A pesar de que aún no se conocen oficialmente las preguntas de la consulta popular anunciada por el presidente Gustavo Petro, ni han recibido el visto bueno del Senado —paso obligatorio para su trámite—, el Gobierno y sus aliados políticos ya desplegaron una ambiciosa estrategia de movilización, tanto a nivel nacional como internacional. Durante el fin de semana se activaron en cascada los “comités de impulso” por el “sí” con una apuesta clara: consolidar un respaldo ciudadano masivo que comience en las calles el próximo 1 de mayo, Día del Trabajo, y termine en las urnas, en el último trimestre del año.
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Desde el proyecto progresista han optado por una estrategia descentralizada, siguiendo instrucciones directas del jefe de Estado, quien ha insistido en que hay que “organizar en cada rincón del país los comités por el sí”. De hecho, tras reunirse con representantes de las Juntas de Acción Comunal (JAC), que le manifestaron su respaldo a la iniciativa, el presidente sugirió que debía conformarse al menos un comité por cada junta, lo que implicaría la creación de cerca de 60.000 comités en todo el territorio nacional.
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En ese sentido, legisladores y otros actores cercanos al “gobierno del cambio” han hecho un despliegue territorial en los últimos días, cada quien asumiendo su pedazo de país como una trinchera desde la cual empujar la consulta popular. En Cali, el representante del Pacto por el Valle Alejandro Ocampo lideró la activación del comité por el “sí”. En Sogamoso, hizo lo propio el representante boyacense Pedro Vacca. La senadora Gloria Flórez, oriunda de Bucaramanga, se desplazó hasta esa ciudad para sumarse a la convocatoria. También allí estuvo Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quien sostuvo reuniones en la sede local del sindicato.
En la capital, se han abanderado del tema los representantes por Bogotá, ediles y concejales del Pacto Histórico. Ya han realizado encuentros con las comunidades en 10 de las 20 localidades de la ciudad (La Candelaria, Bosa, Fontibón, Antonio Nariño, Teusaquillo, Puente Aranda, Chapinero, Usme, Ciudad Bolívar, Engativá). La intención, según explican, es socializar con la ciudadanía en qué consiste una consulta popular, qué ocurrió con la reforma laboral en el Capitolio y por qué su hundimiento en la Comisión Séptima del Senado, el pasado 18 de marzo, los llevó a considerar este mecanismo. La meta, insisten, es que durante el epílogo de su mandato, el presidente Petro pueda cumplir con las promesas que le hizo al pueblo.
Particularmente en Bogotá, desde hace al menos dos meses, los sectores del Pacto Histórico vienen organizando una rendición de cuentas con sus bases con la idea inicial de fortalecer la presencia territorial y la unidad de la colectividad, y compartir con la ciudadanía los avances legislativos y políticos del último año. Todo esto también de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 para garantizar la continuidad del proyecto político durante otro cuatrienio. Sin embargo, tras el hundimiento de la reforma, esos espacios también están siendo aprovechados para instalar las mesas ciudadanas que impulsarán la propuesta de la consulta popular. En estas citas también se escuchan ideas sobre preguntas que deberían ser incluidas. El concejal José Cuesta, por ejemplo, propuso, a propósito de la crisis hídrica en Bogotá, incluir una pregunta sobre si el agua debería ser considerada un derecho fundamental de los colombianos.
No obstante, sin las preguntas en mano, los líderes del Pacto están haciendo, sobre todo, un “alistamiento político”. “Esto es un tema también político, de una postura política en defensa de las reformas y de organización de nuestras bases para que, a penas salgan las preguntas, salgan a hacer la campaña voz a voz directamente de pedagogía”, explicó la representante María Fernanda Carrascal, quien también ha estado en instalación de comités en otros lugares como Zipaquirá.
Los comités formales, tanto los del sí como los del no, recibirán recursos del Estado si la plenaria del Senado aprueba la convocatoria. Sin embargo, por ahora, el oficialismo asegura que, a través de “vacas” y colaboración de las comunidades, ha podido hacer pedagogía con costos mínimos. En Teusaquillo, por ejemplo, convocaron a un encuentro en la sede de Codema a través de redes sociales. Una profesora del magisterio gestionó el préstamo del auditorio, con capacidad para 300 personas; otra preparó agua aromática, y alguien más llevó los termos de café.
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Mientras los congresistas del Pacto Histórico regresan a sus regiones para activar el capital político y social que tienen en sus territorios, otras figuras cercanas al Gobierno han llevado el mensaje a escenarios internacionales, con la mira puesta en los cerca de 900.000 colombianos en el exterior —que según la Registraduría estaban habilitados para votar en las elecciones de 2022— cuyos votos podrían ser clave en la consulta. El exvicecanciller Jorge Rojas, quien también ha participado en activaciones en Bogotá, estuvo hace dos semanas en Ginebra (Suiza), Bruselas (Bélgica) y Berlín (Alemania), donde se reunió con la ciudadanía y comenzaron a instalarse comités a favor del paquete de reformas del gobierno de Petro.
Toda esta estrategia se encamina hacia una fecha clave: el 1 de mayo, Día del Trabajo. Para entonces, se espera que las preguntas de la consulta ya hayan sido reveladas y que exista una fuerza social articulada, dispuesta a defenderlas en el espacio público. El Gobierno y sus aliados buscan capitalizar las movilizaciones tradicionales de ese día, en las que suele haber una presencia significativa de los sindicatos, actores directamente impactados por la reforma laboral y en las que participó el año pasado el presidente Petro antes de dar su discurso ante los manifestantes.
Desde la oposición aún no hay una estrategia definida frente a los comités del “no” o incluso aquellos que podrían promover la abstención. La orden, por ahora, es no precipitarse. Primero, porque sigue pendiente la resolución de la apelación sobre la reforma laboral; y segundo, porque aún no se conocen las preguntas de la consulta, lo que limita cualquier ejercicio de pedagogía. De hecho, ni siquiera está asegurado que el Senado le dé luz verde. “Por el momento no estamos activando ningunos comités ciudadanos ni ninguna campaña en los territorios. Lo que ahora estamos haciendo es, en medios de comunicación masivos, explicar por qué es inconveniente la consulta. Y lo que sí estamos haciendo es tratar de legislar sobre los temas que le preocupan al país”, dijo el senador de Cambio Radical Carlos Motoa.
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En cualquier caso, desde el oficialismo también están midiendo fuerzas para ver si logran consolidar las mayorías necesarias en el Senado —que debe aprobar la convocatoria con mayoría simple—, una corporación que, en estos dos años y medio, ha sido menos receptiva a las propuestas del presidente Petro que la Cámara. En ese contexto, desde sectores críticos del Gobierno han surgido cuestionamientos por el despliegue anticipado de comités a favor de la consulta. Consideran que esta estrategia podría leerse como un intento de presión sobre el Legislativo y advierten sobre las tensiones que podrían surgir si el Senado finalmente no da su aval.
Por ahora, la cascada de activaciones dentro del oficialismo continúa. A la par de los comités regionales, la coalición de partidos afines al progresismo pero no integrados al partido único, Unitarios, anunció que el próximo 8 de abril instalará un “comité nacional de impulso”, sumándose formalmente a la campaña. Además, algunos sectores han planteado que el 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, podría convertirse en otra oportunidad para visibilizar la iniciativa. No obstante, hay quienes dentro del mismo bloque oficialista prefieren mantener separados ambos temas.
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