Mauricio Toro es recusado por ser gay en trámite de proyecto antidiscriminación

El ciudadano Jonathan Silva, autonombrado activista “pro-vida” y cristiano, presentó la recusación contra el representante al considerar que tiene un conflicto de interés para favorecer a la población diversa, a la que él represente.

07 de junio de 2022 - 06:07 p. m.
Mauricio Toro ha sido uno de los abanderados de los derechos de la población LGBTIQ+ en el Congreso.
Mauricio Toro ha sido uno de los abanderados de los derechos de la población LGBTIQ+ en el Congreso.
Foto: Óscar Pérez

En el mes del orgullo LGBTQ+, cuando más campañas antidiscriminación se promueven y se ven en medios de comunicación, publicitarios y de redes, en el Congreso, que se supone es el espacio para la defensa de las libertades individuales, el representante Mauricio Toro (Alianza Verde) fue recusado por su orientación sexual por un ciudadano en el trámite del proyecto que busca prohibir las terapias de conversión sexual.

La iniciativa estaba agendada en el primer punto de la Comisión Séptima de la Cámara y la sorpresa fue el documento de recusación que recibió la mesa directiva de la célula legislativa por parte de Jonatha Silva, autonombrado activista “pro-vida” y cristiano. Para Silva, el representante verde ha incurrido en un conflicto de intereses y planteó una iniciativa de carácter particular.

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“El texto propuesto por el ponente (Toro) no cumple lo establecido por interés general según jurisprudencia constitucional y contenciosa administrativa. Además, el proyecto solo beneficia las personas diversas como el representante y no establece los mismos estándares de protección a personas heterosexuales, ejemplo de esto es que la iniciativa no prohíbe los ecosieg (Esfuerzo de Cambio de Orientación Sexual, Identidad de Género o de Expresión de Género) para personas heterosexuales cuando las tratan de reconvertir en personas homosexuales”, dice en el documento de recusación.

Siguen los argumentos: “Preocupa sobremanera el manifiesto conflicto de intereses del ponente, el cual busca favorecer su diversidad sexual en el amedrento de las orientaciones sexuales diferentes a las de él. Toro coloca en estado de indefensión a ciudadanos no diversos, por intereses personales, lo cual no es solo inconstitucional, sino que raya en los principios orientadores de la función legislativa”.

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“Me están recusando por mi orientación sexual. Qué más acto de discriminación que esa, que yo no pueda debatir en el Congreso por ser gay, que yo no pueda presentar un proyecto de ley que proteja los derechos de la comunidad diversa que está sometida a la discriminación, a vejámenes, a electrocutamiento, mutilaciones, violaciones, a quemadas con ácido y baños de agua fría; que no puedo defender a la comunidad por la que me hizo elegir hace 4 años; que me recusen por ser quien soy”, dijo Toro durante el trámite del proyecto, el cual fue álgido por la desinformación que circuló.

El representante insistió que, en ese orden de ideas, las mujeres congresistas y feministas no pueden presentar proyectos de ley con interés particular en los derechos de las colombianas, como la de las víctimas, las emprendedoras, o que las comunidades negras e indígenas tampoco podrían buscar la protección de sus territorios, porque no apelan al interés general y porque son propuestas que terminarían beneficiando a la comunidad a la que se pertenecen las minorías.

De su lado, se puso el representante Jorge Gómez (Dignidad): “si el doctor Toro está impedido por su condición de homosexual, todos nosotros estaríamos impedidos, los heterosexuales, nadie podría votar ese proyecto, porque los heterosexuales también estaríamos impedidos”. Para Gómez, la posición de la mayoría de la comisión es retardaria y discriminatoria.

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A nivel constitucional, los derechos a la igualdad y no discriminación por condición de clase, religión, identidad de género u orientación sexual están protegidos y son considerados derechos primarios, junto a la vida y la dignidad. Además, hay un reconocimiento sobre la discriminación histórica y marginalización de minorías como las mujeres, afrodescendientes, indígenas y comunidad LGBTI+, por lo que los hace sujetos de protección especial.

Ante este hecho, Toro anunció que tomará acciones judiciales contra Jonathan Silva por difamación, injuria y calumnia. Además de la recusación por su orientación sexual, el representante reiteró que el ciudadano fue quien divulgó información falsa en sus redes en su contra y en contra del proyecto.

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Estos videos falsos, además de la recusación, torpedearon la discusión de la iniciativa que estuvo en el primer orden del día gracias al estatuto de la oposición. Para evitar que el proyecto que prohíbe las terapias de conversión fuera hundido en el marco de la polémica, la oposición se retiró de la comisión para disolver el quorum. Por ende, la proposición de archivo de la iniciativa no se pudo votar y el debate se retomará cuando la Comisión de Ética decida sobre la recusación que, a luz de la Ley 1482 de 2011, resulta discriminatoria.

De un lado de los sesgos, la representante Ángela Sánchez (Cambio Radical) dijo que el proyecto busca reformar el Código Penal sin hacerlo literal. “El delito de tortura y hostigamiento ya está en nuestro Código Penal, obviamente creo que todos los que estamos en esta comisión rechazamos cualquier tipo de tortura y violencia física y psíquica. Pero es que el articulado de este proyecto de ley no refleja lo que ha manifestado el autor del proyecto. Se está modificando la ley de salud mental y estamos cambiando el Código Penal colombiano y eso no lo habla en ninguna parte el proyecto. Habla de ecosieg. ¿Quién va a saber qué es ecosieg? Eso no está explicado en el título del proyecto”, expuso Sánchez como argumentos en contra.

Así mismo, cuestionó si actos de oración o consejos de personas naturales o jurídicos podrían terminar por penalizarse, si se considera como terapias de conversión. Pese a los reparos de las mayorías de la Comisión, Toro insistirá en el trámite del proyecto, especialmente en el mes del orgullo y volverá a acudir al estatuto de la oposición para agendar el debate antes del 20 de junio, cuando termina el mandato legal del actual Congreso.

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