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El presidente Gustavo Petro se enfrenta a sucesivos obstáculos con el poder judicial y con los medios de comunicación. En su cuenta oficial de Twitter no se ha limitado en expresar su inconformidad por las indagaciones de la Fiscalía en la Casa de Nariño, las investigaciones disciplinarias de la Procuraduría al Pacto Histórico, los cuestionamientos de la prensa y el negativo panorama para las reformas en el Congreso, que le han generado un ambiente poco propicio para gobernar.
Ahora, la periodista Camila Zuluaga señaló que se ha sentido amedrentada, según ella, por personas motivadas por los comentarios de Gustavo Petro contra la prensa en redes sociales, mientras que la tensión política y judicial se eleva por el escándalo de la niñera que trabajó para la jefa de gabinete, Laura Sarabia, y en el que terminó involucrado también Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela. Ante esa serie de eventos desfavorecedores, Petro ha popularizado entre sus simpatizantes la hipótesis de un “golpe de Estado blando”.
Según dice el presidente, le quieren quitar gobernabilidad y atentar contra su programa de Gobierno a través de métodos no violentos y por las vías legales, relacionadas con una guerra mediática y jurídica. De acuerdo con el partido de Gobierno, es evidente “la persecución” tras la decisión de la Procuraduría, liderada por Margarita Cabello, de suspender al senador Alex Flórez, y por las investigaciones que adelanta contra otros congresistas del Pacto Histórico. Igual que por el allanamiento de la Fiscalía a la Casa de Nariño.
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El Espectador consultó expertos en derecho constitucional, quienes aseguraron que la Procuraduría, así como la Fiscalía, están cumpliendo sus funciones y la norma. En palabras más coloquiales, el Gobierno ha dado papaya y el poder judicial está ejerciendo independientemente su trabajo, eso sí, como quizá antes no lo había hecho. El argumento del partido de Gobierno para los casos de congresistas investigados se relaciona con la Convención Americana de Derechos Humanos, que indica que la Procuraduría no puede limitar derechos políticos.
No obstante, según Floralba Padrón, investigadora de derecho constitucional de la Universidad Externado, tras la Sentencia C-030 de 2023, la Corte Constitucional determinó que esa agencia sí puede seguir cumpliendo con su función de investigación disciplinaria; una contradicción que tendrá que ser resuelta, pero en la que no hay ninguna extralimitación. Adicionalmente, la suspensión del senador Álex Flórez no se ha hecho efectiva, pues en concordancia con lo que determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso de la suspensión del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, “para que se materialice la destitución tiene que haber una decisión de un juez contencioso administrativo, en este caso, del Consejo de Estado, que determina si el político se aparta o no del cargo”, explica Padrón.
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Los ataques a la prensa
Los medios de comunicación han cuestionado varias de las imprecisiones del presidente al referirse al poder judicial; igual que le han recordado el desfavorecedor panorama al que se enfrenta y han sacado un par de investigaciones que lo han puesto en problemas. Eso ha desencadenado una pelea que para el director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Jonathan Bock, tiene un impacto negativo en el ejercicio periodístico.
Según dice, hay tres puntos que generan preocupación: en primer lugar, siembra dudas sobre la idoneidad de los medios a la hora de cubrir temas respectivos a su Gobierno; segundo, el presidente está generando un ambiente de agresividad en la conversación digital, lo que puede terminar en violencia directa. Por último, genera autocensura y que los periodistas tengan reservas para ejercer control político.
Petro aseguró por Twitter que él no está atacando a los periodistas, pero que “si dicen falsedades” contra él, tiene “todo el derecho de aclarar los infundios”. Entonces, ¿los medios se han equivocado en el cubrimiento a Petro? De acuerdo con Bock, hay casos en la que los que la prensa ha cometido imprecisiones, pero en los que corresponde usar los mecanismos de rectificación. El problema está en que el presidente Petro está instalando “una retórica sobre que todos los medios mienten o que un sector miente; que los alternativos son los buenos y que los que pertenecen a grupos empresariales son los malos. Eso genera muchas dudas y estigmatización, especialmente si lo hace constantemente a través de Twitter”.
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Para Bock, “es importante que los funcionarios públicos tengan unos protocolos claros sobre el uso de redes sociales”, además asegura que del presidente “se espera apoyo, tolerancia y que pueda aceptar la pluralidad de las voces”, le gusten o no. En eso coincide el profesor Andrés Dávila, director del departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, quien asegura que Petro debería moderarse en Twitter, aunque también aclara que el primer mandatario no ha vulnerado la institucionalidad, la libertad de prensa y no se ha saltado la legalidad: “no ha movido un dedo para que se rompa la libertad de prensa o el equilibrio de poderes. Por el contrario, todo lo ha acatado”, asegura.
Para el analista, los ataques del presidente a la justicia y a los medios de comunicación se resumen en el miedo estructural que tiene a que lo saquen de la presidencia: “Es el temor de alguien que ha construido toda su carrera política en contra del establecimiento. Desde su lectura, él cree que lo que lo de la destitución de Pedro Castillo en Perú le puede pasar a él y que la institucionalidad liberal y democrática lo puede echar del poder”. ¿Petro está exagerando? De acuerdo con el experto, puede haber una parte del sector empresarial y de militares retirados que no les gusta el Gobierno, pero “no hay quién se le mida a algo como eso”.
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