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Los niños y niñas de Colombia, en muchas ocasiones, han sido utilizados por los políticos para sacar beneficios. Son la excusa perfecta a la hora de promover propuestas que, a pesar de que podrían resultar polémicas, innecesarias en muchos casos o hasta inconstitucionales, tienen gran apoyo porque, a decir verdad, muy pocos se atreven a oponerse con argumentos a una iniciativa en la que los menores sean el centro.
Hay muchos ejemplos que desmuestran que los niños son utilizados para fines electorales. Durante la campaña del plebiscito para la refrendación del Acuerdo de Paz con las Farc, salieron a relucir unas supuestas cartillas del Ministerio de Educación —que, según muchos de los "indignados", querían imponer en las aulas la llamada “ideología de género” y que resultaron siendo falsas y un montaje con un libro de contenido homosexual del autor belga Tom Bouden—, y las calles del país se llenaron de personas que salieron a defender a los niños.
Es así: la bandera política de “nuestros niños” es una constante en el escenario colombiano. Incluso, varios gobiernos, incluido el del presidente Iván Duque, han apoyado iniciativas en los que los menores podrían ser más parte del medio que del fin, como lo es la cadena perpetua para violadores de niños y niñas, un proyecto de acto legislativo que, a juicio de muchos congresistas y expertos, termina siendo un elemento más del llamado "populismo punitivo" que surge cada que un caso se hace visible.
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Uno de los argumentos que se esgrimen casi que al unísono sobre la no conveniencia de abrirle la puerta a la cadena perpetua es que el país ya cuenta con penas de prisión bastante duras en contra de quienes cometen estos delitos y que en lo que se debería hacer énfasis es en la efectividad de la justicia y la reducción de la impunidad. Pues bien, en todo ese contexto causó sorpresa que la Cámara de Representantes quedará vacía en la noche del miércoles, durante el debate de control político sobre violencia sexual infantil, convocado por la representante de Cambio Radical, Ángela Sánchez.
A la plenaria fueron citados varios funcionarios del Gobierno Nacional y de entidades descentralizadas. Al tablero pasaron, Juan Pablo Uribe, ministro de Salud; Mario Enrique Gómez, fiscal delegado para la infancia y la adolescencia; María Victoria Angulo, ministra de Educación; Margarita Cabello, ministra de Justicia; José Manuel Restrepo, ministro de Comercio; el general William Ernesto Ruiz, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec); Jorge Arturo Jiménez, vocero de Medicina Legal; y Juliana Pungiluppi, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Es decir, por la cantidad de funcionarios y los rangos, el debate, sin duda, era de gran envergadura.
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Sin embargo, poco a poco los representantes fueron abandonando el Salón Elíptico. Sobre las 6:30 de la tarde, es decir, dos horas después de que se iniciara la discusión, el congresista Inti Asprilla, de la Alianza Verde, publicó un video en su Facebook en el que mostraba las curules vacías. Asprilla hizo un recorrido en el interior del recinto dejando ver, además, que muchos de quienes estaban sentados en varias de las sillas no eran congresistas sino funcionarios de los ministerios que fueron citados.
“Hemos insistido sobre la necesidad de tomar decisiones para proteger a los niños con conocimiento de fondo. Quiero mostrarles cómo quienes hablan a cada rato de los niños en campaña y promoviendo la cadena perpetua (…) verán cómo está el Congreso en este momento”, dice Asprilla. Según enfatizó, a esa hora no había ni siquiera el quorum deliberatorio (25 % de la Cámara), pues las cuentas que hizo señalan que había unos 15 representantes, de 168 que son en total.
Algunos de los que estuvieron hasta que se levantó la sesión fueron Juan Carlos Lozada (Liberal), Carlos Ardila (Liberal), Víctor Manuel Ortiz (Partido Liberal), Jairo Reinaldo Cala (FARC), José Daniel López (Cambio Radical), Erwin Arias (Cambio Radical), Ángela Sánchez (Cambio Radical), Margarita Restrepo (Centro Democrático), Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), Martha Villabla (Partido de la U), Irma Herrera (MIRA), Buenaventura León (Conservador), Juanita Goebertus (Alianza Verde), Inti Asprilla (Alianza Verde) y Fabián Díaz Plata (Alianza Verde).
El debate
Según la representante citante Ángela Sánchez, el balance sobre la violencia sexual infantil en el país no es bueno. “Aunque los ministros tienen buenas intenciones, en los últimos 10 años no han bajado las cifras de abuso. No hay una política de prevención y el Estado está estancado, cada entidad tiene cifras diferentes”, comentó la congresista de Cambio Radical.
En ese mismo sentido, pidió acciones más concretas para hacerle frente a un problema que ha impulsado propuestas que tienen mucha acogida en la opinión, como la cadena perpetua para violadores de menores. “Como madre, estoy de acuerdo con la cadena perpetua, sin embargo, esa no es la solución de raíz. Lo cierto es que las cárceles tampoco están cumpliendo su papel resocializador. De 37.000 investigaciones de la Fiscalía por abuso sexual a menores, sólo ha habido 2.647 condenas y de estas, 1.380 son reincidentes. Además, sólo hay 114 psicólogos para atender a quienes están privados de la libertad por estos casos.
Contexto: Se aplaza en la Cámara discusión sobre cadena perpetua para violadores de menores
Sánchez anunció la radicación de un proyecto de ley para que se implementen alertas tempranas y el Estado pueda hacer un seguimiento de las familias en las que puede haber riesgos. “Se trabajará con el Ministerio de Salud y el ICBF en una política de prevención del abuso. Será una mesa interinstitucional para hacer seguimiento a las familias en las que pueda haber elementos que hagan posible un abuso”, expresó la representante.
Sobre la ausencia de gran parte de los miembros en la Cámara de Representantes, comentó que lo importante es que los citados acudieron y que el balance se hizo visible y hubo participación de los integrantes de las bancadas de todos los partidos. “Hubo un consenso”, dijo. Lo dicho en el debate de control político también podría servir como insumo en la discusión que se desarrolla en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes sobre el proyecto de acto legislativo que abriría la puerta a la cadena perpetua para violadores de menores y en donde se espera un concepto del Consejo de Política Criminal para analizar su conveniencia.
Vea completo del debate de control político sobre violencia sexual contra menores
Nota el editor: Este artículo fue modificado para incluir el nombre del representante a la Cámara Fabián Díaz Plata, quien asistió también.