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La semana pasada fue aprobado en su último debate el proyecto que busca dar prórroga y modificar la ley 418 de 1997, que permite adelantar diálogos con actores armados al margen de la ley; “la paz total” tendrá que ir a conciliación, entre otras cosas, por las diferencias respecto al “servicio social para la paz”, que, si bien fue aprobado por la Cámara, había sido eliminado por el Senado.
Al respecto, este martes se reunieron los seis conciliadores de la Cámara y del Senado con el ministro de Interior Alfonso Prada y con el alto comisionado para la paz Danilo Rueda para revisar el texto que fue aprobado y buscar la conciliación de textos.
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La ponencia de conciliación del proyecto de ley sobre la “paz total”, que será votada el miércoles, se acoge a 11 artículos, como fueron aprobados y votados en la Plenaria en la Cámara y a 9 de Senado, entre ellos se mantiene el “servicio social para la paz”.
Se trata de los artículos 10 y 11, que buscan dar una alternativa a los jóvenes respecto al Servicio Militar Obligatorio. El “servicio social para la paz” tendría una duración de doce meses, “al término del cual se recibirá una certificación que será equivalente a la libreta militar, una remuneración conforme a lo también previsto para el servicio militar”, dice el texto que fue aprobado en la Cámara.
“Esta acta de conciliación es la ponencia que presentaremos para que sea votada mañana en plenarias, es decir se vota la conciliación con el texto unificado y queda listo para pasar a sanción presidencial”, señaló el representante y coordinador ponente del proyecto Alirio Uribe (Pacto Histórico).
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¿Qué es la conciliación de textos?
Cuando hay discrepancias respecto a los textos que quedaron como resultado de los debates en el Senado y la Cámara de Representantes, se crea una comisión accidental de conciliación, para superar las diferencias respecto a “las aprobaciones de articulado de manera distinta a la otra Cámara, incluyendo las disposiciones nuevas”.
Esa comisión debe estar integrada por los congresistas que participaron en la discusión de los proyectos, sus autores y ponentes, así como quienes hayan formulado reparos, observaciones o propuestas en las plenarias, pues son justamente estos miembros del congreso quienes tienen un mejor conocimiento de la materia debatida
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