Lo que hay detrás de la ñeñepolítica
La relación entre narcotraficantes, grandes ganaderos y políticos no es nueva en las regiones del país y no empieza ni acaba con el Ñeñe o con el uribismo.
Mónica del Pilar Burgos*
Es paradójico que el escándalo de la ñeñepolítica se haya centrado, sobre todo, en los posibles nexos del difunto ganadero con la campaña presidencial de Iván Duque y el uribismo.
Las élites regionales que se mueven entre el narcotráfico, el paramilitarismo y la concentración de la propiedad rural, surgieron antes de Uribe y se han acomodado a distintos gobiernos presidenciales, inclusive al de Juan Manuel Santos.
De hecho, la historia reciente de los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena está plagada de “ñeñes”, que aparecen con frecuencia en diferentes coyunturas pre o poselectorales. ¿Qué tienen en común esas zonas y a qué se debe su relación con ese fenómeno?
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Concentración de la tierra y ganadería extensiva
Para empezar, estos cinco departamentos tienen una marcada concentración de la tierra. Según las estadísticas del 2009 sobre distribución de la propiedad rural en Colombia, en estos departamentos la gran propiedad (predios de más de 2.000 hectáreas) se encuentra concentrada en el 1,63% de propietarios, mientras el minifundio (predios entre 1 y 10 hectáreas) centraliza el 98,35% de los propietarios.
Ligado a lo anterior, estos territorios se caracterizan por tener modelos de producción asociados a la agroexportación y, sobre todo, a la ganadería extensiva. Según el informe “Radiografía de la Desigualdad” realizado por Oxfam sobre la base del Censo Nacional Agropecuario de 2014, en Colombia había 15 millones de hectáreas con vocación del uso del suelo para ganadería, pero en realidad 34,4 millones eran usadas para ese propósito. En contraste, 22 millones de hectáreas estaban dispuestas para agricultura, de las cuales solo 8,5 millones se encontraban en uso.
La Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) reportó para 2019 un total de 623.794 predios con bovinos, de los cuales 93.071 se encuentran en los cinco departamentos en cuestión.
Lea también: Los testimonios que hay contra los policías que interceptaron al “Ñeñe” Hernández
Paramilitarismo y despojo
Además de la alta concentración de la propiedad rural, los cinco departamentos presentan altas cifras de víctimas de despojo o abandono forzado de tierras, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). En total, los cinco departamentos suman 8.132 víctimas de despojo o abandono forzado.
Esto estaría asociado con la fuerte penetración del paramilitarismo en la región caribe. Las Autodefensas y los políticos y empresarios que las auspiciaron son responsables de desplazamiento, despojo y acaparamiento irregular de predios. Además, existe una amplia evidencia judicial que reposa en las sentencias de Justicia y Paz, y en ciertos fallos de la jurisdicción de restitución de tierras que vinculan a ganaderos o empresas ganaderas como terceros de mala fe que ocuparon o explotaron económicamente predios que fueron denunciados como abandonados forzadamente o despojados.
Así lo demuestran las quince Sentencias de Justicia y Paz que conectan a 36 ganaderos y agremiaciones ganaderas con grupos paramilitares bajo señalamientos tales como: participación en reuniones fundacionales; financiación y promoción de las estructuras armadas ilegales; habilitación logística, etc.; y ser destinatarios de tierras despojadas.
Ganadería y parapolítica
Así mismo, 20 Sentencias de Justicia y Paz prueban los vínculos que existieron entre 108 líderes políticos de estos cinco departamentos con grupos de autodefensa. Una posible explicación de la parapolítica en los departamentos con predominio del latifundio ganadero es la naturaleza misma de esa actividad. La hacienda ganadera produce alta concentración de tierra, no emplea de mano de obra intensiva y tampoco se integra de lleno al mercado global de bienes y servicios. Esto les impide a los políticos de origen ganadero tener la suficiente influencia sobre los votantes —que en su mayoría viven en los cascos urbanos de las ciudades—.
