Más de 4.000 líderes sociales tienen medidas de protección, dice el Gobierno

Al término de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad convocada la noche de este miércoles por el presidente Iván Duque, el gobierno se comprometió a dar todas las garantías para evitar que se sigan cometiendo asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, afirmó que la principal causa de dichos homicidios es el aumento progresivo de los cultivos ilícitos en Colombia.

“El gran problema se deriva de las 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos que hay en Colombia”, dijo la ministra Gutiérrez. En ese sentido, agregó que el Ejecutivo, a través del Programa de Acción Oportuna, PAO, ya está tomando medidas para proteger a los líderes sociales. Por ejemplo, indicó que a la fecha hay más de 4.000 personas que cuentan con esquemas de protección individual y se han implementado 35 medidas adicionales de programas de protección colectiva.

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No obstante, la jefe de la cartera política aclaró que los cultivos ilícitos no son el único motivo que han podido establecer las autoridades para explicar los asesinatos. También apuntó que los conflictos de tierras, la lucha por el control territorial en donde es más activo el narcotráfico y la explotación minera ilegal son otros causantes. Los principales perpetradores de los homicidios son, según dijo, los Grupos Armados Organizados, GAO, como ‘Los Puntilleros’, ‘Los Pelusos’, el ‘Clan del Golfo’, la guerrilla del Eln y la disidencia de las Farc.  

Además, la ministra –quien está liderando la puesta en marcha del plan de protección para líderes sociales y defensores de derechos humanos-, explicó que el PAO funcionará desde tres componentes. El primero, según dijo, tiene que ver con el fortalecimiento institucional y la reingeniería de la Unidad Nacional de Protección; otro punto estará encaminado a la comunicación del plan en sí y, finalmente, la no estigmatización de ninguna clase de líder. En ese camino, funcionarios del gobierno, en coordinación con otras autoridades estatales, ya han visitado siete zonas que, en principio, son las que mayores niveles de riesgo han registrado.

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“Pretendemos con ello tener el componente de garantía de seguridad que, de acuerdo con la alertas de la Defensoría del Pueblo, el 40% de las recomendaciones van encaminadas a garantizar la seguridad derivada de la Fuerza Pública,  y una acción social que viene acompañada de instituciones, como el Sena, Bienestar Familiar, Invías, Unidad de Víctimas, entre otras entidades. Es decir, todo un paquete de trabajo colectivo”, anotó la ministra.

Polémica por el general Barrero

A raíz de la polémica que despertó la designación del general Leonardo Alfonso Barrero Gordillo como director del PAO, la ministra para la política salió nuevamente en su defensa, y afirmó que el general tiene todas las calidades para asumir tal rol, aunque precisó de qué está encargado concretamente.

 “Para quienes han tenido dudas sobre el papel del general Barrero, quiero decirles que él no es el director del plan. Su función ha sido de enlace en las acciones de seguridad con las Fuerzas Militares y de seguridad dentro de uno de los componentes del PAO. No tenemos estigmatizaciones con nadie, y lo más importante es que todos garanticemos la protección de nuestros líderes en Colombia”, señaló.

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La discusión alrededor de la designación de Barrero fue puesta sobre la mesa por parte de las principales plataformas de derechos humanos en el país, quienes consideraron que el general estaba “impedido moralmente” para asumir el cargo por supuestamente intentar obstruir investigaciones sobre casos de los denominados ‘falsos positivos’.