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Tres meses después de haber derrotado en la plenaria del Senado una segunda moción de censura, con 55 votos a favor y 28 en contra, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, regresó este lunes al Capitolio para enfrentar un tercer intento, esta vez promovido por las bancadas de oposición en la Cámara de Representantes. El llamado se dio en la recta final de la segunda legislatura del Congreso y a pocos días de cumplirse dos años de la administración Petro, momento en el que se esperan cambios profundos en el Gobierno.
La moción también reflejó el momento de creciente tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues de hecho no es la única prevista para las próximas semanas, ya que también fueron llamados a responder por su gestión la ministra de la Igualdad y vicepresidenta, Francia Márquez; el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo; el ministro de Minas, Andrés Camacho; y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
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El caso de Velásquez llama especialmente la atención al tratarse del tercer intento por sacarlo del cargo. En líneas generales, los dos primeros debates estuvieron enfocados en las críticas por los ataques a la fuerza pública y el aumento de la criminalidad; sin embargo, en esta ocasión pasará al tablero por ocho problemas puntuales que, según la oposición, deberían generar su salida del Ejecutivo.
“Creemos que en materia de seguridad este Gobierno perdió el año y esperamos que el Congreso entienda lo mismo. En varios debates de control político le hemos entregado a los congresistas unas informaciones que les dan los elementos para que voten positivamente esa moción de censura”, le dijo a este diario uno de los citantes, el representante Julio César Triana, de Cambio Radical.
Los ocho problemas que enredan al ministro de Defensa
En primer lugar aparecen los cuestionamientos al proceso de paz total y la escalada terrorista de las disidencias de las Farc en Cauca y Valle. Los citantes al debate documentaron, entre enero y junio de este año, 20 ataques en la región que han dejado decenas de muertos, entre civiles y militares, además de desplazamientos y múltiples daños en infraestructura.
“La intensidad del conflicto armado en el Cauca ha llevado a medidas extremas en las escuelas, donde ahora se enseña a los niños cómo protegerse durante ataques armados. Este hecho resalta el deterioro en la seguridad del departamento y del país en general”, señalaron los 21 representantes que solicitaron la moción de censura.
Fue en este panorama, precisamente, que este domingo se reportó un ataque contra el padre de la vicepresidenta Márquez, que generó un rechazo generalizado de todos los sectores políticos y derivó en una reunión de ella con el presidente Petro en la que se habló de fortalecer la seguridad de los familiares de la también ministra de la Igualdad, pero así mismo la de todos los habitantes del Cauca.
Para ellos, la crisis se relaciona con la “fallida” implementación de la paz total del gobierno Petro, que se evidencia, según explican, en cifras como las 14 masacres y los 36 líderes asesinados en lo que va corrido de este año. A estos datos también le suman los del aparente crecimiento desbordado de los grupos armados, pues aseguran que el ELN pasó de 4.000 a 5.000 integrantes y el Clan del Golfo de 10.000 a 13.000.
En un segundo punto están las denuncias sobre las amenazas que han impedido a varios alcaldes despachar desde sus municipios, como sucede con Edson Perea (Río Iró – Chocó), Ider Álvarez (Playa de Belén – Norte de Santander), Yina Moreno (San José del Palmar – Chocó), entre otros. Todo esto aunado a los asesinatos de cuatro concejales desde enero hasta la fecha.
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Un tercer lunar con el que buscan poner contra las cuerdas al ministro Velásquez es el de las supuestas inconsistencias en cifras oficiales. Por ejemplo, advierten que mientras la JEP reportó 114 secuestros hasta el pasado mes de abril, el Ministerio de Defensa apenas tiene 78 casos. “Es evidente que hay un subregistro y una falta de coincidencia con las cifras”, dijo el bloque opositor.
En la lista de líos sigue la aparición de nuevos grupos armados y el estado de conflicto con ocho estructuras armadas que, al parecer, habrían aumentado sus niveles de beligerancia. Luego, en un quinto puesto, está la denunciada crisis de la flota aérea de la fuerza pública que, como lo contó El Espectador, deja una alarmante cifra de más del 60 % de las aeronaves sin capacidad de operación.
Toda la fuerza pública (Policía, Ejército, Armada y Fuerza Aérea), tienen 731 aeronaves en inventario, de las cuales solo 298 están operando, 223 están en mantenimiento y 210 más no están en uso por temas de antigüedad, falta de recursos o accidentes. Algunos casos preocupan más que otros, como el de los 20 helicópteros rusos MI-17, de los cuales 10 están en tierra por falta de mantenimiento, tres están en revisiones de rutina y dos fuera de circulación por accidentes.
De hecho, el tema de los accidentes será uno de los que más le cobrarán al ministro en el debate, ya que, según los citantes, la falta de inversión en la flota ha generado un deterioro de la misma que sería responsable de los siete accidentes aéreos que en los últimos dos años han dejado 24 militares muertos.
Al respecto, el Ministerio de Defensa ya aseguró que trabaja en la actualización de esos y otros equipos a través de un Conpes “ultrasecreto” por temas de seguridad nacional, que los accidentes no son un tema exclusivo de esta administración y que prepara una inversión de $229.000 millones para mantenimientos.
Los representantes también cuestionarán al jefe de la cartera por las que parecen ser las nuevas capacidades armamentísticas de los grupos armados ilegales, esto último en relación con los reportes de ataques con drones a la fuerza pública, pero también porque se ha visto que las disidencias tienen en su poder fusiles Barret.
Entre los argumentos de la moción también está que, mientras los grupos ilegales utilizan ese tipo de armas, la fuerza pública pierde terreno al tomar decisiones como romper la compra de armas a Israel. Según explicaron, la medida pone en riesgo 300.000 fusiles Galil, artillería autopropulsada y sistemas de defensa.
Por otra parte, el ministro será cuestionado por el convenio firmado para la atención de excombatientes de las Farc en el Hospital Militar, lo que para la oposición revictimiza a los uniformados en contacto. Por último, la plenaria pedirá explicaciones sobre las denuncias de una supuesta operación de inteligencia venezolana para perseguir a opositores. “Qué nos impide pensar que el dictador Nicolás Maduro puede ordenar la comisión de delitos a nivel interno para desestabilizar el orden interno del país empezando desde las ciudades principales”, señalaron los congresistas.
Antes de pasar a la plenaria de Cámara, donde primero está agendada la moción de censura contra el ministro de Salud, el ministro Velásquez fue llamado a otro debate de control político en el Senado, al que no asistió para darle prioridad a la moción de censura. Sin embargo, durante la sesión recibió fuertes cuestionamientos, especialmente por la violencia en el Cauca.
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“Esto no está ocurriendo en Israel, Palestina, Ucrania ni Rusia, está ocurriendo aquí, en el departamento del Cauca, que está sufriendo y que necesita la atención del presidente Petro que se la pasa viajando en Europa y que no puede hablar de las guerras, pues le queremos contar que en el Cauca hay una guerra que está cobrando vidas”, señaló la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.
Con esta serie de críticas, el ministro Iván Velásquez queda para muchos en la cuerda floja del gabinete, que está ad portas de un remezón antes del 20 de julio. Eso sí, es de resaltar que el presidente Gustavo Petro aseguró que medirá la efectividad de esa cartera de acuerdo al índice de homicidios o la interdicción, que según él van bien. Además, Velásquez es uno de los funcionarios del gabinete que más ha defendido directamente el mandatario. Aún así, todo indica que el ministro se jugará su continuidad en el primer círculo del Gobierno durante las próximas semanas.
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