¿Por qué el magistrado Novoa se opuso a archivar investigación contra Zuluaga?

Armando Novoa, magistrado del CNE. / Cortesía

La campaña electoral de 2018 no deja de generar discusiones. Cada día se habla de la reforma política, la participación de las Farc en los próximos comicios, la gran cantidad de aspirantes por firmas y sobre quiénes serán los candidatos definitivos de los principales partidos del país. Un debate que se ve azuzado no solo por las cada vez más próximas elecciones, sino por los hechos recientes que lo avivan.

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Es el caso de la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral de archivar la investigación contra el excandidato presidencial por el Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga, por la supuesta financiación de Odebrecht a la campaña. El 24 de octubre, la corporación anunció que, por seis votos contra dos, había decidido archivar el caso. El noveno magistrado (Novoa) fue excluido de ese asunto desde febrero. 

Según el órgano electoral, la decisión se tomó, porque “el señalamiento de una responsabilidad debe provenir de la certeza del hecho y su nexo causal con el sujeto. No puede provenir de supuestos o deducciones que no acarrean sino a la violación al debido proceso y conculcad la presunción de incidencia, razones que conducen a esta corporación a no acoger las conclusiones planteadas por el agente del Ministerio Público”.

Aunque la decisión del CNE fue aplaudida por los copartidarios del Centro Democrático de Óscar Iván Zuluaga, como el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, hubo otras voces críticas con el actuar del Consejo Electoral. Es el caso del magistrado de esta corporación Armando Novoa, quien reprochó a través de un comunicado la decisión del CNE.

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El Espectador habló con Novoa respecto a la reciente decisión del CNE, de la que dijo que es “deplorable” y que se tomó para “proteger la campaña de Zuluaga”. El magistrado también mencionó la ponencia sobre la personería jurídica del partido de las Farc, filtrada a los medios este martes, y sobre la que dijo que no opinaría pues podrían “separarme incluso de la sustentación del proyecto” y del salvamento de votos que hizo hace unos días frente a la campaña presidencial del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

¿Por qué criticó la decisión del CNE de archivar la investigación contra Óscar Iván Zuluaga?

Me parece que es lamentable y que es una afrenta contra la sociedad colombiana la forma en la que decidieron archivar la investigación. No hubo publicidad en las actuaciones del consejo, no se tuvieron en cuenta las pruebas que la Fiscalía y la Procuraduría enviaron y no hubo un esquema de trabajo adecuado del CNE para adelantar las investigaciones. Eso llevó a que las decisiones se tomaran de forma improvisada, sin un análisis probatorio adecuado, con el fin de, en la práctica, proteger la campaña de Óscar Iván Zuluaga de la aplicación de la ley y no al revés: aplicar la ley de forma rigurosa, como era la obligación del Consejo Electoral.

¿Entonces fue arbitraria la decisión?

Claro. La decisión tomada a partir del formalismo de señalar que no hubo una plena prueba de que el candidato hubiera recibido dinero de Odebrecht y que había que exonerarlo de toda responsabilidad, no corresponde con la realidad probatoria que hay dentro del expediente.

Está probado que fueron a Brasil, que Daniel García hizo el contacto con Odebrecht y que, después por arte de magia, aparece Odebrecht haciendo consignaciones a las cuentas de las que era propietario Duda Mendonça en Panamá. Todo eso está dentro del expediente, según lo han informado los mismos medios de comunicación. El Consejo Electoral tomó una decisión deplorable. Tomó la decisión que más favorecía al candidato.

Aun así, la ponencia dice que no hay suficientes pruebas contra la campaña de Zuluaga…

En el comunicado explico por qué en delitos complejos provenientes de aparatos organizados de poder, esa prueba reina de encontrar a una persona recibiendo dinero de otra, es una prueba imposible. El delito se configura sobre una estructura de ocultamiento y de poner por fuera del alcance de las autoridades nacionales la posibilidad de las investigaciones.

Aquí estábamos en una investigación de naturaleza electoral y quien comete una infracción de financiación a las campañas, incurre en una infracción grave contra la democracia, contra el principio de representación y contra el sufragio del elector. Por eso el Consejo Nacional Electoral tenía que ser riguroso en la ponderación del debido proceso con las pruebas que se encontraban en el expediente.

Al final de su comunicado dice que existe “la necesidad de una reforma integral que permita contar con un órgano de control y garantías electorales imparciales”, ¿qué cambios necesita el CNE?

Yo creo que hay que suprimir el origen partidista en el Consejo Nacional Electoral. No puede ser que los partidos que eligen a los miembros del CNE, sean objeto de controles imparciales por quienes ellos mismos han elegido. Eso es como poner al ratón a cuidar al queso, porque el consejo con la estructura actual se convierte en una prolongación de las mayorías del Congreso en el órgano de control electoral. Eso lleva a que no sea un instrumento independiente de investigación, sino un instrumento al servicio de los partidos mayoritarios para evitar que los investiguen. Es exactamente lo contrario a lo que establece la Constitución del 91.

Ayer Rodrigo Lara pidió que no se permita el ingreso de los miembros de las Farc al Congreso, ¿no dificultaría eso su participación en política?

En el acto legislativo 1 de 2017 el ministro de Interior (Guillermo Rivera) ha dicho que en una de sus normas se establece que los miembros de las Farc deben hacer un compromiso de acogerse a lo que establece la Justicia Especial de Paz, pero entre tanto, gozan de las garantías establecidas en los acuerdos suscritos. Me atengo a esas palabras del ministro y no puedo ir más allá, porque podrían asociarlo con la discusión que tenemos alrededor del reconocimiento de la personería jurídica.

¿Por qué Germán Vargas Lleras podrían estar incurriendo en doble militancia?

Lo que digo en el salvamento de voto es que cuando una persona es postulada por un grupo significativo de ciudadanos a través de firmas, debe existir certeza de que esa persona no es miembro activo de un partido político con personería jurídica o, incluso, de sus instancias de dirección.

La Constitución hace incompatible que usted sea, al tiempo, candidato de un partido y de un grupo significativo de ciudadanos; pueden hacer un acuerdo para apoyar un candidato, pero no pueden hacer que el candidato tenga la doble condición de ser el vocero del grupo significativo de ciudadanos y, a la vez, sea candidato de un partido. Esos dos conceptos son excluyentes para efecto de la inscripción de la candidatura. Ahí podría estar incurriéndose en una defraudación a una expectativa ciudadana, porque quien da su firma, aspira a que esa persona lidere un movimiento ciudadano, no que lidere un partido político con personería jurídica.

¿Esas afirmaciones se sostienen en el hecho de que funcionarios públicos estarían siendo forzados a recolectar firmas para la candidatura de Vargas Lleras?

Eso tendría que ser objeto de investigación por parte del Consejo Nacional Electoral y del Ministerio Público, a través de la Procuraduría. Si hay un constreñimiento a los funcionarios públicos para obligarlos a hacer algo a lo cual no están obligados, tienen qué actuar las autoridades de control, en forma disciplinaria y, al momento en el que se entreguen las firmas, el Consejo podría verificar el procedimiento utilizado para recolectarlas.