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A través de una carta dirigida a funcionarios del gobierno de Estados Unidos, entre ellos el presidente Joe Biden, así como a congresistas de ese país, varias organizaciones de derechos humanos e instituciones académicas colombianas instaron a que el país norteamericano condene el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades en el marco del paro nacional.
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La misiva está firmada por organizaciones como Dejusticia, el Congreso de los Pueblos, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo (PCDHDD), entre otras, sumado de decenas de personas de la sociedad civil.
En dicha carta, se le pide a Biden y al congreso estadounidense que exijan al gobierno de Iván Duque una reforma a la Policía Nacional, así como que detenga “el accionar criminal” del Esmad e investigue y sancione a todos los responsables de violaciones de derechos humanos. Lo anterior, en el marco del paro nacional y las denuncias de abuso de la fuerza por parte de las autoridades colombianas.
“Hacemos un llamado a la administración del presidente Biden, al Departamento de Estado y al Honorable Congreso de los Estados Unidos a exigir que se apliquen protecciones de derechos humanos más fuertes para la asistencia que el gobierno norteamericano da a las Fuerzas Armadas. La Policía en particular no debería recibir ninguna asistencia, ya que tiene un indignante registro de violaciones de derechos humanos cometidas en impunidad”, reclamaron las organizaciones.
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Por otro lado, se pide al gobierno de Estados Unidos examinar cuidadosamente si la asistencia a las Fuerzas Armadas de Colombia es una violación de la ley Leahy, que prohíbe que la asistencia estadounidense se canalice a fuerzas de seguridad que estén implicadas en la violación de derechos humanos.
Finalmente, piden que la venta de material de control de multitudes sea suspendida “hasta que haya evidencia de una adherencia estricta de protocolos de descenso de conflictos y el uso apropiado de fuerzas letales y no letales”.
En la misiva, las organizaciones recuerdan también que desde el 28 de abril, miles de personas se han manifestado por toda Colombia, en ejercicio del derecho a la protesta. Sin embargo, reclaman que el gobierno de Iván Duque, en lugar de canalizar los reclamos y el malestar de la población a través de un diálogo fructífero y políticas públicas, “optó por ejercer una violencia inaceptable contra la población, perpetrada por miembros de la Policía y el Ejército Nacional”.
Advierten también que hay fuerte evidencia de que al menos 39 personas han sido asesinadas, cientos de casos de desaparición forzada que están en verificación, cientos que han sido heridas, y existen decenas de testimonios de primera mano de víctimas de tortura, violencia sexual y violencia basada en género.
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“Un caso particularmente trágico es el de una menor que denunció en su página de Facebook que había sido detenida y abusada sexualmente por la Policía, cometiendo suicidio el día que fue dejada en libertad. También hay evidencia de brutalidad policial cometida contra la prensa y periodistas cubriendo las protestas”, explican.
Adicionalmente, recuerdan que funcionarios del Estado, así como destacadas figuras políticas del partido de gobierno (Centro Democrático), han usado palabras hostiles, en muchos casos implicando a los protestantes como miembros de la guerrilla, estigmatizando el ejercicio de la protesta y creando un clima que “justifica” el tratamiento de los protestantes como objetivos militares legítimos.
“En una ocasión, el alcalde de Pereira llamó a los miembros de la seguridad privada a recuperar el orden. El día siguiente, Lucas Villa, un instructor de yoga conocido por bailar durante las manifestaciones, fue abaleado 8 veces desde un carro”, precisaron.
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Por último, alegaron que la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha llamado a las fuerzas policiales a cumplir con los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad en la vigilancia policial de las protestas. A ello se suma que expertos independientes de Naciones Unidas, junto a dos Relatores de Derechos Humanos de la OEA, manifestaron públicamente al gobierno su preocupación por la militarización de ciudades y llamaron a las autoridades a que conduzcan una investigación exhaustiva, pronta, efectiva, imparcial e independiente.