El texto definitivo con el que se discutiría la controvertida Ley de Sometimiento ya fue radicado en la Comisión Primera de la Cámara y espera turno para su discusión. La iniciativa pretende generar un marco normativo para avanzar con la ‘Paz Total’, propuesta insignia el presidente Gustavo Petro, pero que otorgaría una serie de gabelas y beneficios a los grupos armados.
La ponencia la presentó el representante Alirio Uribe, acompañado por sectores de la U y Comunes – partido de las extintas Farc – con la que sentarían las bases para avanzar con dos procesos de paz en marcha y por lo menos siete mesas de diálogo en las que avanza la administración Petro.
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Uno de los puntos que mayor controversia ha generado radica en los bienes obtenidos en la ilegalidad. Según lo estipulado en el articulado, con el fin de que estos grupos armados se sometan a la justicia se les permitiría retener hasta el 12 % de los bienes obtenidos mediante la actividad ilegal, siempre y cuando se haya hecho un reporte completo de las posesiones y que estas sean auditadas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Aunque estos bienes serían trasladados para la reparación de víctimas del conflicto, tal cual ha sucedido en procesos de paz previos, sectores de la oposición aseguraron que este punto es precisamente una afrenta a las víctimas, además de ir en contra de la Constitución.
Para el representante José Jaime Uscátegui, “hasta la plata ilegal la quieren dejar en poder de estos criminales a costa del dolor del pueblo colombiano”. El congresista es una de las cuatro caras que suscribió la ponencia de archivo y con la que piden el hundimiento de la iniciativa en su primer debate.
Otro de los apartados controvertidos está en las penas. En primera instancia el texto plantea una rebaja de penas de hasta el 60 % a los integrantes de estos grupos armados que se sometan a estos procesos de paz. Con esta medida se permitiría entonces que: para los altos mandos exista una condena entre 5 y 8 años de prisión; entre 2 y 5 años para miembros que sin haber tenido rol de dirección o capacidad de mando en el plan criminal que hayan participado de las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra.
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Además, también se están contemplando a las figuras que se sometieron a otros procesos de paz. Aquí, por ejemplo, resaltan aquellas personas que se encuentran cobijados bajo la figura de gestores de paz como exintegrantes de grupos paramilitares como “Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo ‘Jorge 40′ y Diego Fernando Murillo Bejarano ‘Don Berna’. También se permitiría la participación de los grupos disidentes e las Farc, tanto de aquellos que quedaron fuera del Tratado de La Habana en 2026 como de los que, una vez firmado el proceso de paz, volvieron a delinquir.
Sobre este apartado, la Corte Suprema de Justicia advirtió que podría presentarse un vicio de Constitucionalidad, puesto que “el Estado ya les ofreció uno (proceso de justicia transicional) y deshonraron esa posibilidad”.
¿Cuáles son los requisitos?
La propuesta señala que para acceder a estos beneficios existe una serie de requisitos que deben ser verificados por el Estado colombiano.
Según lo estipulado en el texto estas son:
- Que el grupo se haya desmovilizado de manera efectiva; que el grupo armado haya dejado las armas y el material bélico
- Que el grupo armado entregue la totalidad de los bienes producto de la actividad ilícita;
- Que el grupo entregue en forma inmediata a los niños, niñas y adolescentes vinculados a las organizaciones armadas, incluyendo aquellos sometidos a formas de uso, reclutamiento o utilización;
- Que el grupo armado cese toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas, y, cualquier otra actividad ilícita;
- Que el grupo armado, en el marco de los acuerdos suscritos con el Gobierno Nacional, haya renunciado a las economías ilícitas, y, sus miembros contribuyan en su transformación hacia economías legales y a la construcción de transformaciones territoriales
- Que el grupo armado no tenga personas retenidas o secuestradas; que individualmente hayan suscrito un acta de aceptación de las condiciones establecidas en esta ley.
Vea aquí el texto completo
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