"Lo ocurrido es una expresión de totalitarismo": Diego Martínez, asesor jurídico de la FARC

Uno de los creadores de la JEP considera como un acto totalitarista y una agresión al derecho de la libertad de expresión que le hayan prohibido viajar a cumplir con una cita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. / Cristian Garavito - El Espectador

Hagamos un recuento de los hechos. ¿En qué momento le dijeron que no podía viajar?

Me notificaron en el momento en que estaba haciendo el check-in. En el counter pasé mis papeles y el pasaporte, y ahí me dijeron que tenía una "anotación" y que por ello debía ir a servicio al cliente de la aerolínea. Ahí me dijeron que debían llamar a la Embajada de los Estados Unidos en Colombia porque necesitaban pedir autorización para que yo pudiera viajar. En ese momento, la embajada dijo que no me podían dejar subir al avión. Pero, todo eso fue en aeropuerto y no en la sala de espera ni nada de eso. Quien me prohibió abordar fue Avianca, previa llamada a la embajada. 

¿Dieron razón de por qué la prohibición? El Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos del que tu haces parte expresó en un comunicado que había sido por el "itinerario de viaje"...

No, ellos no la dan, solo que me tenía que comunicar con la embajada. Sobre el itinerario, es una equivocación, no creo que haya sido por eso. Yo en Washington iba invitado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y luego en Nueva York me iba a reunir con el departamento de política del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Allí también me iba a ver con unos colombianos por la paz. Me regresaba el sábado a primera hora. 

Entonces, ¿Tu visa en este momento está cancelada?

A mí no me lo han notificado. Ahora, lo que hubo fue una prohibición del viaje. Ahora, entiendo que esto es una modalidad que tiene el gobierno americano en publicar gente en listas y que ponen en observación por diferentes circunstancias. Tal vez a mí me pondrán en una de esas porque soy asesor jurídico de la FARC. Pero esas listas, me explicó un abogado constitucional, son ilegales, pero aquí lo están haciendo, creería. 

¿Y ya te comunicaste con la embajada americana para entender quizá qué pasó?

Seguramente tengo que hacerlo. Pero, realmente, luego de que me dijeron que no podía subir y después de escuchar que al gobernador Camilo Romero le cancelaron su visa pues tomé la decisión de dejarlo hasta ahí por el momento. Yo no estaba haciendo algo ilegal, iba a una tarea propia de la implementación del Acuerdo Final. Es decir, me iba a reunir con las autoridades que legítimamente verifican lo que está pasando con lo pactado. Y esas dos autoridades son: el Consejo de Seguridad de la ONU y en temas de derechos humanos la CIDH, avalado por la Constitución como un mecanismo propio. 

En ese sentido, yo no tengo por qué ir a hablar con nadie porque mi labor era propia de mi rol como asesor jurídico y como abogado. 

Entonces, ¿usted cómo lee esa decisión que le impidió cumplir con su trabajo?

Para mí lo ocurrido es una expresión de totalitarismo. Es decir, que no te dejen salir del país para cumplir una labor en torno a los derechos humanos, en un órgano de derechos humanos es una clara obstrucción de lo que hacemos los defensores de la paz. 

Yo soy abogado de Dimar Torres y su familia, excombatiente que fue asesinado por un cabo del Ejército. Entonces iba a llevar ese y otros casos sobre el asesinato a exguerrilleros. Es que van más de 140 muertos. Y la justicia colombiana no investiga de manera rápida , gran parte de las cifras que presenta la Fiscalía son falsas. La afirmación de que esa entidad ha esclarecido el 50% de los casos es falso: solo hay 17 sentencias en más de 140 homicidios. El panorama es bastante complejo y muestra, evidentemente, un estado de incumplimiento, no del Acuerdo de Paz, sino de los deberes ante la convención americana en la que el Estado Colombiano se compromete a proteger sus ciudadanos. Critican a Cuba, a Venezuela, pero están haciendo lo mismo. 

¿Pero, qué país  crítica? ¿Estados Unidos o Colombia?

Es una obstrucción de sectores a los defensores de derechos humanos. Repito: es una práctica recurrente y que de hecho se utilizó en el gobierno de Álvaro Uribe. En esa época se dieron muchas denuncias de defensores a los que no dejaron ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que no denunciaran. 

Evitar que la gente se exprese es una afectación grave al derecho de libertad de expresión. Es terrible que sectores de otro país estén haciendo esto. Alguien tiene que denunciar. 

¿Desde el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos y el partido FARC se pronunciarán al respecto? Más allá del comunicado, ¿tomarán alguna medida?

El tema ya se le comunicó a la CIDH y al Consejo de Seguridad porque claramente es una violación a los mandatos del Acuerdo, firmado entre dos partes con derecho a asesores y representantes y yo asumo esos roles para una de las partes. 

Mi labor, entonces, no es ir a denunciar al Gobierno Duque, ni decir que este gobierno está mal. Por el contrario. Mi responsabilidad es sugerir a las entidades internacionales acciones para ayudar y mejorar las prácticas que pueda tener el Estado sobre este tema. Si se está viendo como una labor de cabildeo para hablar en contra de esta administración, aclaro que no es así. Por lo demás, son medidas dispuestas en lo pactado para llamar a los organismos internacionales a efectos de poder solucionar el fenómeno de los asesinatos. 

Finalmente, ¿la información que usted iba a compartir con los organismos internacionales la va a divulgar en otros espacios?

A los encuentros en Estados Unidos alcanzaron a llegar dos personas. La idea es que hoy se haga una audiencia a las 10 de la mañana en Washington para denunciar estos atropellos  y arbitrariedades. Porque las invitaciones que hace el CIDH son coordinadas con el departamento de estado de EE.UU.

En ese sentido, el problema realmente no ocurrió allá, sino con sectores de acá.