En ese sentido, muchos políticos tienen incentivos de acudir a prácticas ilegales como la financiación de campañas por parte de narcotraficantes, la compra de votos y el constreñimiento al votante para poder ganar elecciones. A esto se suman casos como el de Salvatore Mancuso, Jorge 40, Juan Francisco Prada Márquez y Roberto Prada Gamarra, hombres provenientes de familias tradicionalmente ganaderas que posteriormente se convirtieron en líderes y comandantes de grupos paramilitares.
De hecho, en estos departamentos se han consolidado extensas redes de parentesco que dominan la política y el Estado en lo local. Familias como los García o los Guerra de la Espriella, han tenido el control de la burocracia y de las facciones partidistas en Córdoba, Bolívar y Sucre. Igualmente, la amplia red familiar de los Gnecco Cerchar logró reproducir su poder político a través del clientelismo, el vínculo con grupos armados ilegales y la concentración de la propiedad rural. Estas redes han cooptado las instituciones y han obstaculizado cambios reales en la administración del Estado.
¿Quién será el próximo ñeñe?
Desde hace décadas, han aparecido con frecuencia otros “ñeñes”, entre ellos los hermanos Lucas y Jorge Gnecco Cerchar, empresarios agropecuarios que ocuparon cargos públicos, y que fundaron y auspiciaron los grupos paramilitares en el norte del país. Hay que recordar que el mismo clan Gnecco, como jefes de facción del Partido de la U en Cesar y La Guajira, y como “dueños” de varias curules en el Congreso, fueron determinantes para que Santos hubiese ganado con más del 60% de los votos a Óscar Iván Zuluaga en segunda vuelta del 2014.
Estas élites buscan siempre acomodarse al poder central del Estado, de ahí que el Ñeñe Hernández se ufanara de sus vínculos con generales, ministros y hasta el mismo presidente de la República. Solo basta esperar hasta las próximas elecciones presidenciales para que aparezca otro Ñeñe Hernández.
* Politóloga de la Pontificia Universidad Javeriana. Analista de Razón Pública.
Es paradójico que el escándalo de la ñeñepolítica se haya centrado, sobre todo, en los posibles nexos del difunto ganadero con la campaña presidencial de Iván Duque y el uribismo.
Las élites regionales que se mueven entre el narcotráfico, el paramilitarismo y la concentración de la propiedad rural, surgieron antes de Uribe y se han acomodado a distintos gobiernos presidenciales, inclusive al de Juan Manuel Santos.
De hecho, la historia reciente de los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena está plagada de “ñeñes”, que aparecen con frecuencia en diferentes coyunturas pre o poselectorales. ¿Qué tienen en común esas zonas y a qué se debe su relación con ese fenómeno?
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Concentración de la tierra y ganadería extensiva
Para empezar, estos cinco departamentos tienen una marcada concentración de la tierra. Según las estadísticas del 2009 sobre distribución de la propiedad rural en Colombia, en estos departamentos la gran propiedad (predios de más de 2.000 hectáreas) se encuentra concentrada en el 1,63% de propietarios, mientras el minifundio (predios entre 1 y 10 hectáreas) centraliza el 98,35% de los propietarios.
Ligado a lo anterior, estos territorios se caracterizan por tener modelos de producción asociados a la agroexportación y, sobre todo, a la ganadería extensiva. Según el informe “Radiografía de la Desigualdad” realizado por Oxfam sobre la base del Censo Nacional Agropecuario de 2014, en Colombia había 15 millones de hectáreas con vocación del uso del suelo para ganadería, pero en realidad 34,4 millones eran usadas para ese propósito. En contraste, 22 millones de hectáreas estaban dispuestas para agricultura, de las cuales solo 8,5 millones se encontraban en uso.
La Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) reportó para 2019 un total de 623.794 predios con bovinos, de los cuales 93.071 se encuentran en los cinco departamentos en cuestión.
