La ministra de Agricultura Cecilia López Montaño destacó el avance del proyecto de acto legislativo que busca reconocer al campesinado como sujeto político de derechos y como sujeto de especial protección. La iniciativa fue aprobada este lunes en su cuarto debate y queda a la espera de surtir cuatro debates más que le faltarían para hacerse realidad (por ser una reforma constitucional).
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A propósito de la aplastante votación (137 apoyos a la propuesta y solo dos votos en su contra) en plenaria de Cámara, López Montaño fue incisiva a la hora de describir lo que representa la iniciativa para la cartera que dirige y, en general, para todos los cambios sustanciales prometidos para este sector poblacional.
“En nombre del Gobierno y del Ministerio de Agricultura, quiero agradecerles este paso tan importante. Es un proyecto que le dará el marco constitucional a la política campesina, al desarrollo rural integral, a la reforma agraria, y para cumplir el punto uno del Acuerdo de Paz de La Habana”, expresó.
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En ese sentido, agregó que reconocer al campesinado como sujeto de especial protección, como establece la iniciativa, se paga una deuda histórica. “Este acto constitucional le impone al Estado el deber de garantizar de manera efectiva el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los campesinos. Tener un mandato constitucional al respecto le da una fuerza enorme a la política campesina, y nos acelera el proceso de reforma agraria con el que el Gobierno está completamente comprometido”, resaltó.
También, la ministra de Agricultura aseguró que el proyecto de reforma constitucional “no implica el debilitamiento de reconocimientos de derechos a otros sujetos de la ruralidad”, como son los grupos étnicos.
“Por el contrario: favorece el desarrollo y la creación de políticas en la ruralidad porque permite el tratamiento diferencial que el campesinado ha estado esperando”, reiteró.
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Por otro lado, aplaudió que en esta propuesta por fin Colombia acepte la declaración del Secretario General de la ONU llamada Derechos de los Campesinos y Otros Trabajadores Rurales, y que sea incorporada en el bloque de constitucionalidad.
“Es increíble que Colombia fuera uno de los pocos países que no acató y no aceptó, en su momento, la declaración de la Asamblea General. Esto era inconcebible. A pesar de que no es un tratado, para nosotros sí es muy importante porque obliga al Estado a asumir responsabilidades sobre los derechos del campesinado. Al ser parte del ordenamiento jurídico, se vuelve vinculante. Pasa de ser una norma blanda a ser obligatoria”, concluyó.
La decisión fue celebrada por otros, como Rodrigo Uprimny, abogado e investigador en Dejusticia:
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