Este lunes se reunieron el presidente Gustavo Petro y el fiscal general, Francisco Barbosa, para hablar sobre el camino de la “paz total” y el rol que juega la Fiscalía en la iniciativa gubernamental. El fiscal señaló que tuvo varias diferencias con el primer mandatario y aseguró que los decretos del cese al fuego están afectando las competencias del ente investigador. Esto fue lo que dijo.
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La reunión duró dos horas y, según el fiscal, fue un encuentro amable. “Frente a la ‘paz total’, que fue el primer tema que se abordó, le manifesté mi preocupación por dos decretos, los decretos en los que se planteó el cese al fuego con dos organizaciones narcotraficantes que han violado los derechos en Colombia”, expresó Barbosa.
Asimismo, el fiscal general sostuvo que le presentó cifras al presidente sobre las operaciones que han tenido y aseguró que son “resultados lamentables en cuanto a incautación de cocaína y destrucción de cultivos ilícitos. Todos estos temas los he señalado yo ante la opinión pública en los últimos días”.
Por otra parte, Barbosa dijo que al día de hoy hay “2260 órdenes de captura sin ejecutar en el territorio nacional en zona rural, de las cuales 349 al día de hoy corresponden a órdenes de captura en zona rural contra personas que asesinaron a defensores de Derechos Humanos (DD.HH), reincorporados y familiares, y 145 por homicidios colectivos”. Aunado a esto, aseguró que le dijo al presidente que “esos decretos de cese de hostilidades tienen un problema fundamental y es que no tiene delimitación territorial alguna en el marco de la suspensión de operaciones militares y policivas, lo cual está generando una baja operatividad judicial que afecta las competencias de la Fiscalía”.
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El señor presidente manifestó que va a verificar y revisar esos decretos para efecto de poder ajustar a lo que se requiere. Manifestó además su voluntad de que se mantenga el ejercicio judicial de la Fiscalía en la captura de cualquier persona que vulnere derechos humanos en los territorios.
Levantar órdenes de captura
Por otra parte, Barbosa se refirió a las órdenes de captura en contra de miembros del Clan del golfo, que el Gobierno pidió levantar para avanzar en diálogos con el grupo armado hacia la “paz total”. “Frente a los decretos del 11 once de enero, por medio de los cuales se solicitó la suspensión de órdenes de captura con fines de extradición de cinco personas y otras adicionales que no tenían, le manifesté que no tenía competencia legal ni constitucional para levantar ninguna de esas órdenes de captura”, aseguró.
Asimismo, dijo Barbosa, que le señaló al presidente que “no existe marco jurídico para hacerlo y que se requiere una ley de sometimiento a la justicia, frente a esas organizaciones criminales”. De acuerdo con el fiscal general, coincidieron en que es necesario que se presente uno y que, por ahora, según Barbosa, no se solicitará que se levanten órdenes de captura hasta nuevo aviso.
El fiscal sostuvo que durante el encuentro de este lunes, el presidente Gustavo Petro le aseguró que no habrá negociaciones políticas con grupos narcotraficantes. Reiteró que apoya el proceso de paz y la negociación con el Ejército de Liberación Nacional, por lo cual sí retiraron esas órdenes de captura, así como con las disidencias de las Farc que no firmaron el Acuerdo de Paz en 2016, pero resaltó que en el caso de otros grupos deben someterse y reparar a las víctimas.
Fiscalía aportaría a la construcción de una ley de sometimiento
Durante su declaración, Barbosa dijo que coincidió con el presidente en que la ley de sometimiento que debe darse para llegar a la “paz total” debe ser construida con ayuda de la Fiscalía, porque “no se está negociando políticamente con actores delincuenciales ordinarios”.
Presunta red de corrupción en la “paz total”
De acuerdo con Barbosa, en la conversación con el primer mandatario se habló sobre una presunta red de abogados que estarían pagando coimas para que a la “paz total” ingresen personas que están solicitadas en extradición. Según el fiscal, el presidente mostró su apoyo para que el ente acusador adelante todas las investigaciones necesarias respecto a ese tema.
De igual manera, dijo el fiscal que en los próximos días serán citados “el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda; el señor Juan Fernando Petro, hermano del señor presidente y abogados que aparecen mencionados para que suministren información que conozcan sobre los hechos investigados sobre presuntos pagos de narcotraficantes para que sean gestores de paz”.
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