Artemisas, la Casa de la Mujer, Sisma Mujer, la Red Nacional de Mujeres, la Fundación GAAT, el Extituto de Política Abierta, Caribe Afirmativo, son las organizaciones que se pronunciaron sobre el protocolo para la prevención y orientación institucional frente a conductas de violencia sexual en el ámbito contractual y laboral del Congreso de la República.
El documento de 24 páginas es un acto administrativo que desde ayer adoptó el Senado y la Cámara en su conjunto, y que fue elaborado entre los equipos administrativos de ambas corporaciones, en conjunto con la Comisión Legal de la Mujer. Además, recibió 242 recomendaciones por parte de las mencionadas organizaciones sociales.
Por esto es que a través de un comunicado, las siete plataformas que trabajan incidencia política y derechos de las mujeres y las diversidades, manifestaron que reconocen en el documento un avance significativo en materia de protección contra la violencia sexual, no obstante, consideran necesario no parar el trabajo allí sino avanzar a una instancia más integral y completa para abordar estos casos.
“Si bien este documento es un claro avance a favor de la protección de los derechos de las mujeres, personas trans, no binarias y con orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género diversas dentro del Congreso, consideramos necesario seguir trabajando, por lo que reconocemos clave el liderazgo de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en lo que sigue de este proceso”, manifestaron las organizaciones firmantes.
En ese sentido, las plataformas sociales reiteraron que los casos de violencia sexual, con delitos como acceso carnal violento, acoso sexual, discriminación, tentativa de feminicidio, feminicidio, entre otros, se dan en el marco de “relaciones de poder asimétricas”, dinámicas que se deben identificar para dar la atención adecuada y sin revictimización a las denunciantes.
Manifestaron que seguirán construyendo espacios de discusión con el Congreso para consolidar en este semestre una ruta integral, no solo para aplicar el protocolo diseñado por esta institucionalidad, sino también para avanzar en un procedimiento completo que direccione a víctimas a vías de denuncia y sanción de violencias basadas en género, que es un fenómeno que abarca mucho más allá de la violencia sexual.
“Consideramos valiosos los esfuerzos por construir el protocolo presentado el 23 de enero de 2023 y el avance en los proyectos de ley en donde se prioriza la prevención de las Violencias Basadas en Género y la protección a las víctimas; sin embargo, encontramos clave en la evolución de este acto administrativo que se siga construyendo de manera colectiva de la mano de la experiencia y los conocimientos de organizaciones feministas, de mujeres y personas LGBTIQ+”, declararon.
En los próximos días, el Congreso y las organizaciones firmantes organizarán una agenda de trabajo para reunirse y avanzar en la ruta integral. “Insistimos en reiteradas ocasiones que es necesario sumar el compromiso de las mesas directivas de la Cámara de Representantes y el Senado de la República en implementar con rigurosidad y sensibilidad las medidas creadas para proteger a las mujeres y personas LGBTIQ+ de las violencias basadas en género. Invitamos a seguir dialogando y construyendo de forma conjunta la transformación de estos espacios”.
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