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Al mismo tiempo que el presidente Gustavo Petro anunciaba en una ceremonia militar en Bogotá que sus dos alfiles más cercanos, Laura Sarabia y Armando Benedetti, quedaban por fuera del Gobierno, en Itagüí (Antioquia) sucedía un hecho sin precedentes. En la cárcel La Paz de ese municipio, se instalaba una mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y las bandas criminales de Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá. Aunque el hecho es de vital importancia, terminó aplastado en la agenda mediática por el enfrentamiento en el corazón del Gobierno.
Estos fueron cinco hechos claves durante la semana de la crisis que retoma El Espectador:
♦ Se instaló la mesa de paz entre el Gobierno y las bandas del Valle de Aburrá
Esta mesa busca el sometimiento de las estructuras armadas que han operado por décadas en Medellín y otros nueve municipios de la zona. Según las cuentas de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el proceso involucraría a unas 14.000 personas que pertenecen a entre 350 y 400 bandas y combos.
En la instalación se conocieron los nombres de los delegados del Gobierno para esas conversaciones: la senadora Isabel Cristina Zuleta, la excomisionada de la Verdad Lucía González, el exsecretario de seguridad de Antioquia, Jorge Mejía, y la lideresa comunitaria María Gisela Quintero.
También se conocieron los delegados de las bandas: Juan Carlos Mesa Vallejo (conocido como Tom), Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, conocido como Vallejo; Gustavo Adolfo Pérez Peña, Juan Camilo Rendón Castro, Albert Antonio Henao Avecedo, Freyner Ramírez García (Carlos Pesebre) y Mauricio de Jesús Morales Múnera.
♦ Fiscalía imputará a militares por masacre en Alto Remanso, Putumayo, en marzo de 2022
El ente investigador ya tiene certeza de que los uniformados que participaron de la acción militar terminaron ejecutando una masacre en la vereda Alto Remanso. El fiscal del caso ordenará la captura de 25 uniformados (un coronel, un capitán, un teniente, cuatro suboficiales y 18 soldados profesionales) para imputarles el delito de homicidio en persona protegida y pedirá que sean enviados a una cárcel de manera preventiva, mientras el proceso avanza.
Los hechos que investigó la Fiscalía sucedieron el 28 de marzo de 2022 por hombres que hacían parte del Batallón contra el Narcotráfico No. 3. En la mañana de ese día, el Ejército llegó a la vereda Alto Remanso de Puerto Leguízamo y ejecutó una operación militar en la que once personas resultaron muertas y al menos cuatro más heridas. El entonces comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, aseguró que se trató de una operación planeada por más de 15 días, dentro del respeto a todos los protocolos, y que además tenía un blanco identificado, que eran los líderes de la estructura 48 de la ‘Segunda Marquetalia’ (Comandos de la Frontera), conocidos como alias ‘Bruno’ y ‘Managua’.
Incluso, aseguró que el lugar donde se adelantó la operación era un centro de acopio, en donde se estaba negociando base de coca, y las personas muertas, incluido un menor de 16 años de edad, eran miembros del grupo ilegal. Sin embargo, pobladores, organizaciones de derechos humanos y posteriormente una investigación de El Espectador, quien estuvo en el lugar de los hechos junto con Vorágine y Cambio Colombia, demostró que en ese lugar se estaba llevando a cabo un bazar o un festival, en el que, se calcula, había más de un centenar de personas y que los fallecidos en realidad pertenecían a la comunidad.
En este artículo puede conocer los detalles.
♦ La jurisdicción agraria está a un debate en el Congreso de ser aprobada definitivamente
Colombia está a punto de tener una jurisdicción agraria dedicada a resolver los conflictos sobre la tierra. La Comisión Primera del Senado aprobó en penúltimo debate esta iniciativa, que era una deuda con la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC en 2016.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, describió así la importancia de lo aprobado: “Después de tantos años de olvido finalmente le ofreceremos a los campesinos y campesinas de nuestro país la posibilidad de resolver en derecho y con justicia esos pleitos de tierras que históricamente se han resuelto a bala”.
Una de las modificaciones que sufrió el proyecto en su paso por el Congreso y en acuerdo con las Altas Cortes del país es que no se creará una nueva corte en esta jurisdicción, sino que los órganos de cierre serán la Corte Suprema de Justicia para unos asuntos y el Consejo de Estado, para otros.
En este artículo encuentra los detalles.
♦ Proyecto que reconoce al campesinado colombiano también pasó a su último debate en el Congreso
La modificación a la Constitución Política de Colombia que reconoce al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección está más cerca de ser una realidad. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó por consenso con todas las bancadas este proyecto en su penúltimo debate y lo dejó listo para su última discusión en la plenaria de esa misma corporación.
Lo que hace esta iniciativa es modificar el artículo 64 de la Constitución Política para que quede allí contemplado que el campesinado es un sujeto de derechos y de especial protección constitucional.
Aunque en el texto la modificación es pequeña, significa un gran avance para el movimiento campesino del país, que ha venido reclamando esto desde hace años. Eliécer Morales, líder de la Asociación Campesina de Inzá, Tierradentro (ACIT) se lo había explicado así a este diario: “Lamentablemente, cuando se hizo la Constitución en 1991, hubo diferentes circunstancias que hicieron que el campesinado no pudiera incidir en ese acuerdo. Por eso fuimos uno de los sectores invisibilizados. Estamos pidiendo corregir esa falla en el reconocimiento”.
Sin embargo, en su paso por el Congreso, el proyecto ha perdido dos elementos claves: se eliminó la declaración del campesinado como “sujeto político” y se suprimió el inciso que integraba al Bloque de Constitucionalidad la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos.
Puede leer más sobre el tema en esta nota.
♦ La carta de la periodista Camila Zuluaga a Petro por hostigamientos a la prensa
Un video de la periodista Camila Zuluaga junto con su esposo y su hija de un año fue publicado en redes sociales. La grabación se hizo en inmediaciones de su residencia y se puso a circular con información falsa sobre su labor periodística. Para la comunicadora y reportera de Blu Radio el episodio es la gota que derrama la copa en relación con los hostigamientos de los que viene siendo víctima desde hace meses por ejercer su oficio y de los que responsabiliza directamente al presidente Gustavo Petro.
Así se lo hizo saber en una misiva que le envió directamente a la Casa de Nariño y que leyó este miércoles al aire en la emisora. Allí, denuncia que está “siendo objeto de seguimientos por parte de personas afectas” al proyecto político del presidente Petro.
Lo que sostiene Zuluaga en su carta es que el grueso de los ataques, así como el video publicado esta semana, viene de usuarios en redes sociales que son fervientes seguidores de Petro dedicados en dichas plataformas a atacar a quienes critiquen al presidente. Y, además, que lo harían alentados por la actitud de abierta confrontación del presidente con periodistas en Twitter.
En esta nota puede conocer la carta completa.