Política y justicia, una compleja relación

Para analistas, sí hay decisiones desde organismos como la Fiscalía que se pueden leer como políticas. / Jorge Londoño

Foto: JORGE LONDOÑO

A comienzos de abril, la Fiscalía fue tema recurrente debido a dos hechos con claras implicaciones políticas. La primera fue el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. En esa primera semana se entraría a resolver la solicitud de preclusión del caso por parte del ente acusador, que no encontró méritos para seguir con la acusación. Por otro lado, hubo gran controversia debido a la imputación de cargos contra Sergio Fajardo por presuntas irregularidades en la adquisición de un crédito cuando era gobernador de Antioquia. La determinación llegó en momentos en los que la justa presidencial de 2022 está calentando motores y definiendo aspirantes.

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Ambos hechos volvieron a abrir el debate sobre la supuesta politización de la justicia en el país. En cuanto al caso Uribe, ha estado marcado desde el comienzo por esa sombra. Cuando el proceso estaba en la Corte, el uribismo argumentaba un intento por sacar al exmandatario de la arena política. Ahora que está en la Fiscalía, los señalamientos vienen de sectores de oposición que consideran que el ente acusador ha favorecido al líder del Centro Democrático y busca que el proceso no prospere. Por el lado de Fajardo, las críticas han venido por el momento del anuncio y los argumentos para la imputación. Unos sectores vieron la acción como un intento por sacarlo de la contienda presidencial, mientras que otros consideraron que la imputación lo favorecería.

La politización de la justicia ha sido un tema recurrente. Varios titulares de prensa dan muestra de ello. Sin embargo, en este momento, el debate se ha hecho más notorio y se ha entremezclado con la polarización que está viviendo el país. No ha contribuido a la situación que algunos de los principales personajes políticos de la vida nacional —Uribe, Gustavo Petro y, ahora último, Fajardo— han sido mencionados o salpicados en algún proceso de índole judicial. Ante un panorama tan confuso, es preciso recurrir a voces de distintos sectores relacionados con la justicia y el mundo político para tener una visión más clara de esa supuesta politización y las razones por las que se percibe así.

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Para la activista y politóloga Daniela Sierra, es claro que en el país sí se puede hablar de una politización de la justicia, sobre todo del ente acusador. “La Fiscalía abandonó la acción institucional de la política criminal para convertirse en una institución de sicariato político”, comentó Sierra, que no le achaca esta condición solo a la actual administración de Francisco Barbosa, sino que, para ella, se remonta a la época de Néstor Humberto Martínez. Para ejemplificar este tema, habló de supuestas “chuzadas” a los vinculados al proceso de paz y a quienes podrían ser contendientes contra el entonces vicepresidente Germán Vargas Lleras. Sobre este último punto, usó la experiencia propia debido a su cercanía al exgobernador Camilo Romero, quien, en su opinión, fue un blanco político de la Fiscalía: “Como les queda difícil matarlos, pues los matan políticamente”.

Desde el ámbito del litigio, la voz la tiene el abogado penalista Francisco Bernate, para quien la politización de la justicia pasa principalmente por el filtro de la polarización que hace “que de cualquier cosa se termina haciendo una lectura política”. Por ejemplo, menciona el caso Uribe, en el que, en su consideración, las instancias que lo han conocido, Corte Suprema y Fiscalía, solo han expresado dos visiones distintas de un mismo proceso. Sin embargo, comentó el abogado, estas posiciones han sido interpretadas por un bando y otro como una señal de la supuesta politización de las instancias que han llevado el proceso, cuando hasta el momento no hay indicios de esto.

Por otro lado, Bernate aceptó que sí hay decisiones del ente acusador que se pueden leer como políticas. Entre estas se podrían enumerar la medida de aseguramiento en contra del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, y la anunciada imputación contra Fajardo. Según este, los argumentos en ambos casos pueden llegar a tener errores y las dudas se hacen más grandes si se ve que el fiscal Barbosa fue muy cercano al presidente Iván Duque durante su campaña. No obstante, también señaló que este fenómeno venía desde antes: “La participación en política del fiscal [Luis Eduardo] Montealegre fue activa tomando partido por la JEP y el proceso de paz. Nunca hubo politización más grande desde la Fiscalía”.

La visión de Luis Guillermo Guerrero, expresidente de la Corte Constitucional, comparte algunos puntos con el litigante, pues expresó que el problema comienza en que “está muy judicializado el tema político”. Y es que, en su concepto, la vinculación de un sector paramilitar y la guerrilla con la política “marcó una época judicial intensa”. Añadió que en el ordenamiento colombiano hay una incidencia muy alta de investigaciones judiciales de actividades políticas. Para esta tesis usó el ejemplo de la celebración indebida de contratos, que es un tipo criminal de compleja caracterización: “Son cosas muy difíciles de llevar al ámbito penal”.

Este ejemplo sirvió para dar introducción a la imputación contra Fajardo, de la que dijo que hasta el momento no hay claridad, debido a que cuando hay participación de políticos en acciones judiciales hay dos posibles escenarios. El primero pasa por un tema de percepción de politización, debido a que simplemente se descalifica la acción por ir dirigida a una persona políticamente relevante: “Dicen que es persecución porque puede que sea inoportuna para el momento, aunque la acción sea correcta”. Por otro lado, Guerrero también dijo que hay casos en que la acción judicial tiene fundamentos precarios y terminan impactando políticamente. “Las decisiones judiciales se deben soportar en sí mismas, se defienden solas en los hechos fácticos”, concluyó el exmagistrado.

En este tema también participó Hernando Herrera, cabeza de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), quien comentó que este es un fenómeno menor en las altas Cortes desde que se dejó “el clientelismo descarado de los Ricaurtes, Bustos y Malos —todos procesados por el cartel de la toga—”. Y recalcó que parte de la sensación de politización pasa porque al procesar a un político hay controversia asegurada, “ya que tienen adeptos y contradictores que van a opinar sobre lo que se decida”. La solución, dijo, pasa por una mayor rigurosidad en las actuaciones, “porque, al involucrar a personas con apoyo electoral, el juicio pasa a ser más trascendente en otros casos”.

No obstante, Herrera aseguró que se han dado actuaciones con políticos por parte de la Fiscalía en las que han tenido que llamar la atención, como en los casos del gobernador Gaviria o Judith Pinedo, exalcaldesa de Cartagena. Y agregó que hay fiscales a los que se les podría achacar más politización que a otros. Sin embargo, “el sistema penal acusatorio tiene la autonomía, por lo que es difícil que un fiscal general se involucre. se tiene un sistema de pesos y contrapesos, y así se quisiera hacer política, se puede hacer la verificación y contrapeso de los actos de los fiscales”. Y concluyó: “Desde ese punto de vista se puede decir que el sistema se encarga de autorregular cualquier vicio”.