El representante Wilmer Carrillo Mendoza es una de las figuras más visibles del Partido de la U, pero también uno de los más cuestionados. Sobre él recaen varias investigaciones de la Corte Suprema de Justicia, la mayoría de cuando fue secretario de Infraestructura de Norte de Santander (2008- 2011), mientras William Villamizar era el gobernador.
Gánale la carrera a la desinformación NO TE QUEDES CON LAS GANAS DE LEER ESTE ARTÍCULO
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión para continuar
También será hasta dentro de poco el presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, la célula legislativa que investiga a aforados como el presidente o el fiscal general. Hasta que no se dé el cambio, previsto para los próximos días, Carrillo tiene la potestad para repartir discrecionalmente las investigaciones entre los miembros de esa comisión. Algunos de los representantes que la integran le dijeron a El Espectador que estaría acomodando los nombres para entorpecer los procesos.
(Lea: “Irene Vélez, junto a Camacho, estuvo en último consejo de ministros con Petro”)
Y es que Carrillo está bien rodeado, al menos en Norte de Santander. Este diario encontró que unos 13 de sus cercanos contrataron en ese departamento y dos más serían funcionarios actuales del Estado, específicamente de la Fiduprevisora, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y que se encarga del manejo y administración de los recursos asignados para cubrir desastres. Este medio ha intentado hablar en más de una ocasión con Carrillo, pero no ha respondido.
Esta es la segunda revisión que hace El Espectador a los integrantes de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Si bien no constituye un delito que un congresista tenga vínculos con funcionarios públicos o contratistas del Estado, sí es clave que se conozcan quiénes son sus allegados en estos cargos y que reciben dinero público, por un ejercicio de transparencia.
Aunque Carrillo ya fue absuelto de una de las investigaciones en su contra, pues la Corte determinó que no incurrió en alguna irregularidad en el trámite de un convenio; el pasado 12 de julio el alto tribunal le abrió otro proceso por presunto tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, delitos relacionados con supuestos hechos de corrupción entre 2016 y 2017. El expediente habla de posibles inconsistencias en negocios jurídicos del hospital regional del municipio de Abrego.
En ese centro médico hay por lo menos dos personas del círculo de Carrillo que firmaron convenios, algunos ya cerrados. Se trata de dos representantes legales de empresas de impresiones y publicidad que aportaron recursos para la propaganda electoral de la campaña de Carrillo a la Cámara en 2018 y 2022. De esos contratos, el más alto es por $66.666.200 y hay otro por $44.200.000. Los dos mencionados también han contratado con hospital local del municipio de Los Patios.
Durante el gobierno Duque es que aparece la mayor cantidad de vínculos, aunque El Espectador encontró a dos personas del grupo político de William Villamizar trabajando en el gobierno Petro, por medio de la Fiduprevisora: Edwin Alfredo González Rangel, exfuncionario de la Alcaldía de Los Patios, quien ahora es gerente de servicios en salud del Fondo del Magisterio (FOMAG), y Ramón Guillermo Angarita Lamk, vicepresidente de desarrollo y soporte organizacional y cercano al sector del exsenador Mario Said Lamk Valencia (Partido Político).
Al respecto, Jhon Mauricio Marín, presidente de la Fiduprevisora, negó el vínculo con Carrillo y dijo que los dos funcionarios “están en la entidad porque son de altísimo nivel y calidades excepcionales. No necesitan ninguna recomendación y menos presión política”, dijo a este periódico.
(Le recomendamos: “Gobierno Petro perdería el control de comisión clave para las reformas sociales”)
Los familiares de Carrillo
Los lazos de Carrillo también tocan a su familia. Su hermano, Diego Fernando Carrillo Mendoza, contrató tanto con el Ministerio del Interior, por $33.000.000, como con la Superintendencia del Subsidio Familiar (Supersubsidio), entidad adscrita al Ministerio del Trabajo, durante la administración de Iván Duque. También, por $25.000.000, con la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor), entidad encargada de la protección ambiental en Norte de Santander, al igual que con el municipio Villa del Rosario por $28.000.000 para la “prestación de servicios profesionales como ingeniero civil”. Cuando este diario le preguntó por los contratos, no ofreció respuesta.
Del círculo familiar, su hermano no es el único que contrató en el pasado tanto con el gobierno Duque como con la Gobernación de Norte de Santander. Su hija, Camila Andrea Carrillo, firmó dos convenios con el Ministerio del Trabajo y otros dos con el Ministerio de Transporte. Al igual que su tío, también suscribió un proceso con Corponor y otros 6 con la Gobernación de Norte de Santander durante la administración de Silvano Serrano (actual gobernador), el más alto por $31.500.000.
Hay que decir que desde el 2008, la gobernación de Norte de Santander ha estado en manos del grupo político de William Villamizar, que fue uno de los principales promotores de Carrillo a la Cámara y quien ha sido gobernador de ese departamento en dos periodos no consecutivos. Por su parte, el actual gobernador Serrano, aunque es del Partido Conservador, tiene cercanía con Villamizar y fue en 2008 el secretario general de esa administración; también coordinó su segunda campaña a la Gobernación.
Por otro lado, la actual esposa de Carrillo -según se puede constatar en redes sociales-, Alexandra Rubio Ropero, también figura con vínculos contractuales con los ministerios del Trabajo y del Interior en la administración de Iván Duque, así como con la Cámara de Representantes durante el periodo 2018-2022. Igualmente, suscribió contratos con la Corponor por $33.000.000, con el municipio Villa del Rosario por $28.000.000 y con la Gobernación de Norte de Santander en dos ocasiones. Ni la pareja e hija de Carrillo contestaron las llamadas y mensajes que dejó este medio de comunicación.
Adicional a eso, la Corte Suprema de Justicia informó en julio que abrió otra investigación contra Carrillo “por presunto contrato sin requisitos legales, enriquecimiento ilícito y violación de inhabilidades (…) Esto, por suscribir contrato cuando fue secretario de Norte de Santander con una empresa, cuyo socio era su cuñado”. Se trataría, según los expedientes, de Wilder Josué Pacheco Llain, hermano de Milady Pacheco Llain, la expareja del congresista y separados hace más 4 años, según nos confirmó ella misma. Wilder Pacheco tampoco respondió sobre ese proceso.
👁🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.
Los más altos
Por último, los que mayor cantidad de contratos han suscrito y por mayor valor son la empresa Eagle American de Seguridad Limitada, quien según los datos del SECOP ha contratado desde el 2020 con varios municipios de Norte de Santander, con la Gobernación y con entidades de esa región en 25 ocasiones, siendo el contrato más alto por $625.273.5802. La otra es Nelly Susana Rodríguez Santamaría, quien contrató en 8 ocasiones con la Gobernación y el más alto es por $800.000.000 para el “suministro de artículos de papelería e implementos de oficina”. Tanto la empresa mencionada, como Rodríguez donaron recursos para la campaña de Carrillo en 2018.
En Colombia ya empezaron las campañas electorales para las elecciones de octubre, en las que se escogerán nuevas autoridades locales, como alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles. El pasado 29 de julio se cerraron las inscripciones y William Villamizar nuevamente competirá por la gobernación de Norte de Santander, inscrito por firmas con el movimiento “Por amor a Nuestra Gente y al Norte”. Si queda electo, su proyecto político completaría alrededor de 15 años en el poder, desde que llegó a la gobernación en 2008.
👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.
Por Laura Duarte Sandoval
