Todas las fuerzas políticas han venido financiando encuestas que, por cuenta de una ley de origen multipartidista y que contó con la firma del presidente Gustavo Petro, tenían la veda de hacerse públicas hasta tres meses antes de que comenzara formalmente la inscripción de candidatos a dirigir la Casa de Nariño. Eso derivó en que las difusiones en redes, sin filtro alguno, dejara en especulaciones realmente quiénes estaban teniendo una opción real de impacto entre los votantes.
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Pero eso terminó el pasado 31 de octubre y ahora el país estará volcado desde este mismo martes a conocer y digerir resultados de todos los sondeos que se avecinan, pues en medio de la calentura del debate público no ha sido del todo sencillo depurar las más de 100 aspiraciones que se han conocido y que –salvo las de una parte de la izquierda con la consulta en la que el pasado 26 de octubre se impuso Iván Cepeda– en su mayoría están buscando figuración para lograr algo de viabilidad de cara a los tarjetones de 2026.
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La ley 2495 de 2025 no solo estableció el límite de divulgación, que en la actual contienda se rige desde el 31 de enero próximo como eje, pues ese día comienzan las inscripciones formales de los candidatos a la presidencia –tres meses antes da con el 31 de octubre que acaba de pasar–, sino que elevó el número de muestras que deben tener los sondeos. En efecto, de acuerdo con la norma y las proyecciones de varias firmas dedicadas a las encuestas, se necesitarán al menos 7.000 encuestados para darle viabilidad a esos estudios.
Eso, por supuesto, encarece los procesos, pero de acuerdo con las senadoras Angélica Lozano (Alianza Verde), Paloma Valencia (Centro Democrático) y Clara López (Pacto Histórico), quienes hicieron parte de la coalición multipartidista que en su momento impulsó la ley en torno a las encuestas, estos pasos son necesarios para garantizar la rigurosidad y pluralidad de estudios que delinean a la opinión y dan luces sobre las preferencias de los votantes.
Además, todo esto debe ser regulado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), instancia en la que las firmas encuestadoras deben estar registradas para avanzar con este tipo de procesos. E incluso, según el articulado avalado por el Congreso y rubricado por la Casa de Nariño, ese tribunal debe conformar una Comisión Técnica de Vigilancia de Encuestas sobre Opinión Política y Electoral, compuesta por cinco profesionales en estadística con experiencia en muestreo probabilístico, que será la encargada de auditar la calidad de los estudios.
“Esa norma solamente ha permitido que en redes sociales circulen encuestas falsas sin ficha técnica, sondeos o análisis según casas de apuestas, por lo que el país en general está en una situación de incertidumbre mayor al que teníamos en el pasado”, aseguró recientemente en medios Martín Orozco, de Invamer, firma cuyas encuestas han sido publicadas por este diario. “Las dudas persisten”, dijo Víctor Muñoz, de Guarumo, otra empresa dedicada a estos procesos y cuyos resultados también han sido divulgados en algún momento por El Espectador.
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Todo esto tiene un matiz. De acuerdo con los cálculos que se hacen con base en la Ley 2495, la comisión técnica de vigilancia de encuestas del CNE debería estar lista desde finales de septiembre, pero fuentes de esa misma entidad admitieron que el proceso ha sido un poco más demorado de los presupuestado y que aún se encuentra todo en elaboración.
Además, al ser universidades acreditadas las que pueden hacer las postulaciones para los integrantes de esa comisión de vigilancia, solo han postulado aspirantes desde la Nacional y la del Norte, lo que motivó que César Caballero, de Cifras y Conceptos, dijera en su momento que “no se dieron cuenta del error y ese comité no se va a poder conformar”, asegurando que los perfiles requeridos no estén tan fácilmente disponibles.
En medio de esta polémica, que quienes impulsaron la norma zanjan advirtiendo que su objetivo era hacer más transparentes e incluyentes los sondeos de opinión que incluyan intención de voto, entrará dentro de poco la Corte Constitucional. La razón es que se presentaron al menos ocho demandas sobre la norma que tocó a las encuestas y que deben comenzar a ser resueltas por ese alto tribunal.
¿Cómo impacta a los partidos? Salvo las fuerzas de la izquierda más petrista y pura sangre, que en su consulta dejaron en urnas más de 2,7 millones de votos para que el senador Cepeda se erigiera como candidato del Polo, el Pacto Histórico, Unión Patriótica y otros partidos cercanos a la actual administración de la casa de Nariño, los demás colectivos están buscando cómo redireccionar sus estrategias con base en la viabilidad de los aspirantes que han buscado sus respaldos.
De hecho, luego de la cita entre los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria, quienes buscan cocinar una coalición de centroderecha a la que llegará el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, han venido analizando cómo podría irse reduciendo el espectro de candidatos y una de las rutas tiene que ver con las encuestas.
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Uribe, con su Centro Democrático y cinco precandidatos (María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe), ya apostó por una encuesta y su resultado, proveniente de una firma internacional, se conocerá a finales de noviembre. Quien gane llevará la posta uribista y apostará por una alianza ampliada para marzo del otro año; este proceso también se vivirá en la izquierda.
En medio de esta estrategia no se descarta que se acuda a otro de estos procesos, para que las fuerzas de centroderecha puedan seguir depurando a sus candidatos y apostar —como afirmó Vargas Lleras este fin de semana— a un abanico de aspirantes más reducido y con mayores posibilidades de impactar.
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Además, está el grupo de exmandatarios regionales, integrado por Juan Guillermo Zuluaga, Aníbal Gaviria, Héctor Olimpo Espinosa y Juan Carlos Cárdenas, quienes aseguraron que con una encuesta también a finales de este mes estarán notificando quién será la ficha con la cual apostarán para las coaliciones de marzo.
No se descarta que desde esta misma semana se comiencen a conocer estos sondeos de opinión y que sean varios los que se divulguen antes de final de año, lo cual permitirá ir determinando qué aspiraciones tienen viabilidad y cuáles no. Incluso, después del “puente de reyes” de enero próximo vendrán nuevos estudios de intención de voto y ahí comenzarán a reducirse aún más los abanicos de quienes aspiran a suceder al presidente Petro en la Casa de Nariño.
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