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Pareciera que el gobierno del presidente Gustavo Petro mantiene en firme su intención por decretar la primera consulta popular vía decreto. Aunque aún no se ha conocido el documento, en la Casa de Nariño se está estudiando cómo será su redacción y cómo se podrá blindar ante las demandas que ya fueron anunciadas por el presidente del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador), en un pulso que pasó del Capitolio a las calles y que, según parece indicar el pronóstico, continuará en los estrados judiciales.
Este lunes, el presidente Petro se desmarcó de su reforma laboral, asegurando que “lo que tramita el Senado no es mi reforma”, lo que daría gasolina a la consulta.
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A su turno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió al tema vía su cuenta en X, donde todos los días ha realizado un balance de cómo están las discusiones. “Cepeda no dio ni garantías, ni transparencia, ni tranquilidad. Hoy somos muchos los que consideramos que el Congreso no se pronunció sobre la consulta popular por la cantidad de irregularidades, los fraudes, las trampas y las jugaditas”, afirmó el jefe de la cartera política del presidente Petro.
También afirmó que “dos expresidentes de la Corte Constitucional”, sin especificar quiénes, “dicen que el presidente sí puede convocar la consulta popular por decreto debido a la cantidad de irregularidades”. El mismo presidente ha insistido, tanto en la plaza pública como en sus redes sociales, en el argumento de que en la votación hubo “trampas y fraudes”.
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El argumento de Benedetti tiene que ver, sobre todo, con un “giro lingüístico”. Cuando anunció que se decretaría la consulta de 12 preguntas sobre asuntos laborales, aseguró que en la votación del 14 de mayo, que quedó 49 votos en contra y 47 a favor, el secretario del Senado, Diego González, no dijo explícitamente qué votarían los parlamentarios. Y, por tanto, que el pronunciamiento era “inexistente”. De allí que diera un ultimátum al Senado hasta este 1° de junio para que realizara la votación, día en que se cumplieron los 30 días desde la radicación de la consulta.
No obstante, en la mesa directiva del Senado no cayó bien la declaración, que fue vista más como un desafío al Legislativo y su autonomía. El senador Cepeda aseguró que se trataría de una movida “absolutamente ilegal. Es una violación a la autonomía de dos poderes públicos, el Legislativo y el Judicial, porque si alguien no está de acuerdo con una decisión debe ir hasta los jueces, no de un solo plumazo”. Por lo mismo, anunció que si sale el decreto, lo demandará ante el Consejo de Estado.
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Así las cosas, de lado y lado calientan motores y argumentos en un nuevo frente de disputa que se abre entre la Casa de Nariño y el Capitolio. Mientras tanto, están pendientes otras dos votaciones claves allí. Se trata de la reforma laboral, que ya pasó a último debate, y que no tiene el respaldo del Gobierno, y la segunda consulta popular, que además de las 12 preguntas de asuntos laborales, incluye otras cuatro de temas de salud. El pulso está servido entre ambos poderes.
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