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A pesar de haber naufragado en esta legislatura en el Congreso, que terminó el pasado 20 de junio, el Acuerdo de Escazú tiene posibilidades de sobrevivir. O al menos esa es la intención de varios parlamentarios opositores al Gobierno del presidente Iván Duque. 41 congresistas, para ser exactos, suscribieron una carta en la que instan al primer mandatario a asumir un compromiso decidido con el Acuerdo de Escazú y que su trámite en el legislativo sea exitoso de una vez por todas.
(Lea: Acuerdo de Escazú: las respuestas de lo que sucederá después de hundirse)
En la misiva, los representantes y senadores firmantes le solicitaron que el Gobierno radique el proyecto el próximo 20 de julio, día que inicia una nueva legislatura. Además, que lo presente con mensaje de urgencia para que tenga un paso más rápido por las corporaciones, “comprometiéndose también a hacer un claro llamado a su partido y a la coalición de gobierno a no continuar desconociendo la importancia de este importante acuerdo para Colombia y a la región, ni a seguir desinformando a la ciudadanía”, expusieron.
En esa línea, piden que refleje esa decisión tomando todas las acciones necesarias para que, luego de radicado, el Acuerdo de Escazú salga adelante y se convierta en ley antes de finalizar el primer período de la legislatura 2021-2022. “No es solamente este gobierno que adquirió el compromiso de la ratificación, es el Estado colombiano el que se encuentra en la obligación de honrar la obligación suscrita internacionalmente. Es momento de fortalecer nuestra democracia ambiental, de garantizar la vida y labor de los defensores ambientales”, agregaron en la carta, recordando que Colombia es uno de los países con más conflictos socioambientales y uno de los lugares más peligrosos para los defensores del ecosistema.
(Lea también: Las “jugaditas” que hundieron el Acuerdo de Escazú)
Desde el 4 de marzo de 2018, América Latina y el Caribe adoptaron este acuerdo para el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Se fundamenta en el artículo 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, siendo una herramienta en materia de protección jurídica del medio ambiente y un tratado de derechos humanos.
