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8 Oct 2020 - 6:26 p. m.

(Opinión) La falta de solidaridad: otra pandemia

Patricio Martínez*

El fallo de la Corte Constitucional sobre Decreto 797 resulta en una gran ayuda para grandes gremios y no para los medianos y pequeños empresarios.

Durante la pandemia, muchos no han soportado los gastos que implica mantener en funcionamiento lo negocios como el pago de servicios y de arriendo del local.
Durante la pandemia, muchos no han soportado los gastos que implica mantener en funcionamiento lo negocios como el pago de servicios y de arriendo del local.
Foto: Óscar Pérez

Hace algunos días se conoció que la Sala Plena de la Corte Constitucional, había declarado inconstitucional el Decreto 797 de junio del año en curso, el cual permitía que los arrendatarios de locales comerciales, no habilitados para funcionar con motivo de la pandemia, pudieran terminar unilateralmente y de forma anticipada los contratos vigentes y restituir esos inmuebles a sus arrendadores.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en una votación dividida de 5 votos a 4, declaró la inconstitucionalidad de la referida norma.

Nos inclinamos por la opinión de los cuatro votos minoritarios porque a partir del concepto de “caso fortuito o fuerza mayor” que contempla desde hace muchos años nuestra legislación civil y también reiterados fallos de las Altas Cortes, en cuanto a que al presentarse dicha situación se origina una eximente de responsabilidad contractual.

No parece conveniente el argumento del voto mayoritario, debido a que el decreto legislativo viola el principio de “la autonomía de la voluntad privada y la libertad contractual.”

Cierto es que los contratos privados quedan entregados a la voluntad de las partes y son de obligatorio cumplimiento, pero, frente a este principio aparentemente absoluto, surge la figura del caso fortuito y la fuerza mayor, la cual permite eludir el cumplimiento de lo pactado entre las partes.

En la figura planteada, que es el caso fortuito ocasionado por la pandemia que soporta el mundo en este momento, no ha intervenido ni la voluntad de los gobernantes como tampoco de los particulares ni fue posible preverla al momento de celebrar el acuerdo de voluntades generador de obligaciones.

Así las cosas, no resulta entendible que el voto de mayoría de la magistratura haya manifestado para improbar el Decreto 797 que existen otros instrumentos para superar circunstancias imprevisibles en el desarrollo contractual.

Al parecer, hace referencia al principio de la “imprevisión en los contratos”, el cual ha desarrollado nuestra doctrina, pero esta figura le entrega al juez en cada caso, únicamente las facultades de revisar o modificar los términos contractuales.

La utilidad del Decreto 797 permitía eludir el camino del debate procesal sobre una modificación contractual, lo cual puede llevar mucho tiempo, ya que permitía que directamente el arrendatario, probando que el establecimiento comercial no estaba funcionando con motivo de la pandemia, terminara el contrato de manera unilateral, dejando a favor del arrendador la posibilidad de cobrar el equivalente a un tercio de la cláusula penal, o en caso de no haberse pactado, que esta sanción fuera equivalente al valor de un canon.

Menos aún puede servir de apoyo al fallo emitido, y que hoy criticamos, la circunstancia que Fasecolda ha pagado determinadas sumas por concepto de sanciones por incumplimiento de estos contratos de arrendamiento. Esa es la finalidad de los seguros: garantizar un pago con motivo de un siniestro.

Las estadísticas demuestran que para las empresas aseguradoras son muy superiores los ingresos frente a los egresos.

En esta pandemia hemos asistido al egoísmo y falta de solidaridad social de las entidades Bancarias, muy favorecidas por el gobierno. El fallo de la Corte Constitucional que hoy analizamos resulta nuevamente en una gran ayuda para los grandes gremios económicos y no para los medianos y pequeños empresarios que verdaderamente la necesitan y que además son generadores del empleo que se necesita hoy más que nunca preservar ya que será el verdadero generador del repunte económico.

* Facultad de Derecho Fundación Universitaria San Martín

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