Un artículo pondría en jaque el divorcio de algunos partidos de izquierda y de centro

Un apartado de una norma que tiene casi 14 años de vigencia en el cuerpo jurídico colombiano podría poner en jaque los planes de la izquierda para reunirse en un solo partido, un plan que delineó el presidente Gustavo Petro para que su movimiento pueda obtener otra victoria en la Casa de Nariño. Por eso, el grueso de la viabilidad de la unidad del progresismo está en la interpretación de un solo artículo, que es la nueva papa caliente que toca a los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y cuya decisión se ha aplazado en no pocas ocasiones.

La polémica no es menor, pues en la nuez del asunto está la investigación en curso a la campaña del Pacto Histórico para el Congreso y la Presidencia, que tiene enfrentado al mandatario con el órgano electoral, al que acusa de gestar un supuesto “golpe de Estado” por incluirlo en la lista de personas indagadas sobre la posible violación a los topes del gasto. Y ahora, a menos de un año para las elecciones legislativas y con el expediente administrativo cerca de prescribir, esa misma organización podría asestarle un golpe a los planes de la izquierda para proyectarse como una única colectividad y a los otros partidos, como Alianza Verde, que tenían en la mira una división.

La decisión aplazada gira en torno a la escisión del partido Mais, de larga tradición de representación de comunidades indígenas y actualmente dirigido por la senadora Martha Peralta —indagada por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd)—, que les dio el aval a la senadora María José Pizarro y a los representantes David Racero y Heráclito Landínez en 2022, cuando se concretó la coalición petrista para las elecciones. Si bien la ponencia de ese expediente, que está en manos del magistrado Alfonso Campo (Partido Conservador), está favor de la división interna, que permitiría que estos congresistas formen una agrupación propia bajo el nombre de Progresistas, las cosas se complican en la Sala Plena del CNE.

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Es la Ley 1475 de 2011 la que está detrás de la posibilidad de que esa escisión no reciba el visto bueno. En el artículo 14 señala que “no podrá acordarse la disolución, liquidación, fusión y escisión voluntaria de un partido o movimiento político cuando se haya iniciado proceso sancionatorio”; es justo ahí que cobra relevancia la investigación de la campaña, pues los partidos más grandes que se resguardaron bajo la sombrilla del Pacto Histórico entraron en la lista de cuestionados.

Además de Mais, están la Unión Patriótica, Colombia Humana y Polo Democrático Alternativo, el último en dar el sí a perder su personería jurídica para entrar en el partido unitario de la izquierda. En las indagaciones también se encuentra Alianza Democrática Amplia, que ya notificó su salida del progresismo por diferencias con el Gobierno y se unió a la coalición ALMA, conformada por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Partido Demócrata Colombiano y Colombia Justa Libres.

Fuentes del progresismo más puro que rodea a Petro ven difícil la posibilidad de que el CNE le dé el guiño a esa división. Ya las cuentas estaban complicadas hasta después del 8 de abril, la fecha en la que Álvaro Echeverry fue elegido como el reemplazo de César Lorduy, quien salió del puesto con aspiraciones al Senado por Cambio Radical y una denuncia en su contra por presunto acoso sexual presentada por la representante Ingrid Aguirre (Fuerza Ciudadana).

El nuevo magistrado, abogado de profesión, es visto como cercano al “Gobierno del cambio” por haber logrado que el Pacto recuperara cerca de 500.000 votos en el proceso de escrutinio en 2022, lo que le permitió a la bancada fortalecerse en las dos cámaras. Aunque su postulación fue hecha por Colombia Justa Libres, lo cierto es que tuvo un fuerte respaldo y consiguió 205 votos de los 267 posibles, sumando incluso la mayoría en Cambio Radical, partido de oposición que decidió no presentar un candidato.

Y aun con ese respaldo multipartidista, es visto como un voto más a favor para la izquierda en la Sala Plena, con lo que se sumaría a Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez (ambas del Pacto Histórico) en las votaciones del Mais y del expediente de Petro. Del otro lado quedarían Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), Benjamín Ortiz (Partido Liberal) —los encargados de la investigación de la campaña Petro—, Maritza Martínez (Partido de la U) y Cristian Quiroz (Alianza Verde). El noveno magistrado es Altus Baquero (Partido Liberal), quien está en contra de que se investigue al mandatario, pero que apoya la pesquisa sobre los gastos.

En caso de que la ley se aplique al pie de la letra, no solo se frenaría el divorcio amistoso, sino también el plan de la fusión. Pero, más allá de las circunstancias que rodean una situación inherentemente política, se trataría de una discusión de interpretación sobre las indagaciones que rodean a Mais y al Pacto.

“Ha habido dos experiencias concretas. La escisión de Dignidad, encabezada por Jorge Robledo, del Polo Democrático, y la escisión de Fuerza de la Paz de Alianza Democrática Amplia (ADA). En los dos casos, tanto ADA como el Polo Democrático tenían investigaciones, y en ese momento no se puso como argumento el tema de investigaciones para no dejarlo escindir. Nosotros nos preguntamos de dónde sacan esa tesis ahora”, señaló Racero, en diálogo con El Espectador, cuando se le preguntó sobre el panorama de la decisión.

Incluso, agregó que habría una “mala intención política” detrás de eso y una “una presión política externa, más que, justamente, un argumento del derecho”.

