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El escándalo político de inicios de julio corrió por parte del Centro Democrático y la financiación de la campaña del presidente Iván Duque en 2018. Ocurrió luego de que se conociera el contenido de las declaraciones que Nubia Stella Martínez, directora de la colectividad, y Luis Guillermo Echeverri, gerente de dicha campaña, entregaron a la Fiscalía dentro del proceso que se desarrolla por la denominada “ñeñepolítica”. Fue en ese espacio en donde se habló de una conversación que tuvieron Martínez y María Claudia “Caya” Daza, exmiembros de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del expresidente y senador Álvaro Uribe, en la que se habría tocado un asunto relacionado con financiación extranjera.
En concreto, se trata de un aporte de US $300.000 que llegaría por parte del empresario venezolano Oswaldo Cisneros, no directamente sino a través de sus socios en Colombia: la familia Ricaurte Silva. Según Martínez, en la conversación con Daza, ella no le estaba hablando de la entrega de ese dinero, sino dándole la hora de una reunión. Días después, el portal La Silla Vacía pudo constatar, luego de una revisión de las cuentas de la campaña de Duque, que la compañía canadiense de gas natural Canacol Energy, en la que Cisneros tiene una participación del 18 % y figura como miembros de la junta directiva, fue la que hizo dos aportes al Centro Democrático por $700.000 millones mediante la filial CNE Oil & Gas S.A.S.
Son esos números los que motivaron ayer la apertura de una indagación preliminar del Consejo Nacional Electoral (CNE) a la campaña de Duque para averiguar si en esa financiación hubo vulneración de las normas electorales, en una decisión ordenada por los magistrados Jaime Luis Lacouture, Virgilio Almanza y César Abreo Méndez, y que se convierte en un nuevo golpe político, al menos de opinión, contra el uribismo, a menos de una semana de que la Corte Suprema de Justicia dictara medida de aseguramiento en contra de Uribe por el proceso que le adelanta por presunto fraude procesal y soborno.
La diligencia plantea la citación de varias personas que hicieron parte de la campaña del hoy primer mandatario. En primer lugar, se citó a “Caya” Daza para que entregue testimonio sobre las conversaciones sostenidas con el difunto ganadero, cuestionado por narcotráfico, José Guillermo “Ñeñe” Hernández, en las que se habla, en el contexto de la segunda vuelta presidencial, de buscar una plata “para pasar bajo la mesa para soltarla en los departamentos”. Daza también deberá explicar otro diálogo con Martínez, directora del partido uribista, en el que se habla de los aportes de Cisneros.
De igual forma, fue citada la misma Martínez para explicar esas conservaciones, y Luis Guillermo Echeverri, en calidad de gerente de la campaña Duque, para que dé su versión sobre estos hechos. En ese sentido, también se le ha solicitado al Centro Democrático la copia de los soportes contables “con el fin de determinar la procedencia y cuantía de los aportes consignados en el reporte de ingresos y gastos de la campaña a la Presidencia de la República para el período constitucional 2018-2022”.
Por último, el CNE anunció que citará a la prófuga exsenadora Aida Merlano, que está en Venezuela, quien, en una entrevista con Semana a principio de año, habló de compra de votos para elegir a Duque y que todo el entramado de corrupción que la llevó a la cárcel, y por el que se indaga a varios políticos del Caribe, entre esos al hoy presidente del Senado, Arturo Char, tendría relación con la elección del jefe de Estado.
A las pocas horas del anuncio del CNE hubo respuesta del Centro Democrático. En un comunicado publicado por Nubia Stella Martínez en su cuenta de Twitter y distribuido por canales oficiales del partido, se señala que en todas las campañas ha habido apego a la ley en cuanto al manejo de recursos y que los controles para los ingresos provenientes de particulares, créditos gastos e inversiones han sido “severos”. “Reportamos todas las cuentas en los tiempos y condiciones establecidas por la ley (…) Nuestras cuentas fueron debidamente avaladas, registradas y certificadas por la autoridad electoral y han estado abiertas al escrutinio público”, enfatizó.
Por su parte, Luis Guillermo Echeverri evitó dar a El Espectador algún comentario y solo confirmó que reiteraba los comunicados que, respecto a estas acusaciones, ha publicado en el pasado. En uno de los más recientes, del 13 de julio, manifestó que, como gerente, fue el único responsable de las tres campañas de Duque: consulta, primera y segunda vuelta. “Las campañas y el partido que inscribe el candidato, en este caso el Centro Democrático, son entidades totalmente independientes jurídica, legal, financiera, administrativa y operativamente (…) el financiamiento de cada campaña es independiente y exclusivo de la campaña, tiene unos tiempos y unas reglas predeterminados por la ley y a eso se suman las políticas y reglas internas de las mismas”, dijo en su momento.
Sobre el anuncio de esta investigación también se pronunció el representante a la Cámara Édward Rodríguez, del Centro Democrático. “El que nada debe nada teme. Ojalá revisen a profundidad las cuentas de las campañas del presidente Iván Duque, que han sido honorables porque para nosotros los recursos públicos son sagrados y pulcros. Así que bien puedan auditar para que le devuelvan el buen nombre a una campaña transparente”, comentó. Ahora, lo que muchos se cuestionan es si la investigación del CNE en contra del presidente de la República tiene algún futuro, teniendo en cuenta el origen político de los magistrados que hacen parte del tribunal electoral, cuya conformación está ligada a los partidos y es el mismo Congreso el que los elige. De hecho, una revisión rápida del pasado de los magistrados permite ubicar sin mucho esfuerzo sus orígenes y sus apoyos.
Por ejemplo, Jaime Luis Lacouture, uno de los que hizo parte de la comisión instructora especial que abrió la indagación en contra de Duque, aspiró al Senado por el Partido Conservador en las pasadas elecciones y ha sido referenciado como una de las figuras claves en La Guajira del exsenador condenado por el caso Odebrecht, Bernardo “Ñoño” Elías. Por su parte, Virgilio Almanza llegó en reemplazo del exmagistrado conservador Heriberto Sanabria, fallecido en septiembre de 2019. Su elección se dio en un fuerte cotejo político en el que tuvo el apoyo de Cambio Radical, el Partido de la U y el Partido Liberal, mientras los conservadores reclamaban ese puesto “como derecho”.
El representante David Racero, de la Lista de la Decencia y uno de los denunciantes de Duque ante la Comisión de Acusación, comentó que no hay mucho optimismo y que tampoco se puede caer en ingenuidades. “El país sabe que el CNE no es una instancia judicial, sino política. De entrada, en su proceso de conformación arranca mal porque es un pulso de fuerzas políticas y no por el país”, señaló. Y como ejemplo de lo lento o nada que pueda avanzar un proceso allí, trajo a colación que cuando denunció a Duque ante la Comisión de Acusación, hace unos cuatro meses, también solicitó una investigación ante el CNE. El hecho que apenas se esté abriendo este proceso lo califica como una “estrategia dilatoria” por parte del tribunal electoral. Los resultados también son evidentes en las investigaciones a las campañas de 2014 a Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga.
Esa ha sido una de las razones por las que la modificación del método de conformación del CNE ha estado incluida siempre en las reformas políticas presentadas sin éxito en el Congreso. El ambiente que se siente en el mundo político frente esta indagación preliminar es que quedará en nada o su desarrollo se extenderá en el tiempo, con pocos resultados, lo que ratifica que el CNE aún no ha superado el desprestigio que pesa sobre sus hombros y que funciona más como una máquina para satisfacer la burocracia que como un verdadero tribunal electoral.