20 May 2021 - 11:21 p. m.

Paro Nacional: ministro de Defensa también deberá enfrentar una moción de censura en el Senado

El próximo lunes 24 de mayo Diego Molano acudirá al Senado para responder por el “tratamiento de guerra que le ha dado a la movilización social”. Un día después, el martes, la cita será en la Cámara por excesos de la Fuerza Pública y la implementación de la asistencia militar.

Si bien apenas el martes se confirmaba que el próximo martes 25 de mayo la Cámara de Representantes realizará un debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano –por aparente uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades durante el paro nacional–, este jueves se conoció que un día antes, es decir el lunes 24 de mayo, el funcionario también deberá asistir a otra moción de censura, pero en el Senado de la República.

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La cita, según confirmó la mesa directiva del Senado, será a partir de las 2:00 de la tarde, tanto en el recinto de la cámara alta como a través de la plataforma Zoom. La iniciativa, argumentaron un grupo de congresistas, busca discutir “el tratamiento de guerra que se le ha dado a la movilización social, y la situación de orden público” que enfrenta el país en el marco del Paro Nacional.

En el caso de la Cámara de Representantes, sumado a los aparentes excesos, el funcionario del gobierno de Iván Duque deberá responder en plenaria por la implementación la asistencia militar “sin el lleno de requisitos en las manifestaciones de los últimos días, hechos que podrían generar consecuencias que comprometan sus funciones como ministro”.

La solicitud del debate de moción de censura contra Molano en el Senado fue radicada el pasado 4 de mayo en medio de las denuncias de excesos y abuso en el uso de la fuerza por parte de la Policía en el marco del Paro Nacional.

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Entre las motivaciones, los parlamentarios recuerdan que, a raíz de la fallida reforma tributaria que tuvo que retirar el gobierno de Iván Duque en el Congreso, se convocó a una jornada de paro desde el pasado miércoles 28 de abril. Todo ello, en un contexto de insatisfacción general por el mal manejo gubernamental de la pandemia, el incremento de la pobreza, el desempleo y, en general, el deterioro de las condiciones de salubridad y vida de la población.

“Desde el mismo momento de la convocatoria, autoridades gubernamentales intentaron disuadir a la ciudadanía a través de discursos estigmatizantes para no realizar las manifestaciones convocadas”, explicaron, señalando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por cuenta de la emergencia sanitaria desatada por el COVID-19, ha recordado la obligación estatal de respetar los derechos humanos.

Adicionalmente, siguiendo con los pronunciamientos de la Comisión, señalaron que los Estados están llamados a velar porque el uso de la fuerza se ajuste a los principios de absoluta necesidad, proporcionalidad y precaución. “Pese a lo anterior, la situación de derechos humanos en el marco de las protestas sociales que se han presentado en el país se ha caracterizado por un uso excesivo, desproporcionado y arbitrario de la fuerza por parte de agentes estatales, que ha derivado en una crítica situación no vista desde hace décadas en Colombia”.

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Para los congresistas, las detenciones se han caracterizado por violar todas las normas nacionales e internacionales en materia de privación de la libertad, teniendo en cuenta, entre otras, que muchas de ellas se han efectuado “sin que exista motivo legal para proceder con la detención”, y de otra parte, no se han cumplido “los procedimientos establecidos, particularmente el deber de presentar de manera inmediata a los detenidos o conducidos ante las autoridades judiciales competentes”.

Por otra parte, llamaron la atención porque se ha evidenciado en algunas ciudades, como Cali, Bogotá, Santander y Medellín, cortes eléctricos, “situación que habría sido aprovechada por el ESMAD y la Policía para agredir, vulnerar, perseguir y capturar arbitrariamente a todos los ciudadanos que se encuentran fuera de sus casas. Incluso aprovechan para hacer uso de armas de fuego, situación que ha resultado en homicidios cuyos móviles aún no se han esclarecido”.

Para los congresistas, todos estos hechos fueron de conocimiento inmediato del ministro de Defensa, quien ha presidido los Puestos de Mando Unificado, lugar en el cual se visibiliza la totalidad del sistema de seguridad y cámaras del país. “Desde ese lugar, el ministro tuvo conocimiento del uso desmedido de armas de fuego y no adoptó ni emitió orden que alentara a los agentes de policía a cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, pudiendo así evitar la tragedia a la que nos estamos enfrentando desde hace seis días”.

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Según los parlamentarios, el uso de armas de fuego y el uso indebido de armas potencialmente letales para contener escenarios de protesta social no ha conducido a la debida investigación de los casos sobre abuso policial, ni el retiro de los cargos de los altos mandos responsables y la correspondiente sanción de estas conductas. Por el contrario, alegan, el posicionamiento oficial de que las acciones efectivas de la Policía permitían “reducir el vandalismo” creó un manto de impunidad y legitimidad de estas acciones.

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