Y bajo esa línea también se ampararon fuentes del CNE, quienes reiteraron que se tratará de un debate interpretativo. Un experto en temas electorales consultado por este diario, quien pidió mantenerse en el anonimato, afirmó que no todos los procesos sancionatorios llevarían a una prohibición de escisión y que tendría que ser una “violación muy grande”, para que los magistrados se decidan por cerrarle el paso. “Depende de cómo se muevan las opiniones en la Sala plena”, apuntó.

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Eso sí, todos los consultados fueron claros en que, a diferencia de instancias judiciales, el CNE cambia de magistrados con cada nuevo Congreso, por lo que no sería raro que tomara una decisión que no fuera en la misma vía que una anterior.

Pero ni la izquierda está totalmente convencida de que el panorama le sea favorable. El mismo presidente ya salió a criticar al órgano electoral y aseguró que la bancada “ha sido diezmada”.

“Tratan de impedir que el Pacto Histórico se presente a las elecciones. Magistrados del Consejo de Estado de la sala electoral, han quitado varias personerías de pequeños partidos del Pacto y consejeros del Consejo Electoral, e investigan sin razón a los partidos grandes: Polo, Colombia Humana y UP, para impedir que se puedan fusionar en el Pacto Histórico. Sin más ni más, usando normas, buscan que la fuerza política más importante de Colombia y, además, progresista: el Pacto Histórico, no pueda presentarse a elecciones. Un verdadero fraude”, aseguró en su cuenta de X hace algunos días.

Y la cuenta no es menor, porque en esas curules que fueron desocupados bajo las decisiones del alto tribunal se incluyen a Roy Barreras, el ahora embajador de Colombia en Reino Unido que salió del Senado por doble militancia, tras no presentar su renuncia a la curul por el Partido de la U 12 meses antes de presentarse por el Pacto Histórico.

A él se suma César Pachón, actual director de la Agencia de Desarrollo Rural, otro que también incurrió en la misma figura al apoyar un candidato a la Cámara de la Colombia Humana en lugar de uno de su propio partido, Mais; y, más recientemente, a la representante Mary Anne Perdomo, cuya elección fue anulada después de que la sala del tribunal encargada de estos asuntos determinara que permitió el uso indebido de recursos públicos destinados a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

Para las agrupaciones políticas afiliadas al progresismo el golpe ha sido similar. Ya la colectividad de la vicepresidenta Francia Márquez —distanciada del mandatario— perdió su personería al encontrar el Consejo de Estado que no superó el umbral mínimo de votación, pues tanto ella como la representante Cha Dorina Hernández recibieron el aval del Polo. Previo a esas el tribunal tumbó a Independientes, del exalcalde de Medellín Daniel Quintero; Todos Somos Colombia, de la senadora Clara López; y Fuerza Ciudadana, dirigido por el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. Y, en ese punto, valdría la pena señalar que son justamente estas agrupaciones las que han buscado vías alternas al partido unitario para presentarse en las próximas elecciones.

En todo caso, la situación en el CNE con la ley del 2011 es tal que incluso es citado por algunos congresistas verdes como la razón detrás del hundimiento de las dos peticiones de escisión que se presentaron en los últimos meses. En medio del escándalo de corrupción en la Ungrd que golpeó a tres figuras clave del partido —el exdirector de la DNI, Carlos Ramón González; la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz; y el senador Iván Name— se enfrentan además a investigaciones administrativas por avales entregados en las elecciones regionales, por lo que verían obstaculizadas sus posibilidades de divorcio.

Pero no pasa de agache que esa pelea interna involucra las aspiraciones presidenciales de la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, por la cual fue presentada una segunda petición de división interna, a la que se suscribieron el senador “Jotape” Hernández y los representantes Katherine Miranda y Alejandro Ríos. La razón detrás de eso sería para no quedar “untados” por esa candidatura que, hasta el momento, no tiene partido, pero que es respaldada por el otro sector que busca la escisión, del que hace parte la senadora Angélica Lozano.

Y fue esta última petición la que generó que se aplazara indefinidamente la decisión de la Dirección Nacional sobre una separación. Aunque veían factible que saliera un segundo partido, que el número aumentara en uno ya ponía en duda las negociaciones para la repartición de recursos, pero sobre todo, de las bases y de los votos.

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Con la decisión del CNE todavía pendiente, pues estaban a la espera de la posesión de Echeverry en el cargo, la única solución que hay en la mira, tanto para los verdes como para el Pacto, sería el proyecto de acto legislativo de transfuguismo. Esa iniciativa de “libertad política”, como la llaman los mismos congresistas, cuenta desde sus inicios con apoyo multipartidista y ya tiene cinco debates aprobados bajo el cinturón.

La Comisión Primera del Senado ya le dio el primer visto bueno de la segunda ronda y le quedan tres meses para que pueda recibir el guiño del Congreso y abrirle la puerta a varios legisladores para salirse de sus partidos sin caer en doble militancia o tener que renunciar a su curul. En el horizonte no parecen haber muchos opositores: en su última discusión solo tuvo dos votos en contra, los de los senadores Carlos Fernando Motoa y Jorge Benedetti (ambos de Cambio Radical).

El pronunciamiento del órgano electoral no será, de todas formas, el fin de los varios enfrentamientos que ya permean el debate electoral para 2026. Con varias precandidaturas andando y con campañas adelantadas, se mantendrá el pulso para figurar desde todas las orillas políticas y los ojos estarán puestos en la investigación que decidirá sobre la presunta violación de topes del Pacto en 2022, que transcurre a contrarreloj.

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