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A pesar de que las funciones en el Congreso culminaron el pasado 20 de junio, los choques entre la cabeza de la Rama Legislativa y el presidente Gustavo Petro volvieron a acaparar los focos. El centro de esta nueva disputa tiene como origen la sanción de la ley nuclear que se aprobó en la última semana de sesiones.
Y es que, según anunció el presidente Gustavo Petro, “después de aprobada la ley de energía nuclear, yo no he podido sancionarla sin contar con la firma en la ley de los presidentes del senado y la cámara y los secretario generales”.
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Esa normativa fue impulsada por varios sectores del Pacto Histórico, con plena implicación de bancadas opositoras. En misma medida, logró su cuarto debate en la última semana de sesiones y pretende crear la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear (ANSN), que sería una entidad adscrita al Departamento Nacional de Planeación. Algunos sectores la catalogan como un paso fundamental para ordenar el sector y abrir el camino al desarrollo de la industria nuclear en el país.
No obstante, la norma aún no ha sido sancionada por parte del jefe de Estado, quien acusó al presidente del Senado, el liberal Lidio García, de no estampar su firma para dar ese paso. “Fuimos hasta sus casa pues están en vacaciones y el 20 de julio ya se instala el nuevo Congreso. Logramos tres firmas pero falta la del presidente del senado Ligio García que no ha firmado y no se sabe dónde está. Él apoyó a Abelardo y no sé si simplemente son maniobras para que se apropien del trabajo de otros”, dijo Petro.
El mandatario, agregó, además, que “Colombia debe garantizar al soberanía nacional de sus datos y la defensa de la democracia, defendiendo la invulnerabilidad del software de escrutinio, ya les diré cuál es el camino para lograrlo, hoy. Eso fue ordenado por la sal plena del consejo de estado desde el 2018. El software es completamente vulnerable desde adentro como desde afuera y tenemos las pruebas reina que los jueces penales examinarán. (...) Y ahora sabotean el desarrollo de la energía nuclear en Colombia con fines pacíficos”.
Pero ese señalamiento fue respondido casi que de inmediato por parte de García. El presidente del Senado señaló que “el Presidente del Senado no es un funcionario subordinado al Ejecutivo ni está obligado a actuar al ritmo de las urgencias del Gobierno. Si cree que un emplazamiento público en X puede presionar al Congreso, desconoce la autonomía que la Constitución les garantiza a los poderes públicos”.
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El congresista aseguró cumplirá con sus obligaciones, “pero con independencia, dentro de las competencias de mi cargo y con respeto por la dignidad institucional del Congreso”. Recordó, además, que “durante esta legislatura me correspondió sancionar leyes porque su Gobierno dejó vencer los términos constitucionales para hacerlo, entre ellas la que creó el Fondo de Emprendimiento de Cafés Especiales y la Ley 2540 de 2025 sobre arbitraje en procesos ejecutivos”.
La disputa no es nueva. Desde su llegada a la Presidencia del Senado, las relaciones entre el presidente Petro y García se han incrementado, pues este último apela a la independencia del Congreso para tramitar sus diferencias. Incluso, según dijo a El Espectador el ministro del Interior, Armando Benedetti, las relaciones entre Casa de Nariño y Capitolio están rotas desde septiembre de 2025. En esa fecha el Legislativo escogió a Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, dando la vuelta a los intereses del Ejecutivo.
“Nunca acudí a las redes sociales para emplazar al Presidente de la República, porque respeto la separación de poderes y la dignidad de cada institución. Ese mismo respeto es el que hoy exijo para el Congreso. Una de las lecciones que deja este gobierno es que la separación de poderes no se proclama, se respeta”, dijo el senador liberal.
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