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Más de 24 horas después de que se conociera la noticia de que la Fiscalía había hecho dos solicitudes de audiencias de imputación de cargos contra Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, el mandatario Gustavo Petro se pronunció sobre los hechos. Desde su consejo de ministros en Montería, Córdoba, cargó contra el ente investigador y el Consejo Nacional Electoral (CNE), que a finales de 2025 sancionó su campaña a la Presidencia.
Los cargos que se le imputarán a Roa, quien fue gerente de la organización que llevó al actual mandatario a ganar las elecciones, son por el delito de violación de topes electorales y por tráfico de influencias. La defensa de la cabeza de la petrolera estatal ha dicho que no ha sido notificada de la citación y que no considera que sea necesario que este presente su renuncia ante la junta directiva.
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En todo caso, este martes el jefe de Estado se refirió a los hechos y apuntó que su campaña “no [tiene] sobretopes”. En esa línea, calificó la decisión del CNE —que halló que se violaron los topes electorales en más de COP 6.000 millones— como “podredumbre” y agregó que “el que esté iniciándose un proceso penal por lo mismo significa que quieren ir por la cabeza del presidente, no de Roa”.
“Y eso se hace desde la cúpula máxima desde la Fiscalía, no una fiscal por ahí. Como querían llevar a mi hijo [Nicolás Petro] preso, como se llevaron al doctor en Economía [Ricardo] Bonilla, que no tiene ninguna culpa de lo que pasó en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Y creo que [Luis Fernando] Velasco tampoco, pasó un mes allí y ya, no tuvo nada, un contrato, nada”, dijo.
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El jefe de Estado también criticó que quienes estén actualmente cumpliendo medidas de aseguramiento preventivo sean sus exministros y no los congresistas presuntamente involucrados en los hechos. Además, subrayó que ellos están “haciendo campaña”.
Tanto Velasco como Bonilla —quienes se han declarado inocentes en todo momento— están imputados por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Fue a mediados de diciembre de 2025 cuando la magistrada Aura Rosero Baquero ordenó medida de aseguramiento y en ese momento, el jefe de Estado también defendió a sus exfuncionarios.
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