oportunidad para controlar este tipo de productos, esta vez en la Comisión Séptima de la Cámara. Allí se discutirá, en tercer debate, el proyecto de ley que busca reglamentar la venta y consumo de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros nuevos sistemas relacionados con el tabaquismo.
Este proyecto, que tuvo el aval del Senado, llega con un ambiente difícil, pues la mayoría de los temas están volcados a la contingencia del coronavirus y habría presión para reducir su efectividad. Y es que esta iniciativa, cuyos ponentes en Cámara son los representantes Norma Hurtado y Henry Fernando Correal, busca que este tipo de productos tengan el mismo tipo de restricciones y categorización que el cigarrillo, al incluirlo en la ley antitabaco (ley 1135 de 2009).
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Este diario pudo conocer la ponencia que se discutirá este martes en comisión. Allí queda consignado que los cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas, a pesar de reconocerse su menor concentración de sustancias tóxicas, pasarían a ser considerados al mismo nivel que el cigarrillo y otros derivados del tabaco con altas restricciones debido a su toxicidad y sus productos altamente cancerígenos, tanto para sus consumidores activos como pasivos.
El proyecto incluye para control del tabaquismo todos aquellos sistemas electrónicos para fumar o vapear que suministren o no nicotina. Bajo esta premisa, el articulado a discutir este martes establecería de ser aprobado que, al igual que el cigarrillo y otros productos del tabaco, los cigarrillos electrónicos y vapeadores no podrían ser vendidos a menores de edad y no podrían ser usados por esta población.
Esta medida incluye que se pida cédula a los compradores de estos productos e “indicar bajo un anuncio claro y destacado al interior de su local, establecimiento o punto de venta la prohibición de la venta de productos de tabaco, sus derivados, Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Similares Sin Nicotina(SSSN), Productos de Tabaco Calentado (PTC), sucedáneos o imitadores a menores de edad”.
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Bajo esta misma premisa, de que el cigarrillo electrónico y los vapeadores están al mismo nivel que el cigarrillo, se prohibiría en el país cualquier anuncio que haga mención a estos productos y sus marcas. Asimismo, se prohíbe que haya máquinas expendedoras de estos productos o de sus cartuchos de recarga y se establece que su venta debe ser bajo control, como actualmente ocurre con los cigarrillos en los supermercados y en otras tiendas de cadena.
Las medidas contempladas por el proyecto de ley también señalan que los sistemas para fumar o vapear y sus cápsulas o cartuchos deben tener un registro del Invima, así no sean implementos médicos. Para obtener este registro, los importadores tendrá que entregar una descripción detallada, lista de ingredientes y concentración de nicotina y una análisis toxicológico de los ingredientes del producto.
Al quedar en la misma categoría que otros productos del tabaco, el cigarrillo electrónico y los vapeadores tendrían las mismas restricciones de consumo que el cigarrillo convencional, es decir: entidades de salud, instituciones educativas, museos y bibliotecas, establecimientos con menores dedad, transporte público y privado, entidades públicas y privadas, áreas donde el consumo de estas sustancias sea de alto riesgo y espacios deportivos y culturales. Curiosamente, este proyecto tumbaría la prohibición para fumar en espacios comunes de propiedad horizontal.
Al igual que las cajetillas de cigarrillos convencionales, los cigarrillos electrónicos y sus repuestos deben tener empaque que no sean atractivos a los menores, no deben sugerir “que fumar contribuye al éxito atlético o deportivo, la popularidad, al éxito profesional o al éxito sexual”; y no deben tener expresiones como light, suaves, ligeros, o similares. De igual manera, las cajetillas de estos productos deben tener advertencias y pictogramas que hagan visible el riesgo que se corre al consumirlos.
En una línea similar, debido al aspecto adictivo de la nicotina, este tipo de productos debe especificar que está “diseñados para entregar nicotina” y que esta es una sustancia adictiva que está prohibida para el uso y consumo de menores de edad. En el caso de vapeadores que no tienen esta sustancia, la advertencia solo debe girar a que este tipo de productos no son aptos para menores de 18 años.
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Otro aspecto llamativo es que estos elementos se incluyen en el listado de aquellos que no pueden ser promocionados de ninguna manera a través de medios masivos, incluyendo las redes sociales. Este apartado es de suma importancia pues una gran cantidad de los llamados influencers han promocionado cigarrillos electrónicos, vapeadores y similares a través de sus cuentas de redes sociales. Incluso esta fue una de las estrategias usadas para su mayor difusión.
Aunque este proyecto está enfocado principalmente en regular el consumo, la iniciativa busca prohibir del todo los cigarrillos electrónicos y vapeadores con sistema abierto. Estos son aquellos a los que debe recargarse a través de líquidos y no cartuchos o similares. La razón de querer proscribir estos sistemas, según uno de los ponentes, es que se busca evitar casos como el de los jóvenes en Estados Unidos que tuvieron afecciones pulmonares por usar aceites de cannabis en estos artefactos.
Esta ponencia cuenta con el aval del Ministerio de Salud, sobre todo en el aspecto de las advertencias sanitarias. “Esta dependencia destaca y celebra la propuesta relacionada con el aumento del tamaño de las advertencias sanitarias, teniendo en cuenta la inminente necesidad de actualizar la legislación doméstica en este aspecto puntual de la política pública de control de tabaco”, reza un concepto de esta cartera, en el que se centra en los efectos positivos que ha tenido las advertencias para desincentivar el consumo de cigarrillos y similares.
La justificación de este proyecto, según los ponentes, parte de que, a pesar de que este tipo de productos son menos nocivos en comparación al cigarrillo, aún tienen altos niveles de sustancias cancerígenas. Además, terminan siendo la puerta de entrada al cigarrillo debido a que se genera la misma dependencia a la nicotina. La regulación también es necesaria, justifican, debido a que menores de edad y jóvenes tienen acceso a estas sustancias sin mayores controles, a pesar de tener contraindicaciones en esta población.
El sector tabacalero, que le ha apostado a este nuevo mercado ante las crecientes restricciones al cigarrillo, señaló en la discusión de este proyecto que recibía de buen modo la regulación, pero que debería hacerse a través de una ley diferenciada que separe el cigarrillo y el tabaco de este tipo de productos.
“Es imprescindible diferenciar al tabaco de estos productos, y por lo tanto, es fundamental buscar una regulación balanceada y que responda a un debate informado. En este sentido sugirió que la publicidad se preserve porque el público consumidor tiene derecho a estar informado”, señaló el representante de la British American Tobacco durante la audiencia pública de este proyecto.