La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humano) detalló cuáles son los puntos que destaca y los que le generan preocupación sobre el nuevo decreto del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella sobre la acción de la Fuerza Pública y la protesta social.
La organización, previo a la firma del decreto por parte de Presidencia, presentó comentarios y dio asistencia técnica al Ministerio de Interior en la construcción del texto. Posterior a su estreno en la jornada de protestas de este miércoles, la Oficina de la organización en Colombia señaló que la administración “acogió algunas de las recomendaciones”.
Le puede interesar: “El que menos ejecutó fue el gobierno Petro”: dardo sobre implementación del Acuerdo de Paz
Este texto estuvo en la agenda nacional desde su publicación, pues sectores opositores señalaron que esta normativa era “autoritaria estigmatizante” con respecto al derecho a la protesta. Sectores del Pacto Histórico, como los congresistas Laura Beltrán y Daniel Monroy, anunciaron que demandarán el decreto y presentarán una acción de tutela para suspender sus efectos provisionalmente. La congresista de oposición indicó que ponderar el derecho a la protesta con los del trabajo y la salud es "arbitrario y no lo puede hacer el Ejecutivo".
Entre los puntos que destacó la organización sobre este nuevo texto se encuentran:
- Introducción del principio de diferenciación, entre quien no ejerce violencia y quien ejerce violencia
- Establecer corredores solidarios
- Refuerza el sistema de alertas tempranas relativos a la conflictividad social
- Conforma equipos mixtos de diálogo
Esta instancia también destaco que tanto el señalamiento expreso de que “la obstrucción de una vía no modifica por sí misma el carácter pacífico de una manifestación” y la incorporación de “el criterio de ‘perturbación grave y sostenida’” son medidas en concordancia con la Observación General núm. 37 del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Leálo aquí: Cinco capturados y disturbios en varias ciudades: el balance de seguridad de las protestas
Sin embargo, la Oficina de la ONU también advierte que el nuevo texto “habrían podido justificarse y basarse en un diagnóstico más comprensivo y con mayor diversidad de fuentes”. Entre los puntos que le causan “preocupación” a esta entidad está la “definición amplia” de lo que se considera violencia. Además, sobre la etapa de diálogo, advierte que “algunas reglas y causales relativas a lo que denomina el agotamiento del diálogo que podrían debilitar en la práctica el principio del mantenimiento del mismo”.
Esta normativa llega a las calles como parte de un paquete más amplio del Gobierno De la Espriella sobre el manejo del orden público. Parte del cambio de enfoque de la nueva administración pasa por una nueva política de paz e implementación del Acuerdo de Paz.
Sobre este tema, el expresidente Juan Manuel Santos ha sido enfático en la importancia que tiene la implementación del Acuerdo firmado en La Habana, especialmente en el marco de la discusión nacional sobre el recorte de presupuestos a las instituciones que nacieron de este pacto con las Farc.
“Mi solicitud es que cumplan con la Constitución, con lo que juraron ante Dios y ante el pueblo hacer y que no digan que van a implementar el Acuerdo de Paz, pero al mismo tiempo como ha sucedido con la Unidad de Víctimas, le recorten los recursos”, afirmó el exmandatario en un evento de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD).
👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.
✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.