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Una oleada de cuestionamientos generó la publicación de un nuevo caso de supuesta corrupción en el gobierno que termina este 7 de agosto. Las protagonistas de este escándalo son las hermanas Juliana y Verónica Guerrero, la primera conocida por haber intentado llegar al Viceministerio de la Juventud, respaldada por el presidente Gustavo Petro, con títulos universitarios falsos.
Según un reportaje de la revista Semana, las hermanas Guerrero habrían conformado una red para gestionar contratos públicos a empresarios a cambio de pagos. Juliana Guerrero, según la investigación, habría realizado reuniones con altos funcionarios para mover los procesos mientras recibía cerca de COP 200 millones y, supuestamente, hasta un pago del 10 % del valor de cada proyecto adjudicado. Su hermana, según la versión, sería la encargada de relacionarse con los contratistas, mientras Juliana hacía las supuestas gestiones ante ministerios.
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Este sábado, el presidente Petro negó favorecimientos y dijo que sus funcionarios no cedieron ante esas posibles presiones. “Si es verdad, dieron dinero como pendejos”, aseguró con respecto a los empresarios. El mandatario saliente volvió a hablar este domingo y dijo que “Juliana y su hermana deben poner ya la denuncia contra los empresarios que buscaron corromperlas y, si recibieron dinero, devolverlo y colaborar con la justicia”.
A renglón seguido, el jefe de Estado señaló que su administración tiene barreras contra la corrupción que impiden ese tipo de casos y sobre Guerrero manifestó que “pudo ser una gran dirigente juvenil transformadora”. Finalmente, aseguró que “ni Juliana ni su hermana tienen vínculo laboral con el gobierno y espero que logren reflexionar y delaten a los corruptos y logren cambiar sus almas hacia la verdadera acción revolucionaria y sin la calumnia sepan defender su nombre”.
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Otras voces cercanas al gobierno reconocieron que las revelaciones son “repudiables” y pidieron investigar este caso a fondo. “Es la radiografía perfecta del sistema clientelar que pudre la política y el Estado colombiano. Políticos, intermediarios con poder, empresarios cómplices, mientras los más vulnerables quedan como rehenes de su ambición. La Fiscalía debe investigar a profundidad y sin dilaciones”, señaló la exsenadora María José Pizarro.
Desde esa misma orilla se pronunció la representante Laura Beltrán, del Pacto Histórico, que aseguró que “lo de Juliana Guerrero es indefendible. No hay ninguna posibilidad de explicar el empoderamiento de una persona tan lamentable, corrupta y ambiciosa. La Fiscalía, debe investigar a fondo lo de esas dos mujeres. Es horroroso cargar con ese lastre en un proyecto que por años hemos defendido y construido”.
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El excongresista Gustavo Bolívar se sumó a las reacciones. “En este otro caso de las hermanas Guerrero no se puede ser tibio. Que la Fiscalía investigue y que caiga el que tenga que caer. Y que los contratistas engañados hablen. Me tranquiliza que, a pesar del lobby y el tráfico de influencias, las entidades no les hayan otorgado contratos”, dijo.
Otras figuras cercanas al Pacto Histórico y al petrismo señalaron que el caso de las hermanas Guerrero evidencia algunos de los errores que les costaron la derrota en las urnas.
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