Días después de que se conoció la determinación de la facultad de Derecho de la Universidad de Medellín contra el senador Julián Bedoya, cuyo título fue anulado por supuestas irregularidades, este miércoles se conoció un pronunciamiento del Partido Liberal, que abrió la puerta a eventuales sanciones de orden disciplinario contra el parlamentario.
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La novela por el caso Bedoya comenzó a finales de 2019, cuando se reveló que el senador habría obtenido su grado de derecho de forma irregular. El congresista presentó cerca de 16 exámenes, entre suficiencias y preparatorios, en tiempo récord: destinó tan solo cuatro jornadas para realizarlos y aprobarlos en su primer intento. Ante ello, el pasado domingo la universidad resolvió anular los exámenes y convalidaciones que le terminaron dando el diploma de abogado a Bedoya, así como sancionar a los funcionarios del plantel que autorizaron y participaron de esos trámites irregulares.
En medio de todo esto, el Consejo Nacional de Control Ético del Partido Liberal dijo haber recibido una denuncia anónima para comenzar, formalmente, un proceso contra el congresista al interior de la colectividad. Que el caso escale hasta esa instancia dependerá de la plenaria de la misma corporación, que evaluará la situación el próximo 30 de abril.
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“Ante esta situación, que podría comprometer aspectos de carácter ético, se dispondrá que dicho texto (la denuncia anónima) sea analizado por la plenaria de la Corporación, que se llevará a cabo el próximo 30 de abril de 2021, cuando se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes al tenor de los estatutos del Partido Liberal al que están obligados todos los militantes de la colectividad”, advirtió José Paz, presidente del Consejo de Control Ético del partido.
El lunes, tras la determinación de la Universidad de Medellín, Bedoya alegó que se trata de “un acto más de persecución” y sostuvo que la decisión “no está en firme”. El parlamentario dejó entrever que fue notificado vía correo electrónico y aseguró que contra la decisión proceden los recursos de reposición y apelación, “que por supuesto serán ejercidos”.
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Sin embargo, el congresista reclamó que, si bien la institución es competente –según él– para investigar y sancionar a estudiantes y egresados no titulados, no lo es para sancionar a los graduados. “Además, el consejo de la facultad tampoco es la instancia competente para llevar a cabo este tipo de actuaciones”.
Por otro lado, Bedoya dijo que el consejo “nunca” lo notificó del inicio de la investigación, ni formuló pliego de cargos, así como tampoco aportar pruebas o presentar alegato alguno: “No me permitió ejercer las garantías más elementales del derecho a la defensa como elemento esencial del debido proceso”.
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Para el parlamentario, se desconocieron los principios de buena fe y de confianza legítima de un exalumno que, dice, “obtuvo su título cumpliendo todas y cada una de las exigencias fijadas por la propia institución”.
Por todo esto, Bedoya manifestó que es víctima de una persecución de las “luchas de poder al interior de la Universidad de Medellín”, en las que su nombre –agrega– “ha sido utilizado como caballito de batalla”.
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Incluso, el senador amenazó con escalar el caso ante instancias administrativas y judiciales, insistiendo que ha cumplido con todos los requisitos para graduarse como abogado: “Debo declarar que mi título goza de plena validez, en tanto que no ha sido anulado por ninguna autoridad administrativa, ni judicial, y que por el contrario he acreditado siempre la observancia de todas las reglas fijadas por la institución”.