La exsenadora María José Pizarro se desmarcó de algunas acusaciones en su contra luego de que el Consejo de Estado le decretara muerte política al expresidente del Senado Iván Name en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres (Ungrd). Pizarro, que fue vicepresidenta durante la aprobación de la reforma pensional, aseguró que no tiene nada que ver en ese proceso que fue salpicado el ahora exsenador del partido Verde.
Así lo manifestó la excongresista en un comunicado en el que cuestionó las acusaciones en su contra y la vinculación en ese entramado de corrupción. "No permitiré que se me pretenda vincular impunemente con hechos en los que no tuve participación ni conocimiento alguno", dijo Pizarro en su comunicado en el que fue enfática en asegurar: "No tengo nada que ver con las actuaciones del señor Name".
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Y es que a Pizarro se le ha cuestionado por haber presidido al menos 14 de las 16 sesiones en las que se dio la discusión de la pensional en la plenaria del Senado. En ese periodo, segunda legislatura del Congreso comprendida entre julio de 2023 y junio de 2024, María José Pizarro fue primera vicepresidenta de esa corporación, razón por la que podía suplir la ausencia del entonces presidente Iván Name.
En efecto, la exsenadora ratifica su elección y asegura que la ley establece que "los vicepresidentes sustituyen al presidente en caso de ausencia o imposibilidad". Con ello insistió que "eso fue lo que hice, cuando correspondió, en numerosas sesiones del Senado, incluidas las del trámite de la Reforma Pensional, que estuvo marcado por dilaciones injustificadas para su inclusión en el orden del día, dificultades constantes para garantizar el quórum y reiterados retrasos".
Acto seguido remarcó que "mi desempeño en la Mesa Directiva fue institucional y está documentado en las actas y los registros audiovisuales oficiales del Senado". Por ende, remarcó que "cualquier discusión sobre mi conducta debe basarse en esas pruebas, y no en interpretaciones que excedan lo establecido en la decisión judicial. Que el fallo examine sesiones que presidí no significa que se me atribuya participación alguna en los hechos por los que el señor Name fue sancionado".
Finalmente pidió una actuación de las autoridades para que se esclarezcan los hechos en por los que Name, preso en medio de las acusaciones por la Ungrd, perdió su investidura. La decisión que se anunció la semana pasada responde a una demanda presentada por Juan Carlos Calderón España, en representación de la Veeduría Ciudadana Nacional Recursos Sagrados, quien buscaba que Name perdiera su condición de senador de la República para el período 2022-2026, al invocar la causal de tráfico de influencias.
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Según la acusación, en septiembre de 2023 Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), le ordenó a Olmedo López, director de la Ungrd, y a Sneyder Pinilla, subdirector de la entidad, conseguir y entregar COP 3.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name. El dinero, proveniente del contrato de los carrotanques de La Guajira, habría sido entregado en dos ocasiones, el 12 y el 13 de octubre de 2023, a través de Sandra Ortiz, consejera presidencial para las regiones, hasta la residencia de Name.
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