:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/fuuwC_71P4pcvXMu54VNHJAdsmE=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/4AKBPKVCFVGCFA2IW6WDKE7JIY.jpg)
Víctimas, líderes sociales y defensores de derechos humanos provenientes de Antioquia y Chocó llegaron ayer jueves a la Plaza de Bolívar, en Bogotá, con la intención de exigir al Congreso la aprobación de las Circunscripciones Especiales de Paz previstas en el acuerdo entre el Gobierno y las Farc para garantizar la participación y representación política en el Congreso de las víctimas del conflicto.
Se trata de la creación de 16 curules en la Cámara de Representantes, tema que está en medio de un debate político y jurídico debido a que durante la discusión en el Senado solo tuvo 50 votos a favor.
(Lea aquí: Una novela llamada curules de paz).
La oposición dice que eso no es ni la mitad del quórum, porque el Senado tiene 102 integrantes. El gobierno cree que sí tuvo la mayoría, porque a los 102 integrantes le descuenta tres que están presos.
Las víctimas llegaron, pues, a Bogotá con el objetivo de pedir un “cumplimiento real y efectivo del acuerdo de La Habana (Cuba), donde realmente las víctimas estemos en el centro ”.
Para hacer estas exigencias, los líderes, provenientes en su mayoría de municipios como El Bagre (Antioquia) y de Riosucio y algunas zonas del Urabá chocoano, llegaron con cartones en forma de ataúd y marcados con cruces, con pancartas en las que se leían frases como: “Que la paz no nos cueste la vida”. Como acto simbólico se encadenaron frente al Congreso de la República.
Pero su protesta va mucho más allá, pues es una manifestación contra el constante asesinato de líderes sociales, cuya sistematicidad ha sido negada por el Gobierno.
Yolanda Perea, una mujer proveniente de Riosucio (Chocó) y una de las organizadoras del encuentro de líderes, explicó a El Espectador que son tres las exigencias: que se aprueben las 16 circunscripciones para las víctimas, que ellas sean en efecto el centro del acuerdo -y que eso no sea solo parte del discurso oficial- y que el Gobierno dé soluciones concretas a los asesinatos y amenazas en contra de los líderes sociales. “Nos están matando sistemáticamente y el Gobierno se está lavando las manos.”, dijo la líder, quien también fue víctima de las Farc.
(También: Asesinan a líder campesino en Patía, Cauca).
Sobre las circunscripciones, Perea criticó duramente la indiferencia y estigmatización causada por algunos congresistas, que han llegado, incluso a decir que esas curules no serán para las víctimas, sino para el partido creado por la exguerrilla: la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc). “Los senadores que han dicho que nosotros éramos cocaleros y guerrilleros, lo que hicieron fue colocarnos más en el ojo del huracán. Este país cada vez está peor, no estamos avanzando”.
Pensamiento también compartido por Julio César León Correa, un líder de restitución de tierras del Urabá, quien dice que el temor se ha apoderado de muchos de ellos, pues sienten que los han convertido en “objetivo militar y la orden es que a los líderes hay que darles plomo”. Por eso la importancia de las circunscripciones, porque “es momento de que las víctimas tengamos la oportunidad de legislar y tener participación en el Congreso”.
Anaidalyt Delgado Lezama, proviene de El Bagre (Bajo Cauca Antioqueño), es víctima de desplazamiento por culpa del Frente 35 de las Farc y ha participado en las mesas de víctimas de Medellín y Antioquia. Delgado cree que declaraciones como las del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien aseguró que los asesinatos son por “líos de faldas”, no hacen sino dificultar su trabajo, pues “están anulando a las víctimas, con eso de que son para las Farc, ¿entonces las víctimas somos guerrilleros?”.
Más allá de los reclamos de las víctimas, lo cierto es que las cifras de ataques contra defensores de derechos humanos siguen en aumento y preocupan incluso a organismos internacionales que han llamado la atención sobre los señalamientos y hostigamientos de los que son víctimas los líderes sociales.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por ejemplo, aseguró que algunos funcionarios públicos han estigmatizado la labor de los líderes sociales y que incluso han obstaculizado su trabajo.
La Onu también hizo referencia a las declaraciones hechas por el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en el sentido de que los asesinatos de defensores y líderes sociales en el país son en su mayoría debido a líos de faldas, peleas con vecinos y rentas ilícitas. Para el organismo, se trata de afirmaciones muy peligrosas "ya que parecen querer justificar asesinatos que en ningún caso son justificables".
Y aunque el Gobierno ha insistido en que los asesinatos de líderes sociales no son sistemáticos, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, admitió esta semana que sí existe cierto grado de sistematicidad. "Hay un origen multicausal, pero estamos identificando ya unos fenómenos que son preocupantes desde el punto de vista de eventual presencia de reductos de (los paramilitares) Autodefensas que estarían actuando con algún grado de sistematicidad en algunas regiones del país", dijo Martínez.
Incluso el presidente Santos anunció la puesta en marcha de un nuevo esquema para detener el asesinato de líderes en las regiones. Se trata de una iniciativa que contempla el reforzamiento de las alertas tempranas y la activación del "Plan Orus", que permitirá brindar seguridad en 67 municipios y 595 caseríos en donde hacían presencia las Farc.