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Paramilitarismo y despojo
Además de la alta concentración de la propiedad rural, los cinco departamentos presentan altas cifras de víctimas de despojo o abandono forzado de tierras, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). En total, los cinco departamentos suman 8.132 víctimas de despojo o abandono forzado.
Esto estaría asociado con la fuerte penetración del paramilitarismo en la región caribe. Las Autodefensas y los políticos y empresarios que las auspiciaron son responsables de desplazamiento, despojo y acaparamiento irregular de predios. Además, existe una amplia evidencia judicial que reposa en las sentencias de Justicia y Paz, y en ciertos fallos de la jurisdicción de restitución de tierras que vinculan a ganaderos o empresas ganaderas como terceros de mala fe que ocuparon o explotaron económicamente predios que fueron denunciados como abandonados forzadamente o despojados.
Así lo demuestran las quince Sentencias de Justicia y Paz que conectan a 36 ganaderos y agremiaciones ganaderas con grupos paramilitares bajo señalamientos tales como: participación en reuniones fundacionales; financiación y promoción de las estructuras armadas ilegales; habilitación logística, etc.; y ser destinatarios de tierras despojadas.
Ganadería y parapolítica
Así mismo, 20 Sentencias de Justicia y Paz prueban los vínculos que existieron entre 108 líderes políticos de estos cinco departamentos con grupos de autodefensa. Una posible explicación de la parapolítica en los departamentos con predominio del latifundio ganadero es la naturaleza misma de esa actividad. La hacienda ganadera produce alta concentración de tierra, no emplea de mano de obra intensiva y tampoco se integra de lleno al mercado global de bienes y servicios. Esto les impide a los políticos de origen ganadero tener la suficiente influencia sobre los votantes —que en su mayoría viven en los cascos urbanos de las ciudades—.
En ese sentido, muchos políticos tienen incentivos de acudir a prácticas ilegales como la financiación de campañas por parte de narcotraficantes, la compra de votos y el constreñimiento al votante para poder ganar elecciones. A esto se suman casos como el de Salvatore Mancuso, Jorge 40, Juan Francisco Prada Márquez y Roberto Prada Gamarra, hombres provenientes de familias tradicionalmente ganaderas que posteriormente se convirtieron en líderes y comandantes de grupos paramilitares.
De hecho, en estos departamentos se han consolidado extensas redes de parentesco que dominan la política y el Estado en lo local. Familias como los García o los Guerra de la Espriella, han tenido el control de la burocracia y de las facciones partidistas en Córdoba, Bolívar y Sucre. Igualmente, la amplia red familiar de los Gnecco Cerchar logró reproducir su poder político a través del clientelismo, el vínculo con grupos armados ilegales y la concentración de la propiedad rural. Estas redes han cooptado las instituciones y han obstaculizado cambios reales en la administración del Estado.
¿Quién será el próximo ñeñe?
Desde hace décadas, han aparecido con frecuencia otros “ñeñes”, entre ellos los hermanos Lucas y Jorge Gnecco Cerchar, empresarios agropecuarios que ocuparon cargos públicos, y que fundaron y auspiciaron los grupos paramilitares en el norte del país. Hay que recordar que el mismo clan Gnecco, como jefes de facción del Partido de la U en Cesar y La Guajira, y como “dueños” de varias curules en el Congreso, fueron determinantes para que Santos hubiese ganado con más del 60% de los votos a Óscar Iván Zuluaga en segunda vuelta del 2014.
Estas élites buscan siempre acomodarse al poder central del Estado, de ahí que el Ñeñe Hernández se ufanara de sus vínculos con generales, ministros y hasta el mismo presidente de la República. Solo basta esperar hasta las próximas elecciones presidenciales para que aparezca otro Ñeñe Hernández.
* Politóloga de la Pontificia Universidad Javeriana. Analista de Razón Pública.