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El canciller Luis Gilberto Murillo confirmó en la tarde de este martes que Colombia está analizando qué respuesta se le dará a la invitación que Nicolás Maduro le extendió al presidente Gustavo Petro para que asista a su posesión como reelecto líder del régimen de Venezuela.
El acto protocolario está previsto para el próximo 10 de enero ante la asamblea nacional venezolana, también controlada por el régimen, y la expectativa por lo que responda Bogotá es alta, ya que entre las dos administraciones hay afinidad ideológica, pero Petro no ha reconocido oficialmente a Maduro como ganador de unas elecciones que el grueso de la comunidad internacional cuestionó por fraude.
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“Vamos a responder a la invitación en su debido momento”, precisó Murillo desde la Casa de Nariño, donde se reunió con Petro para abordar este tema y la nueva imposición de visa a los turistas que desde Colombia viajen a Reino Unido.
El canciller Murillo, en todo caso, reiteró que Colombia exigió la publicación de las actas oficiales para rechazar las denuncias de fraude, por las que Edmundo González está en el exilio y María Corina Machado en la clandestinidad, y así proceder con el reconocimiento.
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“Si no hay actas, no hay reconocimiento”, enfatizó Murillo, quien advirtió que “ya le daremos respuesta a la invitación que ha recibido el señor presidente”.
Eso sí, tanto la Casa de Nariño como el Palacio de San Carlos han endurecido un poco su tono ante las actitudes del régimen, ya que el Palacio de Miraflores se ha negado a revelar las actas electorales y cada vez que hay alguna inquietud desde Bogotá la respuesta es un ataque hacia la administración progresista.
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Hace una semana, Petro calificó las elecciones como “un error”, lo que le fue duramente criticado por la oposición binacional, pues daba a entender como si el mecanismo democrático no fuese la salida a la crisis del país vecino. Y, por su parte, Murillo dijo hace cuatro días que el proceso electoral venezolano salió mal.
En todo caso, el presidente y su canciller matizan sus posturas diciendo que, además de las posibles irregularidades, las sanciones que Estados Unidos desplegó sobre Venezuela impiden que se diera –de acuerdo con ellos– unas elecciones libres.
La decisión para Colombia es compleja y por eso se maneja con pinzas diplomáticas, ya que con Venezuela se comparte una frontera de 2.200 kilómetros y se proyecta para este 2024 se superen los 100.000 millones de dólares en intercambio comercial.
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